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Presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara disminuyeron en septiembre

ejecuciones extrajudiciales en Lara

El promedio mensual de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara entre enero y septiembre de 2020 es de 24. Sin embargo, en septiembre apenas se registraron cuatro muertes a manos de cuerpos de seguridad del Estado

Reporte Proiuris

Karina Peraza Rodríguez

Cuatro personas fueron asesinadas a manos de cuerpos de seguridad en el estado Lara durante septiembre de 2020. De acuerdo con el monitoreo de actuaciones policiales y militares en la entidad realizado por Proiuris, es el mes del año con menores procedimientos que culminan en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El promedio mensual de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara entre enero y septiembre de 2020 es de 24. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana es el cuerpo de seguridad al que más muertes se le atribuyen.

Las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara durante septiembre fueron identificadas como: Wilder Eduardo Torres Castillo, de 29 años de edad, por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Policiales (DIEP) de la Policía del Estado Lara; Alberth Javier Medina Gutiérrez y Gilbert Alberto Mendoza Sánchez, ambos de 27 años de edad, ultimados por funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Policía Nacional Bolivariana; y Harvis Eduardo Guaidot Rodríguez, de 26 años de edad, asesinado por funcionarios de las FAES.

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El registro de Proiuris indica que en marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, se registró la primera disminución de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad destacados en el estado estuvieron realizando labores de vigilancia en alcabalas, para controlar el tránsito de vehículos, así como en estaciones de gasolina. En marzo  se registraron 9 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara.

En abril y mayo se reanudaron los operativos policiales y militares y con ellos las muertes. En junio, hubo una  segunda disminución. Este descenso en los registros coincidió con la Masacre de El Limón, ocurrida el 11 de junio en el barrio El Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Allí funcionarios de las FAES mataron a cinco personas, entre ellas Walter Yánez, quien se desempeñaba como escolta de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Entre el 1°y el 12 de junio las FAES sumaron 6 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) las supero, con 10 homicidios. En total, en junio se registraron 18 muertes a manos de cuerpos de seguridad en la entidad.

En julio se mantuvo la misma cifra del mes anterior: 18 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En agosto, otro hecho de trascendencia nacional habría causado una nueva pausa en los operativos policiales y militares que concluyen en asesinatos. El asesinato de dos trabajadores del medio de comunicación Guacamaya TV, en Zulia, volvió a dejar al descubierto los excesos cometidos por las FAES, según lo admitió públicamente el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

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La Masacre de El Limón y el caso Guacamaya TV tienen un denominador común: alguna de las víctimas tenía vinculación con el oficialismo. Se presume que sólo por eso hubo una excepcional diligencia del Ministerio Público a efectos de investigar los hechos y avanzar en la individualización de responsabilidades penales.

Además, fuentes policiales indicaron a Proiuris que se acercaba el pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

El informe de la misión de la ONU confirmó que las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara y en todo el país no son hechos aislados y los directivos de los cuerpos de seguridad, e incluso los ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como el propio Nicolás Maduro, tienen conocimiento de las actuaciones policiales y militares que concluyen en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

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El 25 de noviembre, nueve días después de la publicación del informe de la misión de la ONU; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que en el transcurso de 2020 su oficina había registrado 2.039 muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

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