Joel García, abogado del periodista Roland Carreño, destacó que el comunicador social es una víctima más del ataque sistemático y generalizado del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
El periodista Roland Carreño cumple un mes preso, tras sufrir una una desaparición forzada. Aún la Fiscalía tiene dos semanas para formular un acto conclusivo sobre el caso. Sin embargo, los abogados del periodista pronostican que será acusado, a pesar de la arbitrariedad de su detención. Sus familiares, con apoyo de la sociedad civil, exigen su liberación.
El abogado defensor de Carreño, Joel García, explicó que están a la espera de que la Fiscalía presente el próximo 13 de diciembre un acto conclusivo ante el Tribunal Especial Cuarto de Control con competencia en terrorismo, a cargo del juez José Márquez García.
“Aún estamos en la fase de investigaciónpreliminar, por lo que son 45 días hábiles para dictar algún acto conclusivo; que puede ser la acusación, el sobreseimiento o el archivo fiscal. Conociendo cómo actúa el régimen, es probable que a Roland lo acusen”, explicó.
Para García, el caso de Carreño forma parte del ataque sistemático y generalizado por parte del gobierno de Nicolas Maduro contra los disidentes y opositores del país.
“Esto forma parte de la persecución de todo aquel divergente, opositor y político en contra de Maduro. Es un ataque generalizado y sistemático”, señaló.
Desaparición forzada
El periodista Roland Carreño fue detenido la noche del 26 de octubre de 2020 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando iba camino a su casa. No tenían ninguna orden judicial.
Dos días después de la detención de Carreño, el 28 de octubre, la Fiscalía 73 nacional con competencia plena, a cargo del abogado Jean Karin López, imputó la presunta comisión de los delitos de conspiración , tráfico ilícito de armas y financiamiento al terrorismo.
Durante las primeras horas de su detención, no se sabía de su paradero y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que lo detuvo negó el procedimiento. Roland no pudo comunicarse con sus familiares ni abogados de confianza.
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Para Joel García, la falta de precisión del sitio de reclusión y la detención arbitraria del periodista, constituyen el delito de desaparición forzada por parte de los agentes del Estado.
“Los derechos vulnerados, desde un inicio al ser inocente, al sembrarle un arma, violan su derecho a la libertad. No se le permitió llamar a sus familiares y abogado, lo que constituye el delito de desaparición forzada de persona”, puntualizó.
El delito de desaparición forzada de personas está tipificado en el artículo 181-A del Código Penal:
“La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.
“El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima”, complementa el artículo del Código Penal.
No fue hasta el 27 de octubre de 2020, y a través de su cuenta en Twitter, que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Carreño.
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En esa oportunidad, aseguró que el periodista estaba presuntamente entregando “armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”.
Saab aseguró que al momento de su detención, Carreño portaba 12.000 dólares en efectivo y un R15. “De dichas investigaciones en marcha daremos detalles con los elementos probatorios de rigor en las próximas horas”, escribió.
García descalificó estas acusaciones y enfatizó que existen discrepancias respecto a la versión oficial. “A Carreño le sembraron unas armas de fuego y lo detuvieron arbitrariamente”, enfatizó.
Supuesta confesión
Posteriormente, el 30 de octubre de 2020, el actual vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, mostró supuestas pruebas que vincularían al periodista con una presunta conspiración terrorista.
En la transmisión se mostraron capturas de pantalla de supuestas conversaciones que habría sostenido Carreño con un hombre de nombre “Reinaldo”. En ellas se refleja una discusión por la compra de vehículos. El acto dio de qué hablar, ya que Rodríguez aprovechó para hacer alusión -en tono de burla- a la orientación sexual del periodista.
Además, se publicó un video con una supuesta confesión del periodista ante funcionarios del Sebin, en el que asegura que en dos oportunidades el ex preso político Leopoldo López le habría pedido que le consiguiera dólares en efectivo.
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“En dos ocasiones Leopoldo (López) me pidió que le consiguiera efectivo en dólares, 2.500 en una ocasión, 4.000 en otra. Hice la operación a través del mercado paralelo y se los entregué a su equipo de seguridad, entre ellos a su jefe de seguridad, el señor de nombre Walter”, se escucha en el video difundido por Rodríguez en cadena nacional.
Las declaraciones de Rodríguez fueron calificadas por Joel García como homofóbicas. “Lo que hizo Jorge Rodríguez con aquellas declaraciones, sin ser ministro de Comunicaciones, lo hizo con la finalidad de aniquilarlo moralmente; hacer de su orientación sexual una burla. Es un acto homofóbico”, condenó García.
En cuanto a las “pruebas” presentadas por Rodríguez, el abogado enfatizó que estas no forman parte del expediente del periodista.
“Ninguna de las declaraciones de Jorge Rodríguez están presentes en el expediente, ni mucho menos esas supuestas pruebas, porque son informaciones de un tercero que no está involucrado en el proceso político”, señaló el bogado.
Sobre el video de la supuesta confesión de Carreño, García explicó ese material audiovisual fue bajo coacción y por lo tanto es nulo.
“Bajo coacción se le puso a grabar un video sin la presencia del abogado y eso es nulo de toda nulidad, debido a que el artículo 49, numeral 5 de la Constitución establece que nadie puede declararse culpable bajo coacción”, explicó.
Actualmente el periodista Carreño está detenido en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de la Yaguara. Si bien ha recibido la visita de sus familiares y abogados, aún se le están violando sus derechos fundamentales.
Denuncia de la sociedad civil
La mañana de este 26 de noviembre, Gregorio Salazar, director de la ONG Expresión Libre, exigió la liberación del periodista Roland Carreño.
“Hoy 26 de noviembre se cumple un mes desde que los cuerpos de seguridad del régimen venezolano detuvieron de forma arbitraria al periodista Roland Carreño, y a partir de ese día no han cesado las violaciones a sus derechos ciudadanos”, denunció Salazar.
Tres días antes, el lunes 23 de noviembre, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, exigió, junto a diputados de la Asamblea Nacional, la liberación inmediata del comunicador debido a que su detención fue arbitraria y por lo tanto ilegal.
Informó que denunció ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el Grupo de Desapariciones Forzadas, ambos de la ONU, el caso de Carreño.
“También se han formulado dos llamados urgentes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a sus representantes en Venezuela sobre la violación a los derechos de Carreño”, detalló.
“Ratificamos que la detención— recalcó Prado— (de Carreño) fue arbitraria. Se le sometió a desaparición forzada y solo recibió asistencia de abogados el día de la presentación en tribunales. Requiere atención médica y se le ha negado, por lo que responsabilizamos al régimen de Nicolás Maduro de lo que le ocurra”.
