A juicio de la Organización de Estados Americanos la fiscal de la CPI ha subestimado en repetidas ocasiones la gravedad y magnitud de algunos de los presuntos crímenes, «lo que plantea interrogantes graves» sobre su imparcialidad y objetividad
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
La Organización de Estados Americanos (OEA) acusó a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de omitir cifras y víctimas de violaciones de los derechos humanos en su informe sobre el examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014.
La reprimenda fue divulgada por la Secretaría General de la OEAeste 2 de diciembre a través de un informe titulado “Fomento de la impunidad: El impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, el cual es una ampliación del informe elaborado por expertos independientes y publicado en 2018.
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“La Fiscal ha subestimado en repetidas ocasiones la gravedad y magnitud de algunos de los presuntos crímenes, lo que plantea interrogantes graves sobre la imparcialidad y la objetividad de la Fiscalía”, se lee en el informe.
La Secretaría General de la OEA enfatizó que no encuentra explicación para que la Fiscalía de la CPI no haya iniciado una investigación, pese a que en el informe enviado en 2018 se detallaron, con pruebas, presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, persecuciones y desapariciones forzadas ocurridos en Venezuela.
Destaca el «fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte”, se lee en el documento.
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Luis Almagro, secretario General de la OEA, señaló que la CPI permite que en Venezuela los violadores de los derechos humanos actúen con impunidad.
“Se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano», advierte el comunicado.
La organización instó a la fiscal de la CPI «a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.
Por su parte, Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, enfatizó que “es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos”.
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En el informe se recomendó a la Fiscal Bensouda a proceder lo más rápidamente posible para que se abra una investigación sobre la situación en Venezuela.
También puntualiza que la fiscal debe «solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
Discrepancia de los datos
Ejecuciones extrajudiciales
La OEA explicó que en el “Informe sobre las actividades de examen preliminar 2019”, la Fiscalía de la CPI indica que están examinando entre 100 y 117 asesinatos cometidos desde 2017 por cuerpos de seguridad del Estado; esto a pesar de las cifras enviadas por la OEA, en las que se hace referencia a 131 manifestantes muertos y al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales registradas desde 2014.
“La Fiscalía omite, sin explicación alguna, miles de denuncias de asesinatos de fuentes fiables”, denunció la OEA.
En este sentido, la OEA contabiliza 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
Otros tratos inhumanos
El organismo también subraya que en el informe de la Fiscalía de la CPI sobre los avances del examen preliminar presentado en 2019 no se hace mención de casos que constituyen tratos inhumanos.
La OEA enfatizó que decenas de millones de personas fueron víctimas de grandes sufrimientos u objeto de un grave atentado contra su integridad física y la salud, como resultado de la persistente crisis humanitaria «creada intencionalmente por el régimen”.
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En este sentido, se hace especial referencia a malnutrición, hambre, enfermedades y falta de acceso a la atención médica en el país.
“La Fiscalía, sin explicación alguna, no menciona otros actos inhumanos”, se lee en el informe.
Desapariciones forzadas
La Secretaría de la OEA sostiene que la Fiscalía de la CPI solo menciona que ha examinado la información relativa a los presuntos casos de desapariciones forzadas.
Sin embargo, la OEA enfatizó que fueron enviados 199 casos documentados de desapariciones forzadas del 2000 al 2018.
Además, sostiene que existe un patrón de desapariciones forzadas de corto plazo de opositores políticos o personas percibidas como tales, y de sus familiares, además de manifestantes pacíficos, según reveló el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“La Fiscalía no reconoce que las desapariciones forzadas no son casos aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio”, se alega en el documento.
Violación / violencia sexual
La OEA hace referencia a que la fiscal de la CPI reconoció que existen múltiples informes de violencia sexual contra personas detenidas en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. No obstante, la fiscal «afirma que se carece de estimaciones globales».
La OEA detalló que para septiembre de 2017 existían 192 casos de violación de detenidos bajo control del Estado, según los informes del Instituto CASLA.
“La Fiscalía, sin explicación alguna, omite cifras concretas de víctimas de violación y violencia sexual”, critica la OEA.
Persecución
La OEA también hizo referencia a que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señala que supuestamente las víctimas han sido blancos de persecución por su oposición real o percibida; pero no presenta un número de víctimas.
“Miles de personas han sido objeto de persecución, número que aumenta hasta cientos de miles, si no millones, si se incluyen las víctimas de privación deliberada de alimentos y medicinas”, argumenta la OEA.
“La Fiscalía, sin explicación alguna, omite cifras concretas de víctimas de persecución”, complementa el informe.
