HRW señaló que las autoridades venezolanas han desempeñado un acoso a organizaciones sociales que realizan labores humanitarias en Venezuela
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes 21 de diciembre la persecución y el acoso del gobierno de Nicolás Maduro hacia organizaciones que desempeñan labores humanitarias en Venezuela.
«Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas», alertó José Manuel Vivanco, director de HRW para las Américas.
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En opinión de Vivanco, al gobierno de Maduro le «interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo».
Agregó que al «bloquear el trabajo de las ONG los niños pasan hambre y los pacientes con covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado».
En este contexto, llamó a la comunidad internacional a «instar categórica y urgentemente» a las autoridades venezolanas a permitir la labor de las organizaciones humanitarias.
Acciones arbitrarias
La ONG recordó que el 23 de noviembre, la Fiscalía dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de Alimenta la Solidaridad.
Asimismo, el 24 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanaron la antigua sede de Alimenta la Solidaridad.
Los agentes no mostraron ninguna orden, y al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la ONG.
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El 15 de diciembre, efectivos de la Fuerza de Acción Especial (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite. Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas.
También trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de la FAES para interrogarlos.
Bloqueo de cuentas
El 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) exigió que los bancos realizaran «un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales».
Esto, según la Sudeban, con la finalidad de identificar a quiénes envían y reciben fondos de esas organizaciones.
Alimenta la Solidaridad denunció que Sudeban también ordenó congelar sus cuentas bancarias. Además, impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.
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La entidad del sistema bancario también limitó el uso de las tarjetas prepago en dólares estadounidenses.
Para HRW, «esta medida limita aún más a la capacidad de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de conservar su personal y realizar sus actividades».
El diputado y representante del oficialismo, Diosdado Cabello, anunció que la nueva Asamblea Nacional adoptará una ley para regular la posibilidad de que las organizaciones obtengan fondos internacionales en el año 2021.
«Las autoridades bancarias están imponiendo restricciones que limitan la capacidad de los grupos de la sociedad civil para operar en el país, y el gobierno no ha proporcionado a los principales organismos de ayuda humanitaria permisos para que el personal internacional pueda entrar en el país”, agregó el texto.