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Fiscalía y Defensoría rechazan denuncias de tortura contra militares presos

Denuncias de tortura

Quemaduras, electrocución y golpes en distintas partes del cuerpo suspensión con cadenas, desnudez forzada y amenazas de desmembramiento son algunos de los actos de tortura contra militares presos documentados por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos del gobierno interino

Reporte Proiuris

Erick S. González Caldea

Ni en la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo aceptan las denuncias de tortura que formulan los familiares de los militares detenidos arbitrariamente, bajo la excusa de que no son testigos presenciales del delito.

Así lo denunció la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de Venezuela durante una conferencia de prensa ofrecida este 10 de diciembre, en la cual se presentó el informe “La realidad silenciosa de los militares privados de libertad”.

“En varios casos documentados, los familiares de las víctimas aseguraron haber tenido la voluntad de denunciar, pero sus reclamos no fueron debidamente tramitados por los funcionarios del Ministerio Público y la Defensoría Pública, quienes en ciertas oportunidades alegaron que no recibirían «denuncias de terroristas”, señaló uno de los miembros del equipo del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos.

“En distintas ocasiones los organismos nacionales se han negado a recibir denuncias bajo el argumento de que, al no haber presenciado directamente  los actos de tortura, no se podía brindar una declaración”, añadió el ponente.

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La Comisión de Derechos Humanos del gobierno interino informó que, de los 22 casos de tortura documentados por el equipo, solo uno ha derivado en la investigación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad implicados.

Explicó que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) destacan como los principales victimarios.

La Comisión Presidencial también denunció que en las celdas de la policía militar es donde se comete la mayor cantidad de torturas y otros tratos crueles e inhumanos.

El comisionado de los derechos humanos del gobierno de Juan Guaidó, Humberto Prado, complementó que los militares detenidos son sometidos a múltiples vejaciones en los sitios de reclusión.

Explicó que en el informe que presentó la Comisión no se revelan las identidades de las víctimas ni de sus familiares denunciantes para protegerlas de represalias.

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“Entre las denuncias de tortura físicas y mentales infringidas a las víctimas, destacan la desnudez forzada, amenazas de desmembramiento o quemaduras, golpizas en distintas partes del cuerpo con objetos contundentes, electrocución en distintas partes del cuerpo, esposas excesivamente apretadas y suspensión con cadenas», denunciaron.

También se documentó asfixia por ahorcamiento, inmersión del rostro en tobos de agua y en bolsas plásticas (impregnadas de gas lacrimógeno), aislamiento, privación de agua y alimentos por tiempo prolongado, sometimiento a bajas temperaturas, además de prohibición de aseo durante días.

Huellas de las torturas

Prado afirmó que muchos de los militares bajo custodia de funcionarios del Sebin y de la Dgcim que han sido torturados, presentan daños irreversibles asociados con parálisis permanente en distintas partes del cuerpo o la pérdida de un sentido.

La Comisión Presidencial enumeró las principales afecciones como consecuencia de las torturas:

  1. Asimetría en la comisura de la boca
  2. Párpados caídos
  3. Dislocación de hombro
  4. Pérdida de visión permanente
  5. Pérdida de voz
  6. Trastornos depresivos severos que han derivado en múltiples intentos suicidas
  7. Infertilidad derivada de un aborto forzado
  8. Parálisis facial (también conocida como parálisis de Bell)
  9. Pérdida de sensibilidad en distintas partes del cuerpo, especialmente en manos
  10. Síndrome de dedo engatillado
  11. Cefalea
  12. Neumonía
  13. Desnutrición
  14. Hepatitis C
  15. Abscesos cutáneos
  16. Alopecia
  17. Artrosis
  18. Rinitis
  19. Gastritis
  20. Problemas en la columna
  21. Recrecimiento de próstata

A juicio del equipo de Prado, la diferencia entre las torturas cometidas durante la gestión del fallecido Hugo Chávez y las que se han cometido y se cometen durante el mandato de Maduro, es la sistematicidad y generalidad de los actos.

“Durante el gobierno de Chávez, las torturas eran estrictamente selectivas; solo para los señalados por el gobierno. Mientras que, durante la gestión de Maduro, la práctica es más arraigada y sistemática, y no solo se aplica a militares, sino también a estudiantes y cualquier otro detenido”, señaló la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en su informe.

Protección a las víctimas

Humberto Prado reveló que de las 22 víctimas documentadas por su equipo al menos tres declararon ser castigadas tras reunirse con oficiales de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o suministrar información a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.

“Existe la posibilidad de que el número total de afectados por colaborar con la ONU sea mayor; sin embargo, debido a la suspensión de visitas decretada desde el mes de marzo de 2020, con ocasión del COVID-19 y mantenida a la fecha, gran parte de los familiares no ha podido comunicarse con sus seres queridos, lo que impide recabar información actualizada al respecto”, dijo Prado.

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Para el Comisionado la situación es alarmante y «especialmente preocupante considerando el efecto disuasorio que ello produce en la apertura de investigaciones penales a nivel nacional en contra de los presuntos responsables”, señaló.

Prado solicitó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos que evalúen la posible aplicación de la jurisdicción universal contra los individuos presuntamente responsables de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Los organismos internaciones tienen que seguir alguna de las recomendaciones para tomar las declaraciones de las víctimas en el terreno. Se trata de la protección para las víctimas”, subrayó.

Prado anunció que enviará este nuevo informe a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a los miembros de la Misión de la ONU.

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Dependerá de las víctimas si se enviará lo documentado a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensuouda.

“Muchas de las víctimas tienen abogados privados, así que, para no enviar doble información, se les consultará si quieren que la Comisión también envíe sus denuncias de tortura a la CPI”, sostuvo.

El próximo lunes 14 de diciembre el comisionado presidencial Prado ofrecerá una conferencia de prensa para presentar un nuevo plan de acción para la protección de los derechos humanos en Venezuela.

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