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Tragedia de Güiria: Estado venezolano se lavó las manos y señala responsabilidades individuales

tragedia en Güiria

Tarek William Saab anunció este jueves que la cifra de cadáveres encontrados tras la tragedia de Güiria se elevó a 28. Además, que por este hecho dos personas fueron imputadas por la presunta comisión de tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir

Reporte Proiuris

Erick S. González

Para el Estado venezolano la tragedia de Güiria responde a «un accidente ocurrido en una ruta que ha sido habitual entre el estado Sucre y la República de Trinidad y Tobago».

Para las autoridades venezolanas, estas personas no estaban huyendo hacia la isla por la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, si no que «hay venezolanos que viven en Trinidad y Tobago y que han dejado familia en Venezuela, y trinitarios que viven acá y tienen sus familias allá. Por eso y la cercanía geográfica, se trata de una ruta muy demandada».

Estas fueron las declaraciones que emitió la mañana de este jueves 17 de diciembre el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Bordeando el tema de la migración forzada de venezolanas y venezolanos, anunció también que la cifra de cadáveres encontrados tras la tragedia de Güiria se había elevado a 28, de los cuales, 26 han sido identificados.

Añadió que en la tragedia de Güiria se identifican dos delitos de carácter transnacional, «por los que la República ha firmado documentos de cooperación común y emprender acciones conjuntas contra este flagelo».

Dos ciudadanos imputados

Para las autoridades venezolanas, su responsabilidad en garantizar la no repetición de los hechos radica en señalar responsabilidades individuales.

Por esta tragedia, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh, calificó como «una de las mayores pérdidas de vidas en el contexto de la huida masiva de venezolanos y venezolanas«, el Estado venezolano anunció la detención e imputación de dos personas.

Se trata, en primer lugar, de Luis Alí Martínez, dueño de la embarcación «Mis Recuerdos«, que zarpó hacia Trinidad y Tobago. Presuntamente, Martínez se dedica «a este tipo de traslados ilegales, por lo cual fue detenido en flagrancia».

«Sobre este ciudadano, debo mencionar que su accionar ilegal ha resultado en una tragedia familiar, pues en el naufragio perdió a dos de sus hijos, situación que nos conmueve como venezolanos», añadió el fiscal designado por la ANC.

Del mismo modo, fue aprehendido Luis Ramón López, propietario de la finca desde donde habría zarpado el peñero. Saab asegura que el hombre «tenía conocimiento de los hechos. Por esta razón, también fue aprehendido», dijo.

Detalló que ambos ciudadanos tienen antecedentes y condenas «por tráfico de drogas. El dueño de la finca tiene antecedentes también por porte ilícito de armas y hurto calificado», asegura.

Informó que están «en proceso de desarticular a la organización responsable de estos hechos, pues ya varios de sus integrantes están identificados y se les ha solicitado orden de aprehensión».

Las Fiscalías 66ª Nacional con Competencia Plena y 2ª de Sucre, identificaron «a otros integrantes de la banda», por lo que solicitaron orden de aprehensión.

Se trata de Héctor Luis Martínez; Diego Andrés Martínez Brazón; Neison Luis Martínez López, y Lisandro del Valle Planites Sánchez, «quienes se encuentran vinculados directamente al caso».

Pagaron 150 dólares para huir

De acuerdo con las declaraciones de Saab, las investigaciones arrojaron que cada una de las personas que zaparon en el peñero con dirección a Trinidad y Tobago, pagó 150 dólares americanos.

Señaló además que, «la organización responsable de los hechos», pretendió, en principio, engañar a los familiares de las víctimas, «haciéndoles creer que estas habían sido detenidas al llegar a Trinidad».

También puedes leer: Guardia Costera de Trinidad y Tobago sí interceptó una embarcación proveniente de Venezuela

«Se pudo evidenciar que el engaño del aprehendido -el dueño de la embarcación- fue para evitar que los familiares de las víctimas hicieran la denuncia».

«Se pudo evidenciar que el engaño del aprehendido -el dueño de la embarcación- fue para evitar que los familiares de las víctimas hicieran la denuncia».

GNB implicada

En sus declaraciones, Saab mencionó que Martínez, el dueño del bote «Mis Recuerdos», había sido detenido el 9 de diciembre por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando traía a varias personas desde Trinidad.

Los efectivos castrenses le habrían cobrado dinero en divisas -4.500 dólares estadounidenses- para no reportar la detención al Ministerio Público y se habrían quedado con un motor de su embarcación.

El fiscal general designado anunció que por este hecho se solicitó orden de aprehensión contra siete funcionarios de la Estación de Vigilancia Costera Güiria de la GNB.

Los supuestos implicados serían el capitán Eliud Betancourt Cova, comandante de la Estación de Vigilancia Costera Güiria; el sargento mayor de 3ª Leonel Bonillo Marcano, y la sargenta de 2ª Neomar Sifontes Guerra.

También fue solicitada la aprehensión de los sargentos primeros Brayan Chirino Velázquez y Darvel Zacarías Puesme. Además, de los sargentos segundos Mario Cortesía Ramos y Frannel Moreno Bolaños.

«A todos se les imputará el delito de extorsión agravada», concluyó Saab.

Incumplen compromisos

En otro orden de ideas, la organización Amnistía Internacional fijó posición respecto a la tragedia en Güiria y a través de un comunicado emitido este 16 de diciembre, denunció que las políticas de los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago “ponen vidas en peligro”.

Una de las investigadoras de Amnistía Internacional (AI) para el Caribe, Louise Tillotson, manifestó que las políticas del primer ministro trinitense, Keith Rowley, no apuntan al cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

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“Al mismo tiempo que no condenan las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en Venezuela, las autoridades de Trinidad y Tobago vienen dando prioridad a una respuesta centrada en proteger la seguridad nacional y la ‘protección de las fronteras’ en lugar de buscar formas de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos”, enfatizó Tilloston.

Según cálculos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Trinidad y Tobago hay casi 20.000 personas refugiadas y migrantes venezolanas que han huido de su país debido a la emergencia humanitaria compleja.

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