La reciente denuncia de violencia de género formulada a través de redes sociales por Blanca de Vizquel en contra del grandeliga venezolano deja al descubierto la ineficiencia de las instituciones de protección y del sistema de administración de justicia
Reporte Especial Proiuris
Jackelin Díaz
En Venezuela, los mecanismos institucionales de atención de denuncias de violencias basadas en género son débiles, y, en muchos casos, inútiles. Las redes sociales surgen como una alternativa para las víctimas, pero habría que comenzar por advertir que el desenfreno digital puede ser contraproducente.
La española Ana Orantes habló alto y claro el 4 de diciembre de 1997 ante las cámaras de televisión. Sin embargo, cuando su voz fue escuchada su marido ya la había asesinado.
Erguida, vestida con traje de chaqueta y pulcramente peinada, Orantes fue presentada por la conductora, Irma Soriano, como una mujer de 60 años de edad y madre de ocho hijos. Durante más de 40 minutos, Orantes recordó y relató con detalles la violencia que comenzó poco después de que ella, con 19 años de edad, se casara con José Parejo, a quien había conocido en una fiesta en la ciudad de Granada.
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“Yo no podía respirar, no podía hablar porque no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, un bulto, porque yo no valía nada. Tenía que aguantarlo, paliza sobre paliza. Yo le tenía miedo. Le tenía horror. Eran las diez de la noche y no había venido de trabajar, y ya me veía temblando como una niña pequeña”, fueron algunas de sus palabras en la transmisión del programa grabado antes del feminicidio.
Este gesto de rebeldía conmocionó a la audiencia aquel día del año 1997. Trece días después, el 17 de diciembre, Ana fue quemada viva en el patio delantero de su casa.
En el momento de su muerte fue golpeada, luego atada a una silla, rociada con gasolina y prendida en fuego. Su esposo se dio a la fuga, pero fue detenido días después.
A pesar de esto, durante cuatro décadas, Orantes intentó escapar de su situación muchas veces. Relató que acudió a la policía e intentó divorciarse. Sin embargo, el divorcio fue legalizado en España en el año 1981 y a ella se le fue concedido apenas en 1996.
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Vivía en un país donde no existían leyes que protegieran a la mujer de la violencia doméstica. Pese a esto, al contar su historia, tenía la esperanza de que otras víctimas de violencia doméstica encontraran consuelo en saber que no estaban solas. Ya se había separado de su esposo y, sentía que por fin tenía la valentía suficiente para hablar sobre lo sucedido.
Las declaraciones a través de un medio de comunicación sobre toda una vida de palizas y humillaciones que sufrió y el desenlace final de su asesinato por violencia machista impulsó la visibilización de un problema social totalmente silenciado y que en muchos casos es tolerado en una relación de pareja.
Ello supuso el despertar de la conciencia y la obligación de los poderes públicos de mitigar los actos de violencia, considerándolos como manifestaciones de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres.
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El caso de Ana Orantes fue el primer precedente de violencia de género en España, dice Luisa Kislinger, ex diplomática venezolana y defensora de los derechos de las mujeres.
“Si esto no hubiese sucedido en un medio de comunicación, quizás su historia ni se supiera o el tema no estuviera en la palestra. Las denuncias a través de medios públicos tienen un valor porque nos obliga como sociedad a mirar que estos no son casos excepcionales, sino que le puede suceder a cualquier mujer, porque es un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos de las mujeres que sí sucede, como le pasó a Blanca de Vizquel, Linda Loaiza y Ana Orantes”, puntualiza.
Las redes sociales posibilitan la discusión pública, enriquecen el debate de un tema de interés social, amplificando la voz de la víctima, pero ¿por qué se acude a ellas como última instancia?
Blanca de Vizquel encendió las redes sociales luego que divulgara que había sido víctima de violencia por parte de su esposo, Omar Vízquel. En este punto, Kislinger apuntó que las denuncias a través de las redes sociales son valiosas porque contribuyen a visibilizar una situación que puede convertirse en un problema de salud pública.
