Proiuris enumeró los principales desafíos en materia migratoria que tiene el Estado colombiano para el próximo año. entre ellos destacan: avanzar en la regularización migratoria general, en la atención integral en la ruta de los y las caminantes y en la integración productiva y económica de las personas refugiadas y migrantes
Reporte Especial Proiuris
Alicia Pepe
Más de 1.700.000 venezolanas y venezolanos residen actualmente en Colombia y la cifra, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aumentará en 2021 por la profundización de la emergencia humanitaria compleja que día a día expulsa a más de 500 personas de Venezuela.
La situación migratoria de casi un millón de nuevos habitantes sigue siendo irregular, lo que lleva a la informalidad en el ámbito laboral y a la imposibilidad de acceso al sistema de seguridad social. Trabajar en mecanismos de regularización es prioritario, y así lo ha ratificado Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en varias alocuciones.
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En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora este 18 de diciembre, Proiuris enumeró 10 desafíos que el estado colombiano debe afrontar en 2021:
1. Aprobar la Ley de Política Integral Migratoria
Luego del aval absoluto otorgado por el Senado, el proyecto de Ley de Política Integral Migratoria continúa en fase de revisión en el Congreso Colombiano. Su aprobación significaría propiciar una migración segura, ordenada y regular para los casi 2 millones de personas venezolanas que se encuentran en Colombia, así como beneficios y protección para más de 5 millones de colombianos y colombianas que se encuentran en el extranjero.
Esta normativa propiciaría el reconocimiento de la nacionalidad en casos de apatridia, fortalecería el derecho al refugio y permitiría un combate más efectivo contra delitos como trata de personas, trabajo forzado o tráfico ilícito de migrantes.
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También reconocería al país no solo como destino de migrantes que escapan de Venezuela, sino como punto de destino de empresas, inversionistas y trabajadores de diferentes niveles.
Además, agilizaría rutas de atención para las personas colombianas y aquellos que están retornando hacia su país de origen.
2. Implementar el Sistema Biométrico de Caracterización
El mecanismo de identificación biométrica fue anunciado por Migración Colombia a finales de junio de 2020 año. Permitiría identificar a todas las y los venezolanos que se encuentran en Colombia, tanto en condición migratoria regular como irregular, cuya cifra total es de 1.715.831 personas
Se implementaría en dos fases. Migración Colombia ha adelantado que la primera etapa es online y consiste en la recopilación de información a través de mecanismos de interfaz inteligentes. Posteriormente, vendrá una segunda fase en la que se hará una verificación y captación de información de la autoridad migratoria de forma presencial.
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Como lo ha declarado Juan Francisco Espinosa, director nacional de Migración Colombia, este proceso de identificación sería un mecanismo “más sólido, con más garantías y con mayor protección que les va a permitir un mayor ejercicio de sus derechos”.
El acceso al Sistema Biométrico de Caracterización será gratuito y el gobierno colombiano prevé comenzar a aplicarlo con aquellos y aquellas que están en condición migratoria regular; es decir, que tengan Permiso Especial de Permanencia (PEP), PEP RAMV, PEPFF o cédula de extranjería. Luego se emprendería la identificación de las otras 946.000 personas que se encuentran en situación migratoria irregular.
3. Oficializar el PEP Estudiantil
Desde finales del 2019 el Ministerio de Educación trabaja en un proyecto de decreto para la creación del Permiso Especial de Permanencia para el sector educación (PEP-E), también llamado PEP Estudiantil.
Se espera que a finales de 2020 o en enero del 2021, el Ministerio de Educación junto con Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República oficialicen este documento, que permitiría regularizar la condición migratoria de estudiantes matriculados en preescolar, básica y media, con la finalidad de facilitar el acceso, la trayectoria y la promoción en el sistema educativo colombiano. Además, los y las estudiantes acceder a otros servicios básicos y de protección social.
Actualmente, 363.126 niños, niñas y adolescentes venezolanos están matriculados en el Ministerio de Educación. De ellos, casi 310.000 no tienen un documento de identificación válido en Colombia, lo cual constituye 85% de la matrícula.
4. Destinar recursos para el sistema de salud
Entre 2017 y 2020 el gobierno colombiano destinó 7.000.000 de atenciones en salud para 815.000 migrantes, las cuales costaron 190.000.000 de dólares. La cifra fue revelada durante el conversatorio “Diálogos Movilidad Humana Segura”, por las autoridades de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería
La mayoría de estas atenciones se otorgan en las regiones de la frontera con Venezuela. 25% de las urgencias que atiende el Hospital Erasmo Meoz, en Cúcuta, corresponde a personas provenientes de Venezuela. En este contexto, el gobierno debe ajustar sus cuentas y propiciar canales para que la cooperación internacional sume recursos.
