No hay indicios de que la huida masiva de venezolanos y venezolanas se detendrá en 2021. La situación amerita una planificación a largo plazo que pasa por el reconocimiento estatal de las razones que obligan a los venezolanos y venezolanos a huir del país y, al menos, aplicar paliativos
Reporte Especial Proiuris
Jackelin Díaz
La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha causado el éxodo de más de 5,4 millones de personas. Tanto la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han advertido que la diáspora aumentará al mismo ritmo del deterioro de las condiciones de vida en el país.
Los países de América Latina acogen a la mayoría de los venezolanos y venezolanas que huyen. En Colombia hay 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador, 263.000, Argentina, 130.000 y Brasil, 168.000. México y los países del Caribe también albergan un gran número de personas venezolanas refugiadas y migrantes.
Muchos venezolanos y venezolanas llegan a los países de tránsito y destino en condiciones de pobreza extrema, que implican grandes desafíos para brindarles la atención que requieren.
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Los gobiernos de la región han establecido mecanismos para coordinar su respuesta y facilitar la inclusión legal, social y económica de los venezolanos y venezolanas, pero qué le corresponde hacer al Estado venezolano.
Para la abogada y profesora de la Universidad Metropolitana, Victoria Capriles, mientras el Estado no tome medidas para mejorar esta situación humanitaria, que constituye el origen de la huida masiva de venezolanos y venezolanas, el éxodo aumentará en 2021.
Garantizar el derecho a la identidad
“El Estado venezolano tiene la obligación de disminuir los riesgos asociados con la migración forzada y para ello debe garantizar el derecho a la identidad», indica Capriles.
«Muchos ciudadanos cruzan por caminos ilegales y se exponen a redes de tráfico de personas por no tener un pasaporte que les permita ingresar de manera legal a los países”, explica la experta.
En Venezuela el derecho a la identidad ha sido vulnerado en múltiples ocasiones durante la actual gestión gubernamental. Se trata de una consecuencia del deterioro institucional, cuyos efectos comenzaron a ser evidentes desde 2016, tal como lo reseña un análisis publicado por la Asociación Civil Acceso a la Justicia en 2018. Con la pandemia por la COVID-19 la situación ha empeorado.
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La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) también destacó, en uno de sus informes publicados en 2018, que padres y madres, desde el nacimiento de sus hijos, no tienen acceso oportuno a las instituciones de registro civil.
El estudio de Cecodap subraya un cálculo de recién nacidos afectados por la falta de planillas EV-25 en los centros de salud: por lo menos 27.540 bebés quedaron sin certificados de nacimiento solo en el Área Metropolitana de Caracas en 2018. La proyección en todo el país da un estimado de 271.850 niños y niñas afectados.
Cecodap también denunció las trabas para tramitar documentos de identificación y, particularmente, el pasaporte. Tales dificultades aumentan los riesgos de los niños y niñas que huyen de Venezuela, entre ellos la trata de personas.
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Los obstáculos para la obtención de un pasaporte y emprender una migración más ordenada, segura y regular han fomentado un mercado negro que involucra a las personas que se ven obligadas a salir del país a lidiar con la corrupción.
El Estado venezolano, insiste Capriles, debe garantizar el derecho a la identidad a los venezolanos y venezolanas que se ven obligados a huir del país y, en última instancia, lo hacen sin documentos.
Cesar la estigmatización contra los que huyen y contra los que retornan
La directora ejecutiva de la asociación civil Uniandes, Rosa Elena Acevedo, considera que las autoridades del Estado venezolano “no deben desviar su propia responsabilidad en el manejo de la respuesta, estigmatizando a las personas”.
La experta recuerda que muchos venezolanos y venezolanas han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o verbal, durante la huida o el retorno al país en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Según Acevedo, la discriminación es mayor en estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia. Explicó que los agresores consideran que los y las migrantes ponen en riesgo su salud de forma consciente y premeditada. Y, en segundo lugar, que llegan para “competir” por los pocos recursos o ayudas estatales disponibles, como cajas de alimentos o agua potable.
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Entre las primeras muestras de asedio contra las personas que retornaron a Venezuela destacan las expresiones del fiscal general designado Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y de la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
Mientras que Saab las calificó como un “karma”, Varela las llamó “fascistas”, “golpistas camuflados” y “frustrados de las guarimbas”. De ahí en más, decenas de declaraciones públicas de dirigentes del oficialismo han estado plagadas de improperios en torno a la huida masiva de venezolanos y de las personas que retornan de Venezuela.
No parecen casos aislados. El 10 de julio de 2020, Saab usó el término de “trocheros” para identificar a personas presuntamente relacionadas con el cobro de paso por trochas. Según el alto funcionario, serían acusados por tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir.
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Acevedo sostiene que la migración es un derecho y como tal debe ser reconocida, de modo que cualquier forma de discriminación implica una violación de derechos humanos.
“Creo que debe haber un compromiso por parte del Estado venezolanos y de los gobiernos de los países receptores para combatir este flagelo. Esto no solo le hace daño a los migrantes y refugiados venezolanos, sino que afecta a toda la población», agregó la directora de Uniandes.
“El Estado venezolano debe dejar de banalizar la migración. Es importante que se deje de lado el discurso que expone este proceso como algo frívolo que la gente está haciendo porque no tiene nada que hacer o porque se volvió una ‘moda’. Por eso, se debe fomentar el respeto a los migrantes y refugiados venezolanos que deciden irse a otro país”, enfatizó la experta.
Atender la situación de los y las caminantes
Huir a pie es una evidencia de desesperación extrema. Detrás de la huida masiva de venezolanos y venezolanas a pie, está la escasez de gasolina y el elevado costo del transporte público. Huir a pie implica ir ligero de equipaje: no porque se quiere, sino porque no se tiene nada que llevar.
Victoria Capriles y Rosa Elena Acevedo coinciden en que detrás de la huida masiva de venezolanos y venezolanas caminando, está la situación de precariedad en que sobrevive esta población; una pobreza insoportable que la empuja a asumir todo tipo de riesgos.
Para ambas especialistas la emergencia humanitaria porque el Estado no tiene capacidad de garantizar ni siquiera los derechos a la alimentación y a la salud de los venezolanos y venezolanas.
Sin embargo, urge que el Estado venezolano preste atención a los y las caminantes, pues generalmente son personas en situación de vulnerabilidad extrema.
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“La posición que deben optar las autoridades del gobierno debe ser garantizar que las personas que quieran migrar puedan hacerlo por los métodos convencionales y seguros. Incluso, en el tema de la movilidad entre los estados centrales y las regiones fronterizas, que exista un control para disminuir los riesgos en estas rutas”, comentó la directora general de Uniandes.
Por su parte, la abogada Victoria Capriles, añade que el Estado venezolano debe disminuir los riesgos de la migración forzada si cumple con su responsabilidad de que los medios de salida del país funcionen y puedan ser accesibles para toda la población.
“Las soluciones en un mundo ideal serían que se tomen medidas para atender la emergencia humanitaria compleja y que se les respete a los venezolanos su derecho a tener un pasaporte o un documento de identidad, lo cual, por supuesto, también les genera una complicación a la hora de tramitar un permiso especial de permanencia o de estadía en los países de destino”, agregó Capriles.