Un testimonio de violencia, dice la abogada, también contribuye a una legítima exigencia a los Estados: que adopte políticas de prevención para garantizar el acceso de justicia y el debido proceso.
Hay varias explicaciones en torno a ese silencio. Dentro del amplio espectro de violencias basadas en género, el acoso y el abuso sexual aparecen quizás como las situaciones de las que más cuesta hablar. Por un lado, porque para cualquier ser humano exponer hechos relacionados con la intimidad puede resultar hasta humillante. Por el otro, porque en algunos casos se trata de prácticas que están tan naturalizadas que muchas veces, ni siquiera en el momento que ocurrieron, fueron reconocidas como acoso, abuso o alguna otra forma de violencia de género.
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Kislinger considera que ninguna mujer quiere exponerse públicamente alegando que ha sido víctima de violencia de género. Explica que es un proceso doloroso en el que la persona queda en un estado de vulnerabilidad, y en el cual, puede ser víctima de una nueva agresión.
“Si fuese mentira, el perpetrador pudiera demandarla, pero en general, las víctimas recurren a las redes sociales cuando ya se han quedado sin alternativas”, enfatiza. Además, menciona que iniciativas como el movimiento Me too procuran una sanción social en contra de los agresores.
“Alguno de estos casos son moralmente rechazados y se genera una sanción moral en contra de la persona que perpetraría la violencia basada en género. Sin embargo, es complicado porque existe una serie de debates que todavía apenas está comenzando con el nacimiento del movimiento Me too”.
“Hay un patrón –prosigue la experta- según el cual las víctimas buscan una sanción moral a sus agresores, y en parte, se asocia con el caso de Blanca, porque finalmente encontró su voz; no encontró otra manera de resarcir lo que vivió”.
Kislinguer destaca que el caso de Blanca de Vizquel deja al descubierto la ineficiencia de las instituciones de protección y del sistema de administración de justicia en Venezuela. “El Poder Judicial debe ser contundente con las violaciones basadas en género”, reafirma.
La viralidad como estrategia de defensa
Selene Soto, abogada, especialista en derechos humanos y miembro de Women’s Link Worldwide, explica que se trata de cuestionar la razón detrás de cada denuncia que se hace pública en el Internet.
Si la mujer prefiere acudir a las redes y cree que, incluso, es más seguro comunicar que ha sido víctima de violencia por esa vía, a pesar de que puede sufrir otros ataques… cabe preguntarse qué está pasando con las denuncias que son formulan por los canales institucionales, advirtió Soto.
La experta invita a analizar las reacciones después de la formulación de una denuncia de violencia basada en género a través de redes sociales. Lamenta que se suela atacar a la víctima y cuestionar la veracidad de su relato. Ello es una forma de revictimización.
“El caso de Linda Loaiza es uno de los más representativos, porque ella, en cuatro meses que estuvo secuestrada, estuvo en lugares públicos. También la gente que sabía sobre su situación argumentaba que lo que le pasaba era un problema de pareja; ese es el chip que hay que cambiar dentro de la sociedad, porque la violencia basada en género es un problema social que nos afecta a todos”, agregó.
Las mujeres buscan habilitar espacios en las redes sociales como un mecanismo masivo para mover las estructuras dentro del sistema judicial y promover una condena social que pueda generar cambios, así como conseguir la respuesta que no han obtenido por los canales regulares, explica Soto.
La representante de Women’s Link considera que queda mucho por hacer a efectos del combate de las violencias basadas en género. Las tareas pendientes sería avanzar en la obtención de medidas de protección y en la judicialización de casos.
Y con el fin de garantizar la no repetición de hechos lesivos a la dignidad de las mujeres, Selene Soto, convoca a desmontar los estereotipos de género a través de la demostración de sus efectos perniciosos.
“El sistema de justicia tiene que transformarse para dar una respuesta a las víctimas”, concluyó.
