Familiares y vecinos de Juanel Alvarado y Carlos Alberto Peraza denunciaron a funcionarios del Sipez, adscrito a la Policía del Estado Zulia, como autores de un doble homicidio en Zulia. Peraza era funcionario activo de la PNB y estaba haciendo un curso para incorporarse a las FAES
Reporte Especial Proiuris
Erick S. González Caldea
Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) adscritos a la Policía del Estado Zulia mataron a Juanel Alvarado Peña, de 35 años de edad, y a su tío Carlos Alberto Peraza, de 47 años, en circunstancias no suficientemente claras, este 15 de octubre de 2020, en el barrio 19 de Abril, en Maracaibo.
La versión oficial indica que ambos pertenecían a una banda delictiva dedicada a la extorsión y venta de drogas, la cual operaba en la zona. Los funcionarios del Sipez también detuvieron a cinco integrantes de su familia, acusándolos de colaboradores de la presunta comisión de esos delitos.
A pocas horas de que ocurrieran los hechos, familiares y vecinos de las víctimas desmintieron la versión oficial y no dudaron en calificar el procedimiento policial de ejecución extrajudicial. También denunciaron el ensañamiento y amedrentamiento contra la comunidad.
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La muerte Juanel y Carlos reveló varios de los 16 patrones usualmente aplicados en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, identificados por Proiuris: la irrupción violenta en viviendas, la negación de socorro efectiva, la concentración de la actuación policial en barrios pobres, el robo y la siembra de armas.
La persecución de los familiares de las víctimas y el hostigamiento a los vecinos de la comunidad donde ocurrieron los hechos distingue este doble homicidio en Zulia.
Le disparan en el baño
Los eventos que llevaron a la muerte de dos habitantes del barrio 19 de Abril comenzaron a las 1:00 pm, en la casa de Juanel Alvarado.
En el hogar se encontraba su tío, Carlos Peraza, su madre Gladys María Peña de Alvarado, de 66 años de edad, su padre, Juan Domingo Alvarado, de 69 años de edad, su hermano, Leonel Domingo Alvarado Peña, de 27 años de edad, y una adolescente embarazada de 17 años.
Los vecinos que presenciaron lo ocurrido informaron a los abogados de la familia afectada que los funcionarios del Sipez irrumpieron en la vivienda de forma violenta y sin orden judicial.
Durante el allanamiento, los oficiales sometieron a los familiares de las víctimas y preguntaron por los hombres jóvenes. En ese momento, Juanel Alvarado se duchaba en el baño principal de la casa. Sin mediar palabras, los funcionarios dispararon contra la puerta.
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“Los funcionarios dispararon a través de las puertas del baño y lo mataron”, señaló uno de los allegados, quien prefirió no revelar su nombre, por miedo a represalias.
Alvarado quedó herido en el baño de su casa, mientras que sus demás familiares eran detenidos y llevados hasta un comando policial aledaño. Falleció aproximadamente a las 1:30 pm.
“Ellos dejaron que se desangrara en el baño. No fue sino hasta las 3:00 pm que llegó una camioneta tipo Hilux para llevarlo al CDI, pero a esa hora ya estaba muerto”, indicó el familiar. Agregó que mientras detenían a Gladys, Juan Domingo y Leonel Alvarado, buscaron en los alrededores de la zona a otros familiares.
A los pocos minutos, los agentes del Sipez detuvieron a Gendys Margarita Alvarado Peña, de 37 años de edad, (hermana de Juanel y sobrina de Carlos) en la casa de un vecino, mientras dictaba clases a niños en edad preescolar.
Para las 2:00 pm, los cinco integrantes de la familia Alvarado estaban detenidos e incomunicados, en un comando policial conocido como “La Chamorrera”, donde están destacados funcionarios de patrullas y del Sipez.
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La casa de la familia Alvarado fue destrozada por los funcionarios que habrían cometido este doble homicidio en Zulia, destacaron los vecinos, que, además, aseguraron que robaron teléfonos celulares, una computadora y hasta víveres que había en esa casa.
“Nosotros preguntamos por las pertenencias que se llevaron al comando, pero solo nos dijeron que eran evidencias para entregar en tribunales. No fue así en el expediente no aparecen los objetos. Ellos se los robaron”, sostuvo uno de los abogados de la familia.
Lo regresan a la casa y allí lo matan
Durante la detención, Carlos Peraza se identificó como funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana. Lejos de beneficiarlos, ello dio pie para mayores maltratos contra los integrantes de la familia.
“Él no se resistió a su arresto, pero igual lo comenzaron a golpear”, dijo un familiar. A Carlos se lo llevaron detenido y lo mantuvieron incomunicado, según explicaron los abogados de las víctimas. Entre las 2:00 pm y las 4:00 pm de aquel jueves, se desconoce completamente qué hicieron los funcionarios del Sipez con Carlos.
No fue hasta pasada las 4:00 pm, que Carlos en llevado nuevamente al sector 19 de Abril donde habría sido fue ejecutado. “Los vecinos vieron cuando regresaron a Carlos a la casa, luego se escucharon los disparos”, señaló el allegado.
