La migración forzada por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela es tan profunda que se ha mantenido a pesar de los riesgos que implica la COVID-19 y el consecuente cierre de fronteras. Huir con la pandemia a cuestas implica, en algunos casos, volver a huir pero de retorno o escapar de nuevo hacia un país que ofrezca mejores condiciones de vida
Reporte Especial Proiuris
Alicia Pepe / Anggy Polanco / Jackelin Díaz
La pandemia por la COVID-19 no ha detenido la huida de venezolanos y venezolanas y el proceso migratorio se complicó aún más por el retorno de los que quedaron sin fuentes de ingreso, sin vivienda, sin comida… En algunos casos, en las mismas o peores condiciones que sufrían en Venezuela.
El cierre de las fronteras para evitar la propagación del nuevo coronavirus tampoco ha sido un obstáculo infranqueable. Diariamente, un promedio de 500 personas procedentes de Venezuela llegan hasta Colombia por trochas, advirtió la OEA.
Los que huyen y los que retornan en el contexto de la pandemia tendrían que afrontar dos obstáculos adicionales: el despliegue de los cuerpos de seguridad colombianos para impedir el tránsito por los pasos ilegales y, además, un incremento de las tarifas que imponen grupos del crimen organizado.
Antes de la pandemia
Antes de la pandemia, aproximadamente 60.000 personas venezolanas se movilizaban a diario desde hacia Colombia, a través de los cuatro puentes internacionales que existen entre Táchira y Norte de Santander.
Una parte correspondía a la llamada migración pendular: venezolanos que iban y venían a los municipios fronterizos de Colombia a trabajar o a adquirir comida, medicinas, ropa y calzado que escasean en Venezuela.
Sin embargo, lo distintivo del flujo migratorio sin precedentes en América Latina y el segundo más numerosos después del que tiene origen en Siria, es la huida por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, de manera que muchos cruzaban la frontera para no regresar más al país. Colombia era y es la principal puerta para el escape.
Los registros de Migración Colombia al 31 de diciembre de 2019 indican que ese país estaban 1.771.000 venezolanos y venezolanas, más de la mitad de los cuales estaban en situación migratoria irregular.
Una de las iniciativas del gobierno colombiano fue la implementación de los permisos de trabajo PEP y el PEPFF para continuar propiciando la integración laboral de los y las venezolanos y permitirle el acceso a la regularización migratoria.
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Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las principales ciudades de acogida de las personas refugiadas y migrantes venezolanas.
Tres de cada diez venezolanos y venezolanas trabajaban sin un contrato laboral antes de la pandemia, según el Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. La mayoría desempeñaba labores en restaurantes, bares, peluquerías, barberías, hoteles y actividades como domicilios, trabajo doméstico, transporte público y carga en plazas de mercado para llevar sustento a sus hogares.
Emergencia sobrevenida
Con las declaraciones de emergencia por la pandemia, tanto en Colombia como en Venezuela, se prohibió el tránsito entre ambos países. Pero no se detuvo el éxodo venezolano sino que se tornó más incierto y riesgoso.
Las personas refugiadas y migrantes venezolanas quedaron excluidos de los 33 decretos de medidas de emergencia ante la COVID-19, presentados por la Presidencia. Ninguna tenía un apartado de atención específicamente para casi los 2 millones que en ese momento residían en el país en marzo pasado.
En la frontera, la paralización de la Casa de Paso Divina Providencia complicó la situación de migrantes pendulares y con vocación de permanencia en el municipio Villa del Rosario, específicamente en La Parada, el corregimiento vecino del Puente Internacional Simón Bolívar, ya que este lugar proveía más de 500 porciones al día. También otros comedores comunitarios de la región tuvieron que cerrar.
Paulatinamente, los programas de atención de las entidades de cooperación internacional fueron cesando de manera temporal para cumplir con la cuarentena obligatoria y los nuevos protocolos de bioseguridad.
A finales de marzo el gobierno colombiano hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para incrementar los recursos destinados a apoyar los esfuerzos de Colombia en la atención integral de los y las migrantes provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida, especialmente en la superación de la emergencia causada por la COVID-19.
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En abril, el Ministerio de Salud diseñó una ruta de atención para migrantes con síntomas de COVID-19. Solicitó a todas las entidades del sistema de salud coordinar los planes, programas y servicios para garantizar la atención de migrantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad como lo son habitantes en calle, grupos étnicos fronterizos, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, adultos mayores y en situación migratoria irregular.
En mayo, se entregaron 200 mil mercados a migrantes en 40 municipios priorizados de Colombia. Dicha acción fue liderada por la Secretaría de Fronteras.
