Con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 45/L.43, para ampliar el mandato de la misión de la ONU en Venezuela
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la ampliación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en la República Bolivariana de Venezuela por un periodo de dos años, la mañana de este martes 6 de octubre, en Ginebra, Suiza.
Con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas), se aprobó la resolución 45/L.43, mediante la cual la misión de la ONU podrá ratifica continuar con la documentación de violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Los países que votaron a favor de la ampliación del mandato de la misión de la ONU fueron: Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiyi, España, Eslovaquia, Italia, Islas Marshall, Japón, Países Bajos, Perú, Polonia, Ucrania y Uruguay.
Se abstuvieron de votar: Afganistán, Angola, Armenia, Bahréin, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo.
La representante de Perú ante el Consejo de los Derechos Humanos de señaló, durante la sesión, la necesidad de la misión de la ONU en el país para proseguir las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
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«Es necesaria para mejorar la situación en Venezuela, ya que hay que poner a las víctimas en el centro de las preocupaciones», sostuvo.
El delegado de Alemania, en representación de la Unión Europea, agregó: “La erosión del imperio de la ley en Venezuela y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país deben ser investigadas por el Consejo».
En el documento aprobado por el Consejo de los Derechos Humanos se insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la misión de la ONU.
“…les concedan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, incluidas las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcionen toda la información necesaria para cumplir sus mandatos y velen por que todas las personas tengan acceso sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y puedan comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques.”, se lee en el documento.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue creada en septiembre de 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en el país, específicamente detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El objetivo final es procurar la plena rendición de cuentas por parte de los autores de estos crímenes y la justicia para las víctimas.
En el informe de la misión de la ONU, divulgado el16 de septiembre, se determinó que hay razones creíbles para afirmar que Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz contribuyeron a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
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El documento reveló patrones de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, como las torturas aplicadas en centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim), algunos de ellos centros clandestinos de detención.
En el informe también se documentaron denuncias de violencia de género y sexual contra los presos políticos en el país. Se hizo mención especial de los atropellos cometidos contra las presas políticas.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales en el país, la Misión tuvo motivos para creer que Nicolás Maduro, cabeza del gobierno, así como los ministros de Interior y Justicia, promovían y conocían las practicas hechas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Respaldo a la oficina en Venezuela
Horas antes de aprobar la ampliación del mandato de la Misión de la ONU en Venezuela, los miembros del Consejo de Derechos Humanos votaron a favor de continuar con la asistencia técnica de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (Ancud) en Venezuela.
La resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y Venezuela fue aprobada por 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones.
La resolución respalda la presencia en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la cual el gobierno de Nicolás Maduro debe respeto, así como dar autonomía y pleno ejercicio del mandato.
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México fue el único país latinoamericano que votó a favor de la resolución presentada por el gobierno de Maduro. La mayoría de los países africanos y asiaticos en el Consejo aprobó la resolución.
Argentina calificó de grave la situación de los derechos humanos en Venezuela, por lo que manifestó su preocupación antes de la votación. Brasil señaló que se necesita la voluntad genuina del Estado venezolano para superar la crisis.
Perú, junto a otros 10 países, consideró que el Estado venezolano limitó la presencia de la oficina de Bachelet en el país para documentar violaciones de los derechos humanos.
Valero protestó
El representante de Venezuela ante el Consejo de los Derechos Humanos, Jorge Valero, protestó ante la resolución aprobada este martes, luego de que la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de Hechos.
Enfatizó que la resolución “busca la imposición de un mecanismo de monitoreo que no cuenta con el consentimiento de mi país ni de mi pueblo».
Calificó de «fantasmagórica» a la misión de la ONU. En su opinión: «La misión elabora informes falsos, sin rigor científico y ha despilfarrado casi tres millones de dólares».
El representante de Maduro criticó a la Unión Europea (UE), que apoyó la resolución, por guardar silencio ante las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
«Responden sumisamente a los intereses de una potencia colonial decadente, la de Donald Trump. Los Gobiernos del cártel de Lima son los más serviles y se arrastran sin vergüenza ante la bota imperial», expresó Valero.
