En Venezuela existen grandes desafíos en materia de reparación integral de las víctimas, debido a los límites derivados de la legislación del país. Así lo señaló Jesús Ollarves, experto en Derechos Humanos, durante el seminario virtual «La masacre que desenmascaró a las FAES», realizado por Proiuris
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Los familiares de las víctimas de la Masacre de El Limón tienen derecho a una reparación integral por los daños ocasionados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), durante el operativo del 11 de junio de 2020.
Así lo enfatizó el experto en Derechos Humanos Jesús Ollarves, durante su intervención en el webinar: La masacre que desenmascaró a las FAES, realizado por la ONG Proiuris, este miércoles 14 de octubre.
Durante este seminario virtual la organización presentó un análisis sobre la Masacre de El Limón, hecho donde fueron ejecutados extrajudicialmente cinco ciudadanos a manos de las FAES, uno de ellos escoltas de la ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
Los familiares de Wilmer José Yánez Carvallo, Arquímedes Martínez Fuenmayor, Pedro Salcedo Herrera, Andri González Narváez y Roguer Blanco Narváez, compartieron sus testimonios.
Durante la actividad se proyectó el material audiovisual recacabo para dar a conocer la historia desde la perspectiva de las víctimas sobrevivientes.
Uno de los puntos abordados fue la reparación integral de los daños ocasionados por el cuerpo elite de la Policía Nacional Bolivariana.
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Para el abogado Ollarves, en Venezuela existen grandes desafíos en materia de reparación integral de las víctimas, debido a los límites de la legislación del país.
Si bien en el articulo 30 de la Constitución venezolana se establecen los principios de indemnización por parte del Estado tras la comisión de una violación a los derechos humanos, esto no debe confundirse con la reparación integral que aspiran las víctimas, explicó.
“Una cosa es hablar de reparación integral y otra es la indemnización. La legislación venezolana no establece bases concretas para realizar una reparación integral. Aquí esta presente es la figura de la indemnización, comúnmente pecunaria. Hablamos del billetazo, dinero o hasta una bolsa de comida. Esto no es suficiente, no es una reparación integral”, puntualizó el experto.
Ollarves agregó que otro de los desafíos está en los juzgados del país, debido a la persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro y el llamado Efecto Afiuni, como un profundo miedo de los jueces a contrariar los intereses del gobierno, mediante la aplicación de los estándares más favorables de protección de derechos humanos establecidos en los convenios, pactos y tratados y internacionales.
“El concepto de indemnización no es suficiente. No nos sirve el procedimiento establecido en el código adjetivo penal”, sostuvo.
FAES desenmascaradas
El seminario virtual se desarrolló en el marco de la puesta en escena del microsite: “La masacre que desenmascaró a las FAES”; un análisis complementado por las voces de las víctimas sobrevivientes, quienes relataron su experiencia aquella madrugada del 11 de junio de 2020 cómo esos hechos cambiaron sus vidas y lo que ahora esperan del Estado.
En el mismo microsite que se estrenó este 14 de octubre, Proiuris comparte un informe donde se analiza el doble rasero por parte de las autoridades del Estado en torno al caso de la Masacre de El Limón.
“En medio de la contingencia y las dificultades para aproximarse a las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los protocolos establecidos por Proiuris para la documentación de violaciones de derechos humanos, optamos por el “caso centinela”, que a efectos de eventuales acciones de justiciabilidad se podría convertir en un “caso emblemático”, explicó el asesor editorial de Proiuris.
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Enfatizó que la Masacre de El Limón, denominada por la ONG como «La masacre que desenmascaró a las FAES», deja al descubierto un doble rasero, pues solo porque una de los asesinados era escolta de la ministra Varela Iris Varela hubo una respuesta inicialmente diligente.
“Decimos inicialmente porque a tres meses de la masacre no se ha concluido la investigación preliminar”, agregó.
En esta masacre, además, se repitieron varios de los 16 patrones de actuación de las FAES identificados por Proiuris, los cuales fueron confirmados por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
La matanza continúa
A través de un monitoreo de prensa Proiuris determinó que hubo una disminución significativa de las reseñas periodísticas sobre actuaciones de las FAES que concluyen en muertes, luego de que altos funcionarios del Estado señalaran su participación en la Masacre de El Limón.
“Las FAES se han visto expuestas como un cuerpo policial violador de derechos humanos, situación que por la reacción generada, compromete la imagen de las FAES hace que el cuerpo policial recurra al bajo perfil. Podríamos estar ante un nuevo patrón de actuación”, señaló uno de los investigadores de Proiuris.
El cese de actividad de las FAES luego de los señalamientos, y su posterior reactivación en presuntas ejecuciones extrajudiciales, denota la planificación y sistematicidad bajo la cual este cuerpo hace uso de la fuerza para vulnerar los derechos fundamentales de las personas y arrebatar vidas.
Este monitoreo reveló que antes de la Masacre de El Limón, las FAES tenían un promedio de 13 muertes por semana, lo cual lo ubica como el segundo cuerpo más involucrado en presuntas ejecuciones extrajudiciales, solo detrás del CICPC.
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“Estos lapsos totalizan 25 días luego de la Masacre del El Limón en los que las FAES redujeron su actividad en ejecuciones extrajudiciales casi en su totalidad”, de acuerdo con la data del monitoreo de prensa.
Un hallazgo importante que sustenta la hipótesis de la evasión mediática es que luego del informe de la Misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela, donde se señaló a diferentes funcionarios de cuerpos policiales y militares de cometer crímenes de lesa humanidad, las FAES redujeron nuevamente su participación en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
“Agosto fue un mes donde las FAES demostraron, otra vez, la brutalidad con la que suelen actuar. El registro de ejecuciones extrajudiciales fue de 56 víctimas para las FAES durante este mes”, explicó uno de los investigadores.
Para septiembre, mes en el que se publicó el informe de la misión de la ONU, registramos solo 11 presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a este cuerpo policial.
“Septiembre de 2020 es el mes con menos actividad letal de las FAES, de acuerdo con lo reseñado por los 50 medios digitales y regionales a los cuales se les realiza monitoreo”, concluyó.
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