La investigadora y directora de la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bellacarla Jirón Camacaro considera que para combatir la violencia obstétrica es imprescindible la educación con enfoque de género y énfasis en los derechos sexuales y reproductivos
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
En 2007, Venezuela fue el primer país en América Latina que incluyó en su legislación la violencia obstétrica como un delito. Según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, el personal de salud puede incurrir en violencia cuando se toma una decisión médica sin el consentimiento de la mujer, niña o adolescente.
La violencia obstétrica ha sido tipificada como una modalidad de violencia de género, que hace referencia a las conductas de acción u omisión que se derivan del proceso de atención del embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio en el ambiente hospitalario.
La violencia obstétrica incluye: el maltrato físico y verbal, la humillación, los procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), la falta de confidencialidad, el incumplimiento con la obtención del consentimiento informado, la negativa a administrar analgésicos, las violaciones flagrantes de la privacidad, el rechazo de la admisión en centros de salud y la retención de las mujeres y de los recién nacidos debido a su incapacidad de pago.
Además de estas formas de violación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamado frente al incremento injustificado de la cesárea a nivel mundial.
En Latinoamérica casi cuatro de cada diez partos (38,9%) ocurren por cesárea, cifra muy por encima de lo recomendado por esta organización (entre 10% y 15%) desde hace 40 años.
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A través de muchos estudios se ha verificado que la violencia obstétrica se ejerce frecuentemente. Sin embargo, la primera dificultad para prevenirlo, investigarlo, juzgarlo y sancionarlo es la falta de conciencia de de derechos por parte de las víctimas.
Lamentablemente, la violencia obstétrica está naturalizada y eso es parte del problema. Pero, sin dudas, y así está establecido en las normas internacionales y nacionales, las mujeres, adolescentes y niñas tienen derecho a una atención de calidad durante el embarazo, parto, postparto o post-aborto.
La profesora Marbella Camacaro, experta en la materia, recuerda lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007: “Es la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicación de los procesos naturales trayendo consigo pérdida de la autonomía y la capacidad de decidir libremente de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de ellas”.
En menos palabras, Camacaro sostiene que la violencia obstétrica ocurre cuando una mujer es sometida a medicamentos o procesos rutinarios obligatorios en centros médicos públicos o privados y que se convierten en violaciones de derechos humanos de las mujeres.
Para la coordinadora general de la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bellacarla Jirón, algunas mujeres asumen que no son víctimas de esa violencia aunque se sientan intimidadas por los médicos o médicas.
“Las mujeres tienden a asumir que no han sido víctima de violencia obstétrica a pesar de que el médico no le haya informado acerca del procedimiento que va a realizar en su cuerpo. En ese caso, las mujeres sienten que, como son médicos o médicas, ellos tienen el poder. Esto sucede porque las mujeres no nos hemos empoderado y no hemos comprendido que cada una es dueña de su propio cuerpo y tenemos poder de decisión sobre él”, dice Camacaro.
La especialista también advierte que muchas mujeres, adolescentes y niñas son humilladas, castigadas y amenazadas con perder su hijo o hija cuando se oponen a los procedimientos rutinarios de los hospitales o clínicas.
Camacaro explica que algunas mujeres, adolescentes y niñas son ridiculizadas y prefieren guardar silencio, lo que representaría otra forma de violencia obstétrica contra la mujer.
La educación es clave
La profesora universitaria señala la promoción de una cultura de parto digno se desvanece por el colapso del sistema de salud en Venezuela y, además, porque existe una resistencia en el personal de salud que pone en práctica procedimientos invasivos y no consentidos (maniobra de Kristeller o presión en el vientre para inducir la salida del bebé, medicinas para acelerar el parto, episiotomía o corte en el perineo) pese a que la evidencia científica muestra que podría provocar daños para la mujer, adolescente o niña y el o la bebé.
También considera necesario que se implementen políticas de Estado que refuercen la idea de que la mujer es dueña de su cuerpo y garante de sus propios derechos sexuales y reproductivos.
Luego de advertir que se trata de un proceso de desaprendizaje y aprendizaje complejo y lento, Camacaro agrega que hay que insistir en visibilizar la violencia obstétrica, mediante debates públicos y sostenidos sobre el tema.
En ese sentido, la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bellacarla Jirón desarrolla una campaña de activismo denominada «Por la eliminación de la violencia obstétrica».
Se trata de la mayor difusión posible de frases normativas y reflexivas de Marbella Camacaro. Por ejemplo: «El uso y abuso de medicamentos y maniobras de rutina durante el proceso de parir es una forma de violencia contra las parturientas»
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“En el imaginario social, el parto está concebido como algo doloroso y terrible; un momento de tensión en el cual todo el mundo grita y el personal médico es el que debe controlar la situación. Eso hace pensar que las mujeres están destinadas a aguantar calladas el dolor y las humillaciones de las que pueden ser objeto», profundiza la experta y advierte como desafío colectivo la necesidad de cambiar paradigmas para consolidar la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo.
La investigadora considera que el silencio fomenta la violencia obstétrica en Venezuela y contra ello es imprescindible impulsar un proceso de reeducación de las mujeres, adolescentes y niñas, así como del personal sanitario.
Para la también doctora en Ciencias Sociales es necesario denunciar los casos de violencia obstétrica y exigir al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos.
“No podemos callar a pesar de que el día a día nos consume por la situación país. Sabemos que el camino para visibilizar la violencia obstétrica en Venezuela no es fácil, pero hay que continuar difundiendo los estudios y las investigaciones que puedan abrir un camino en favor de los derechos humanos de todas las mujeres, adolescentes y niñas”, concluyó Marbella Camacaro.
