Las venezolanas caminantes se enfrentan a un doble riesgo. Por un lado, los policías extorsionan y amenazan a las mujeres y les exigen pruebas rápidas de COVID-19 y salvoconductos, o dinero para dejarlas circular. Además, las acecha la posibilidad de convertirse en víctimas de trata de personas
Reporte Especial Proiuris
Anggy Polanco
Llegando a San Cristóbal, a Mariana Martínez la amedrentaron en una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La amenazaron con llevarla a un centro de confinamiento estatal, de los denominados Puestos de Atención Social Integral (PASI), donde obligan a permanecer a las personas procedentes de Colombia desde que se decretó la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Mariana sabe lo que implica estar en un PASI. Le tocó estar en uno cuando regresó a Venezuela en marzo, luego de visitar a su mamá que estaba en Medellín.
“Nos presionaron demasiado, nos dijeron que nos iban a quitar la cédula si no les dábamos plata… aquí, más arriba (Redoma de la ULA de San Cristóbal) nos dijeron que teníamos que tener salvoconducto y la prueba del COVID-19. Nos quitaron 50.000 pesos”, relató la joven estudiante universitaria.
La chica de 25 años decidió irse porque su mamá no podía costear más su manutención en Venezuela, donde estudia Ingeniería Civil.
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La madre de Mariana le pidió que volviera a Medellín, donde ella se encuentra. Le decía que el dinero que le enviaba cada vez le alcanzaba menos, ni siquiera para alimentarse.
El paso de Mariana por San Cristóbal se extendió por dos días. Viajaba con un morral en su espalda, en compañía de otras dos mujeres con las que se unió tras salir de El Valle, Caracas. Desde la capital venezolana partió en transporte público hasta Valencia y de allí le dieron ‘la cola’ hasta Barinas. Luego continuó su tránsito a Colombia a pie.
“Esto es horrible, uno sin nada, medio comiendo lo que se consigue, queriendo llegar al destino rápido; es una injusticia. Son demasiadas personas caminando. Alcancé a ver alrededor de 300 a 400 personas caminando de Barinas para acá, sobre todo niños”.
El Instituto de la Mujer Tachirense (Intamujer) ha verificado el incremento de mujeres que caminan con sus hijos porque no tienen qué comer, la mayoría son del centro del país: Valencia, Caracas, Yacacuy, entre otros estados.
Beatriz Mora, presidenta de Intamujer, refirió que la dolarización y las violencias basadas en género se han incrementado en el contexto de la pandemia. El confinamiento domiciliario obliga a las víctimas a permanecer con sus parejas en casa y muchas veces sin comida. Por las circunstancias adversas cientos de mujeres con sus hijos huyen desesperadamente de Venezuela.
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Otro de los motivos del éxodo de mujeres venezolanas es que las parejas u otros familiares las esperan en otros países donde les pueden ofrecer un mejor futuro a sus niños.
Las mujeres y sus hijos corren el riesgo de ser víctimas de la trata de personas. No se trata solo de prostitución, también son vulnerables al sometimiento a trabajos forzados. En el caso de las adolescentes, pueden ser captadas para la explotación sexual, puntualizó la presidenta de Intamujer.
Desde 2017, Intamujer ha registrado el aumento de la explotación sexual de adolescentes venezolanas en Colombia, hechos en los que han tenido participación funcionarios policiales de Venezuela.
Cabeza de hogar en El Sombrero
Marián Carolina Ascanio era una de las compañeras de Mariana en la huída de Venezuela. Ella califica la situación económica en el centro del país de «horrible».
En los puntos de control que atravesó le preguntaban a dónde iba y de dónde venía. Ella confiesa que tenía decir que era de la misma zona para lograr pasar.
“En todas esas alcabalas hay que dar algo, porque ellos no se comen el cuento que uno viene de ahí mismo. Ellos piensan que uno lleva millones y dicen que uno tiene lo que ellos necesitan. Me siento impotente, sabiendo que el mismo Gobierno debería ayudarnos, y no lo hace”, contó la mujer de 30 años.
“Nos tocó salir, guerrear por nuestra familia… dormir en las calles y exponernos a todo. Caminar en las carreteras oscuras”, expresó Marián.
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La madre de Marián es una persona de tercera edad y, además, con discapacidad. No le puede garantizar educación a su hermano menor de edad ni a su hija. Dos razones más para escapar de Venezuela, así fuese a pie.
En El Sombrero, estado Guárico -de donde proviene Marián-, vendía catalinas y hallacas por encargo, pero este trabajo ya no le generaba ganancias debido al constante incremento del precio de la materia prima.
“Imagínese, esta semana -al momento de la entrevista- el dólar subió a 450.000, la otra sube quizá a 500.000 bolívares. ¡Cómo mantiene uno a una familia cuando es cabeza de hogar!”, expuso.
Sin rumbo fijo, la primera meta de Marián era llegar a San Antonio para observar el movimiento del cruce por trocha. Iba con destino a Pereira donde tiene primas que la podían recibir.
A hacer «lo que sea«
Con la meta de llegar a Cali, sin nadie que la espere, Máyerlin Ledezma, de 21 años de edad, va dispuesta a «hacer lo que sea».
La condición económica de su núcleo familiar la motivó a caminar con destino a Colombia desde Maracay, estado Aragua. Ella partió sola pero en la vía se unió a un grupo de jóvenes.
“Hemos caminado mucho. Nos dan colas, pero así como nos las dan nos bajan y tenemos que seguir caminando. Hay sitios donde nos ayudan, hay sitios donde no. Tenemos que dormir en la calle sin seguridad y no sabemos lo que nos pueda pasar”.
En Maracay quedó su esposo, su mamá y sus hermanos, a quienes espera ayudar desde afuera, pese a no contar con ninguna experiencia laboral en Venezuela.
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De acuerdo con un análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las medidas de la COVID-19 pueden afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos de personas en riesgo de explotación.
Personas migrantes sin documentos y trabajadores temporales enfrentan condiciones laborales y de vida más precarias, dando lugar a una mayor vulnerabilidad ante las redes delictivas.
“No trabajaba. Allá la fuente de trabajo está muy mala, uno tiene que trabajar por su cuenta. No hay gas, no hay comida. En todas las bodegas los precios están en dólares y en los trabajos te quieren pagar 400.000 bolívares, mientras que una harina cuesta 390.000”, recordó Máyerlin.
