Para la Secretaría General de la OEA, la Fiscalía de la CPI dejó a un lado su obligación de emitir alertas tempranas a los Estados cuyas situaciones evalúa para evitar la impunidad y que no sigan ocurriendo crímenes de lesa humanidad
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Transparencia, prevención y cese de la impunidad son tres objetivos políticos del examen preliminar de eventuales crímenes de lesa humanidad que, según la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), no han sido cumplidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en cuanto a los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela desde 2014.
El cuestionamiento está desarrollado en el informe “Fomento de la impunidad: El impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela», elaborado por la Secretaría General de la OEA y publicado este 2 de diciembre.
“La Fiscalía no se ha atenido a esos objetivos por lo que se refiere a su examen preliminar de la situación en Venezuela I”, agregó la OEA.
Para la OEA la Fiscalía de la CPI dejó a un lado su función de emitir alertas tempranas a los Estados que evalúa en sus exámenes preliminares. Esto se hace evidente debido a la falta de pronunciamientos de la Fiscal del CPI sobre la situación Venezuela I.
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“El hecho de que la Fiscal no haya hecho ninguna declaración acerca del deterioro de la situación en Venezuela es tan inexplicable como inexcusable, especialmente ahora cuando el régimen ha intentado remitir la situación a la CPI”, sostuvo.
“La Fiscal — se agrega en el informe de la OEA— ha formulado advertencias sobre la violencia, los posibles crímenes y la destrucción de bienes en situaciones que ni siquiera eran objeto de examen preliminar. Es ciertamente oportuno que formule una declaración sobre las alegaciones de los constantes crímenes perpetrados en Venezuela y que son el objeto del examen preliminar”.
Comparación con otras situaciones
En el informe de la OEA se detalló la actuación de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, respecto de Colombia, Mali, Guinea, Nigeria y Burundi. En todos los exámenes preliminares relacionados con dichos países, la Fiscalía ha emitido declaraciones públicas para evitar que se cometan más delitos atroces.
“La Fiscalía puede también ‘emitir declaraciones públicas preventivas con el fin de disuadir el incremento de la violencia y la comisión de otros crímenes [y] hacer una advertencia a los autores […]. Declaraciones de ese tipo se han emitido en el transcurso de varios exámenes preliminares”, explica la OEA en su informe.
Si se toma de ejemplo al examen preliminar sobre la situación en Colombia, la OEA detalló que la Fiscalía de la CPI llevó a cabo tres misiones en el país. Además, dio a conocer un informe preliminar y publicó otras seis declaraciones sobre la violencia y los crímenes cometidos en Colombia.
Sobre la situación de Nigeria, la fiscal Bensouda llamó a la calma y a la moderación del Estado africano, el 22 de octubre de 2020. Además, enfatizó que “siguen de cerca la reacción de las fuerzas del orden y organismos de seguridad en relación a las protestas”.
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La OEA especificó que esta sería la sexta declaración de Bensouda sobre Nigeria, durante su examen preliminar.
Un poco más atrás, en 2015, la Fiscal Bensouda reiteró un llamado a la calma y la moderación de las figuras políticas en Guinea, durante la elecciones del país.
“Deseo reiterar que toda persona que cometa, ordene, incite, aliente o contribuya de cualquier otra forma a la comisión de crímenes atroces que sean competencia de la CPI es susceptible de enjuiciamiento en Guinea o en la Corte de La Haya”, declaró la Fiscal del CPI.
La fiscal Bensouda también llevó a cabo una misión en Guinea y ha emitido varias declaraciones adicionales sobre la situación en ese país. En 2020, Bensouda recalcó que: “Es absolutamente crucial evitar que se cometan más crímenes, sin importar la situación o circunstancia. Sabemos que la violencia puede estallar durante las elecciones”.
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Sobre la situación en Mali, la OEA recordó que la fiscal Bensouda planteó la posibilidad de enjuiciamiento por crímenes que no habían sido elevados a su consideración. Y sobre lo que ocurre en Burundi, Bensouda hizo declaraciones públicas en contra la violencia en ese país.
Demora del examen
La Secretaría General de la OEA considera que la demora de la Fiscalía de la CPI en la tramitación y culminación del examen preliminar sobre la situación Venezuela I, contribuye a que se comentan, con mayor impunidad, crímenes de lesa humanidad en el país.
“La demora en la realización del examen preliminar de la situación en Venezuela no ha contribuido a poner fin a la impunidad mediante la complementariedad positiva. De hecho, ha tenido el efecto contrario. Como ya se ha mencionado, en Venezuela prácticamente no existe responsabilidad interna en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, especialmente en el caso de las más altas autoridades ni tampoco existe ninguna perspectiva razonable de mejora en ese sentido en un futuro no muy lejano”, se lee en el informe.
La Secretaría General de la OEA enfatizó que la única forma de poner fin a la impunidad es que la Corte Penal Internacional investigue y, potencialmente, enjuicie los crímenes en consonancia con el principio de complementariedad.
Falta de Trasparencia
Una de las principales criticas de la Secretaría General de la OEA sobre la actuación de la fiscal Bensouda es la falta de trasparencia en cuanto al tiempo que lleva para realizar el examen preliminar sobre la situación de Venezuela.
“La Fiscalía no ha sido transparente por lo que se refiere a un aspecto clave del examen preliminar: el período de tiempo comprendido en la evaluación que lleva a cabo para determinar la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, señaló la OEA.
Aunque al comienzo de realizar el examen preliminar sobre Venezuela la fiscal de la CPI señaló que se centraría en los crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017; en el informe de actividades del examen preliminar de 2018, amplió el periodo de análisis desde los hechos ocurridos desde el 12 de febrero de 2014.
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“Sin embargo, en el informe sobre las actividades de examen preliminar 2019 parece haberse dado marcha atrás en ese punto, ya que se indica únicamente que la Fiscalía ‘ha procurado situar’ los presuntos crímenes cometidos desde abril de 2017 ‘en el contexto de las olas de violencia y disturbios políticos anteriores’», se indica en el informe.
La Secretaría General de la OEA considera un atraso en el accionar de la justicia que no se menciona en el informe de 2019 ninguna posibilidad de enjuiciamiento de los crímenes perpetrados antes de abril de 2017.
“Al no especificar con claridad el período de tiempo comprendido en su examen de los posibles crímenes de lesa humanidad, y al no explicar explícitamente la razón por la que se ha modificado ese período, la Fiscal no ha sido transparente en sus comunicaciones”, se insiste en el documento.
