A dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, el Tribunal 29° de Juicio de Caracas anuló la acusación de los dos funcionarios del Sebin, presuntos responsables de la muerte del dirigente opositor, mientras estaba bajo custodia de la policía política
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Este 8 de octubre, precisamente cuando se cumplen dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, el Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta de la acusación contra dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), procesados por el hecho, y ordenó que el proceso judicial regresara a la fase de investigación.
La decisión favorece a los funcionarios Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, acusados por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia.
“La decisión del Juzgado en la causa seguida a los ciudadanos Miguel David Dos Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal, donde funge como víctima el ciudadano quien en vida respondiera al nombre de Fernando Alberto Albán, se fundamentó en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal”, se lee en una nota oficial emitida por el Tribunal Supremo de Justicia .
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El tribunal estableció la violación del articulo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 262 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que se establecen el derecho a la defensa.
“La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso...”, indica la carta magna.
Para el abogado del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, la decisión tomada por el tribunal es una burla a la memoria del concejal Albán y beneficia a sus presuntos asesinos.
“Esa decisión favorece a los inculpados. Es un beneficio en favor de los funcionarios. Todo es un circo para aparentar que se hizo una investigación”, señaló Aguilar.
Continuó el abogado: “Esto es una burla, es un acto de cinismo. Lo que se anuncia es que se anuló la acusación de los funcionarios y se volverá a la fase de investigación, más no harán averiguaciones sobre la verdad de lo ocurrido, sobre el asesinato del concejal Alban”.
Aguilar aclaró que el Ministerio Público no ha hecho lo suficiente para individualizar responsabilidades por la muerte de Albán y que la única investigación fiscal que ha avanzado tiene como propósito determinar si estos dos funcionarios del Sebin incumplieron sus obligaciones como custodios de Albán.
«Se investiga un delito contra la administración de justicia, no un delito contra las personas, como lo es el homicidio del concejal Albán», puntualizó el abogado.
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“Me llamó la atención que colocaron al concejal Albán como víctima, a pesar de que el delito a que acusaron los funcionarios era de orden administrativo”, sostuvo.
Para Aguilar, los tribunales venezolanos no brindarán justicia en este caso: “Mientras esté el régimen usurpador que controla a la Fiscalía no tendremos justicia. Será en los tribunales internacionales que se podrá condenar a estos funcionarios por crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.
El concejal Albán habría sido asesinado mientras permanecía detenido en la sede de la policía política en Plaza Venezuela, el 8 de octubre de 2018.
Dos años después, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela sostuvo en su informe , publicado el 16 de septiembre de 2020, que existen motivos para creer que el concejal fue víctima una detención arbitraria, así como la privación de su vida.
“Sobre la base de la investigación realizada en el caso, la Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, se lee en el informe de la misión de la ONU.