Desde que inició la pandemia, más de 3.000 solicitudes de asistencia humanitaria para acceder a alimentación y cubrir arriendo ha recibido la línea de atención y orientación de Estoy en la Frontera, una plataforma informativa creada por el Diario La Opinión de Cúcuta, de migrantes y refugiados que residen en Cúcuta, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y otras regiones.
Retorno forzado
Hasta noviembre, cerca de 113.000 venezolanos habían retornado a Venezuela desde Colombia, debido a que perdieron sus medios de vida para acceder a alimentos y pagar arriendos, lo que condujo a múltiples desalojos y creciente estigmatización por sus condiciones de vulnerabilidad.
En abril comenzó esta situación y algunas Alcaldías como la de Medellín, Ipiales, Cali, Bucaramanga, Girardot, Chía y Bogotá promovieron temporalmente el regreso voluntario con la activación de rutas de transporte para “ayudar” a quienes deseaban regresar a su país.
Esta situación creó un llamado de atención por parte de la Defensoría del Pueblo en Colombia, organismo que solicitó a varios alcaldes informar las medidas que han tomado para garantizar que la población migrante, o con necesidad de protección internacional, cuente con los mismos derechos que se le conceden a los colombianos tal cual lo establece la ley, así como evitar la propagación de hechos xenófobos en su territorio.
Uno de los más polémicos ha sido el de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien instó a Migración Colombia a ocuparse de los migrantes en Bogotá.
El alto flujo de retornados venezolanos complicó la situación en Norte de Santander. Gobierno colombiano y entidades de cooperación coordinaron la apertura temporal de un Centro de Atención Sanitaria en el Puente Tienditas para atender a las y los refugiados y migrantes que necesitaban volver a Venezuela y que por las restricciones de ingreso pautadas por el régimen venezolano, provocó situaciones de hacinamiento en el Puente Simón Bolívar, en plena pandemia.
Oprobio en los PASI
De lado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro creó los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI), teóricamente concebidos para optimizar el control epidemiológico ante el retorno de personas a Venezuela.
Sin embargo, los PASI degeneraron en establecimientos de reclusión con disciplina militar. Muchas personas relataron condiciones insalubres y maltratos, al extremo de que en algunos PASI se instalaron celdas de castigo, denominadas Tigrillos, como en las prisiones, donde sancionaban con brutales golpizas a todo el que se atreviera a incumplir el régimen castrense o a denunciar los atropellos.
Uno de los primeros PASI fue instalado en el Terminal de San Antonio y allí no había baños suficientes ni agua potable. Luego se extendieron a planteles educativos, donde encerraban a las personas y las obligaban a permanecer más de un mes, hasta tanto se expidieran los resultados de pruebas de despistaje de COVID que, en varias oportunidades, se extraviaron y prolongaban la reclusión.
El Poder Judicial venezolano se hizo eco de una estrategia de censura al divulgar medidas judiciales contra personas que habían difundido videos que mostraban las condiciones oprobiosas de algunos PASI.
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“El Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, extensión San Antonio, dictó medida privativa preventiva de libertad a Zuleima Mercedes Sánchez Bermúdez, así como a Jeison Gonzalo Robles Nieto y a Sergio Jesús Ángel, por la presunta comisión de los delitos de instigación al odio y resistencia a la autoridad, tipificados y sancionados en el ordenamiento legal venezolano. Según las primeras investigaciones, estas personas, mediante la creación y publicación de un video difundido por la red social Instagram, muestran un albergue destinado para las personas que apenas van llegando del exterior ubicado en Tienditas”, reseñó el Diario La Nación a mediados del mes de abril.
Muchas personas, entre ellos mujeres y niños, prefirieron correr los riesgos de devolverse a Venezuela por trochas para evitar ser recluidos en los PASI.
Huir por segunda vez, a pie y por trochas
Tan pronto se flexibilizaron las restricciones de tránsito a lo interno de Venezuela se reanudó el flujo de personas hacia Colombia, ahora por trochas, pues la frontera permanece cerrada, al menos hasta enero de 2021. Y se volvieron a ver los y las caminantes, como expresión de una segunda huida, tan o más desesperada que la primera.
Organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre los graves riesgos que afrontan los y las caminantes en el contexto de la pandemia: problemas de salud, violencia sexual, arrollamientos, robos y desapariciones.
En las encuestas de necesidades realizada por el grupo de R4V, del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), 54% de las y los refugiados y migrantes que retornaron a Venezuela durante la pandemia, regresarían a Colombia con 3 o más miembros de su familia en el 2021.
Ni la pandemia ni los mayores peligros que implica el paso por las trochas detienen a los que consideran que no tienen más que perder en Venezuela.
