Proiuris recibió la denuncia de una mujer que fue víctima de amenazas por parte de un hombre integrante de presuntos grupos armados. Su delito fue brindar ayuda a Venezolanos que huyen del país debido a la emergencia humanitaria compleja
Reporte Proiuris
La mujer que reside en la vía que conduce a la frontera con Colombia no dudó en salir a brindar ayuda al hombre que tocó a su puerta pidiendo un poco de agua. No advirtió ningún peligro en salir porque para ella era habitual brindar su mano amiga a los venezolanos que huyen de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país.
Carmen*, a quien llamaremos por este nombre para resguardar su identidad, salió con una jarra con agua para atender al supuesto hombre sediento. Él, al verla le preguntó si ayudaba a los caminantes y ella respondió afirmativamente.
El propósito de aquel hombre era dejar una amenaza muy clara: si seguía ayudando a los caminantes, ella y su familia serían atacadas.
El hombre alegó que los caminantes eran fuente de contagio de COVID-19; y si ella o alguno de su familia se contagiaba el Gobierno se les negaría la atención médica y las medicinas hasta dejarlos morir.
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La mujer compartió su testimonio con Proiuris. Carmen fue una de las primeras en recibir amenazas. Los vecinos de El Mirador, y del sector de Puente Real, consideran que se trata de integrantes de grupos colectivos.
Las amenazas comenzaron luego de que el lunes 12 de octubre, habitantes del barrio Santa Elena, adyacente al sector El Mirador, a las afueras de San Cristóbal, estado Táchira, ayudaran a un grupo de caminantes a cruzar la alcabala móvil mientras entonaban el Himno Nacional.
Este punto de control fue instalado en la zona desde que comenzó la pandemia y es señalado como el lugar donde más obstáculos les ponen a los venezolanos que huyen a pie de su país en dirección a la frontera con Colombia.
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Esta es la razón por la que los caminantes se han visto obligados a bordear el punto atravesando varias barriadas adyacentes; así buscan evitar ser devueltos, detenidos, o en el peor de los casos, privados de libertad en un PASI.
Ese mismo lunes, varias mujeres de los sectores de Santa Elena, El Mirador y Puente Real se contactaron con Proiuris para señalar el asedio del eran víctimas por ayudar a los caminantes.
Las mujeres relataron que varios motorizados llegaron a sus casas buscándolas con nombres y apellidos para dejarles una advertencia: no sigan ayudando a los caminantes. De los contrario, sufrirían consecuencias.
Temen que les hagan daño a ellos a sus familias por brindar un plato de comida o un vaso con agua a sus connacionales.
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También se conoció que estos grupos armados han amedrentado a condcutores que movilizan a venezolanos que huyen del país.
Marco González, quien iba de La Pedrera al Piñal, relató que también fue víctima de estos grupos armados. Los hombres obligaron al conductor de la unidad de transporte público que los movilizaba a él y a otros migrantes a no continuar transportando a las personas. Tuvieron que continuar el trayecto a pie.