Aun la familia no tiene acceso a los informes de las autopsias practicadas a ambos fallecidos, por lo que desconocen la cantidad de impactos de bala que recibieron cada uno.
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El cuerpo de Carlos fue trasladado junto al de su sobrino al CDI de la zona sin signos vitales. “Se conoce por los testigos que luego de que los mataran, a los fallecidos les pusieron armas en sus manos para que dispararan al aire”, señaló una fuente, a quien se le garantizó reserva de identidad.
Según informaron los familiares, Peraza tenía antecedentes penales por un crimen cometido varios años atrás. Sin embargo, cumplió la pena. Actualmente trabajaba como funcionario de la PNB y, según el relato de sus familiares, realizaba un curso para incorporarse a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Solo la versión oficial
Para las 6:00 pm, del jueves 15 de octubre, los oficiales del Sipez reseñaron a la familia Alvarado como miembros de una banda delictiva.
Los abogados de las víctimas enfatizaron que a la familia le sembraron diferentes tipos de drogas. Además, fueron procesados rápidamente por los delitos de venta de droga, extorsión y narcotráfico.
Una foto enviada a la prensa, junto a una nota de oficial, muestra a los familiares de las víctimas frente a una mesa con bolsas de marihuana, una panela de presunta cocaína y dinero en efectivo. La fotografía revela que fue tomada en horas de la noche, en una cancha deportiva de la policía del Estado Zulia, horas después de la detención hecha a las 1:00 pm.
Para el sábado 17 de octubre, la fiscal 33° del Ministerio Público, Jhovana René Martínez, a cargo de la Oficina de Protección de los Derechos de la Niñez, realizó la imputación de los cargos ante el Tribunal 11 de control del Estado Zulia.
Los imputados fueron trasladados a tribunales a las 7:30 pm del sábado, casi 48 horas después de la detención. Debido a la hora, el juez del tribunal difirió la audiencia de presentación para el día domingo 18 de octubre.
“A la familia se les amenazó para que no hablaran sobre los hechos ocurridos en su casa. Les dijeron que aceptaran todos los cargos que les iban a imputar. Sin embargo, la defensa pudo objetar los alegatos de la Fiscalía”, señaló uno de los abogados.
Para ese momento, los familiares de Carlos y Juanel no sabían de la muerte de sus allegados. “La fiscal no quiso decirlo, ni los funcionarios policiales. Nosotros tuvimos que informar sobre los hechos. La madre de Juanel estaba devastada”, continuó el informante.
Durante la audiencia de presentación realizada el domingo 18 de octubre, el juez a cargo del Tribunal 11 de Control, rechazó la imputación fiscal. Razonó que “hubo un mal procedimiento policial”.
El juez dicto libertad plena para Gladys María Peña de Alvarado, Juan Domingo Alvarado, y Gendys Margarita Alvarado Peña. Mientras que Leonel Alvarado quedó sometido a presentación periódica ante el tribunal.
“A la fiscal no le gustó esa decisión del juez, por lo que apeló el dictamen y la causa pasó a una segunda instancia. Sin embargo, se imprimieron las boletas de excarcelación”, señaló uno de los abogados en el caso.
Para la tarde del lunes 19 de abrir, los integrantes de la familia Alvarado no habían sido excarcelados. Sus vecinos y allegados los recibieron en la comunidad con emoción. “Habían 500, hasta 600 personas en las calles; parecía una fiesta. Se estaba logrando un avance en toda esta injusticia”, explicó un allegado.
Huir de la zona
La muerte Juanel y Carlos alertó a la comunidad rápidamente. Luego de que se llevaran detenidos a los familiares de las víctimas, los vecinos se abocaron en avisar a los demás allegados para comenzar un proceso de denuncia.
Los vecinos de la zona comenzaron a recibir amenazas por parte de los funcionarios del Sipez. “Han pasado cinco días y ya muchos de los testigos del hecho no quieren hablar ante los tribunales por miedo”, explica uno de los abogados de las víctimas.
Enfatizó que, durante los arrestos, los agentes del Sipez buscaban a cualquier persona vinculada con los fallecidos, así como a sus familiares. A pesar de los riesgos, decenas de vecinos salieron a la calle a protestar el doble homicidio en Zulia y a exigir la liberación de la familia Alvarado.
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También recolectaron firmas y denunciaron los hechos ante la prensa regional y a través de redes sociales. “Todo el mundo estaba indignado por los hechos, porque les sembraron drogas, cargamento, y les imputaron los cargos de una banda que hace 15 años desapareció”, sostuvo el allegado.
Aun los cuerpos de Carlos y Juanel Alvarado están en la morgue del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Maracaibo. Sus familiares necesitaban 300 dólares para realizar el sepulcro.
“En la comunidad hay mucho miedo. Hoy fue la familia Alvarado, mañana no sabemos a quién le tocará esto. Algunos vecinos prefieren irse de la zona, otros lo están evaluando. Mi familia también se quiere ir, pero cómo”, dijo un familiar de los Alvarado, 12 horas después de la liberación de sus allegados.