5. Despolitizar las acciones en materia de fronteras
La ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro ha complicado aún más de la dinámica de las poblaciones fronterizas de Colombia y Venezuela. Para algunos investigadores, el poder central tiende a desconocer las interacciones transfronterizas y traslada problemas interinstitucionales, con lo cual se reduce el margen de acción de las autoridades regionales y locales.
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La investigadora y docente de la Universidad Nacional, Socorro Ramírez, propone elaborar protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan el restablecimiento del tránsito de personas y la dinámica comercial por los puentes fronterizos.
Además, implementar acciones humanitarias transfronterizas que aborden temas sobre migración y refugio, ofrecer garantías de protección a las personas provenientes de Venezuela que huyen de la emergencia humanitaria compleja y evitar “regionalizar” los conflictos políticos y diplomáticos entre ambos países.
6. Atender la ruta de los y las caminantes
Un plan integral para atender el creciente fenómeno de huida a pie que emprenden a diario unas 500 venezolanas y venezolanos hacia Colombia y otros países de América del Sur, es otro de los desafíos que tendría el gobierno del presidente Iván Duque para el 2021.
La situación amerita convocar a la cooperación internacional, a los gobiernos locales de los municipios de tránsito y a la sociedad civil, para propiciar condiciones de respeto, protección y seguridad de las personas en condición de movilidad humana.
Es clave hacer frente a los múltiples riesgos que están enfrentando las y los migrantes y refugiados, como desaparición forzada, reclutamiento por parte de grupos armados, violencia sexual, problemas graves de salud como pulmonía y abortos espontáneos, entre otros.
7. Construir caminos de integración productiva y social
El gobierno colombiano debe avanzar en la construcción de una política de inclusión e integración productiva y social, para las personas colombianas que retornan con familias binacionales, como para las personas refugiadas y migrantes venezolanas que buscan mejores condiciones de vida.
El mercado laboral colombiano es hostil. La tasa de desempleo está por encima del 15% entre los colombianos y casi del 20% entre los migrantes, según el Banco de la República de Colombia.
Desarrollar un plan de contratación de plazas laborales de difícil colocación que puedan ser suplidas por las personas refugiadas y migrantes es la opción que proponen desde la Unión de Trabajadores Venezolanos y Colombo-Venezolanos (Utravenco).
8. Erradicar discursos de estigmatización y xenofobia
La pandemia ocasionada por la COVID-19 no solo ha puesto de relieve las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran miles de migrantes en Colombia, sino también discursos con tintes de xenofobia y estigmatización hacia personas que requieren protección. La narrativa oficial discriminatoria es particularmente grave cuando se trata de autoridades como los alcaldes y alcaldesas de Bogotá, Cali y Pamplona.
El reto del gobierno y la sociedad civil es encontrar puntos de encuentro que permitan diálogos propositivos y apartados de prejuicios, para erradicar la discriminación hacia las personas provenientes de Venezuela.
Es necesario generar campañas de sensibilización y seguir fortaleciendo iniciativas de comunicación asociadas a la integración de personas refugiadas y migrantes. Entre esas iniciativas destacan las de Somos Panas Colombia, El Derecho a no Obedecer, Unicef, Estoy en la Frontera, Tierra de Gracia y muchas más.
9. Facilitar procedimientos de regularización para familias mixtas
Una de las principales trabas que sufren los hijos de colombianos nacidos en Venezuela es acceder a su derecho de nacionalización. Las dificultades para acceder a una cita ante la Registraduría, así como obtener documentos legalizados y apostillados en Venezuela ha hecho que centenares de personas continúen en situación de irregularidad migratoria en Colombia y sin la posibilidad de acceder al sistema de seguridad social colombiano.
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Una situación similar la sufren los venezolanos y venezolanas cuyos hijos nacieron en Colombia: se les imposibilita acceder a una visa debido a los altos costos de los trámites y la exigencia de presentación del pasaporte venezolano.
Una de las tareas para los próximos meses sería reactivar el proceso de citas ante la Registraduría, lo que supondría contratación de más personal y diseñar estrategias de protección frente a las medidas de bioseguridad por el coronavirus.
10. Aprovechar flujo de remesas
Si bien el cierre de la frontera y el coronavirus provocó una disminución de envíos de dinero a familiares de venezolanos y venezolanas en Colombia, ese flujo podría representar oportunidades para el sistema bancario y pensional en Colombia.
El investigador Ronald Rodríguez plantea una opción: promover un plan de ahorro para los migrantes que cobran remesas en las zonas de frontera, que permita que dejen un pequeño porcentaje para guardar, que funcione como un sistema de pensión privado.
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No obstante, para ello es necesario trabajar en la inclusión financiera personas refugiadas y migrantes, quienes a pesar de gozar de una situación migratoria regular (con PEP o PEPFF), todavía tienen problemas para abrir una cuenta bancaria o adquirir servicios de telefonía y televisión.
Algunos Bancos como BBVA adelantan programas de inclusión financiera para fortalecer emprendimientos de personas refugiadas, migrantes y retornadas, así como permitir que accedan a servicios bancarios.
