Colombia

Retornar a Venezuela fue más difícil que huir del país

retornar a Venezuela

Luego de retornar a Venezuela desde Colombia, una mujer y sus dos hijas de 6 y 3 años de edad fueron obligadas a permanecer en cuatro lugares de confinamiento a lo largo de dos meses, a pesar de que siempre sus exámenes dieron negativo para COVID-19.  La incertidumbre, la insalubridad y los malos tratos marcaron sus vidas

Reporte Especial Proiuris

Anggy Polanco

La precariedad en que vivía la obligó a huir a Colombia y la pandemia por la COVID-19 la obligó a retornar a Venezuela. El viaje de ida fue difícil, pero el de regreso fue peor.

Para proteger su identidad la llamaremos Vanessa. Es una madre soltera de 32 años de edad que en 2018 migró a Colombia con sus dos hijas de  3 y 6 años. Se estableció en Bogotá, pero la pandemia la dejó sin trabajo y, por ende, sin ingresos económicos para pagar el alquiler de una vivienda y, ni siquiera, para alimentar a sus familia. En julio de 2020 decidió retornar a Venezuela.

“Siento que ya no puedo más”, dijo a Proiuris  el 7 de septiembre, cuando era movilizada  de un albergue a otro, junto con otro grupo de personas que habían retornado de Colombia. 

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Antes de cruzar la frontera, Vanessa y sus dos hijas tuvieron que permanecer 13 días en La Parada, corregimiento de Villa del Rosario, en Norte de Santander, al igual que otros cientos de personas que aspiraban a retornar a Venezuela.

De allí fueron trasladadas a los campamentos dispuestos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Tienditas, en donde permanecieron por tres días más.

Al ingresar a Venezuela, tuvieron que pernoctar 6 días en un primer espacio habilitado en el terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira para las personas que retornan a Venezuela desde Colombia, los denominados Puesto de Atención Social Integral (PASI).

Luego las trasladaron a otro PASI instalado en la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), en la avenida 19 de Abril, en San Cristóbal. Allí permaneció  40 días sin saber cuándo podría reencontrase con los familiares y amigos que había dejado en Venezuela hace dos años.

“Nos dijeron que allí debíamos pasar otra cuarentena de 30 a 40 días. Que nos harían otras pruebas para verificar que no teníamos el coronavirus y nos dejarían llegar a nuestras casas en Venezuela”, cuenta Vanessa.

La mujer fue una de las que participó en las protestas por la insalubridad del PASI ubicado en la sede de la UNES en Táchira. Recuerda que en ese lugar no se sabía quién estaba contagiado por el nuevo coronavirus y quién no, y que todos estaban mezclados en ambientes comunes.

Lo que sí sabían todos es que en ese PASI se había instalado un cuatro de castigo, al que denominaban “Tigrillo”, como en las cárceles.  En septiembre de 2020 varios hombres recibieron brutales palizas por protestar. Además, el mayor castigo sería, como en las cárceles, el traslado a otro PASI, que los alejaba de su destino final en Venezuela.

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A las personas que estaban confinadas junto con Vanessa y sus hijas, las dividieron por los estados a donde se dirigían.  Las personas de los estados Aragua, Carabobo y Distrito Capital lograron salir a la calle y denunciar ante la prensa local que había mujeres con niños sin pañales ni alimentos en ese momento. 

Luego de las protestas, buena parte de los que allí estaban fue movilizada en un autobús a otro PASI. Nunca le dijeron cuál ni por qué. Si se atrevían a insistir en pedir explicaciones corrían el riesgo de sufrir represalias. Se sentían vulnerables ante el nuevo coronavirus, pero sobre todo ante los militares que imponían reglas arbitrariamente y por la fuerza.

A la distancia razona que la mayoría de las veces era necesario aguantar callados.

Horas después de la movilización en ese autobús se reportó desorientada. No sabía a dónde la habían llevado. Entonces, envió a Proiuris una foto de la fachada de la escuela donde se encontraba. Era el preescolar El Palotal, en San Antonio del Táchira. Inexplicablemente, los habían devuelto a la frontera.

La desorientación fue mayor por las informaciones contradictorias que les ofrecieron sobre su destino. Algunos comentaban que debían pernoctar 30 días más allí, otros les decían que a los días siguientes los llevarían de regreso a sus estados…

Califica como “terribles” las condiciones en las que dormían en los PASI: “Los colchones tenían resortes que se salían y las personas se cortaban”.

Contó que a los niños les daban un tetero por las noches que les causaba dolor de estómago: “La comida era hecha de mala gana, como si fuésemos unos presos. La gente no podía decir nada, porque si uno reclamaba, salían ellos y llamaban a las FAES para que les cayeran a palo a la gente”.

“Ahorita llevo una impotencia, una rabia. Lloro a cada rato”, expresó Vanessa a través de un mensaje telefónico cuando era trasladaba a un sitio desconocido junto a sus hijas.  

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El 10 de septiembre, Vanessa y sus hijas fueron llevadas a Maracay, estado Aragua. Estaba más cerca de su casa en Venezuela, pero aún debía cumplir otra cuarentena de 15 días, esta vez en un hotel.

Al llegar a este hotel, cuenta Vanesa, encontraron las habitaciones sucias: “Yo misma tuve que limpiar el cuarto donde nos metieron. Se suponía que debía ser un lugar higiénico, que debía estar desinfectado, pero no”.

A las personas que habían retornado a Venezuela desde Colombia las ubicaron en los pisos superiores del hotel, hasta tres en cada habitación; en los inferiores se alojaban los huéspedes habituales del establecimiento, que continuaba prestando servicios al público.

Estando ya más cerca de su casa en Venezuela, sus familiares le suministraban alimentos y  productos desinfectantes, como cloro y jabón.  Vanessa asegura que lo único que les daban de comida era arroz con frijoles chinos. “El agua tenía olor a óxido, por ello prefería esperar por la comida que me llevaba mi abuela”, recuerda. 

Vanessa cree que estos dos meses de reclusión en lugares de confinamiento hostiles es una especie de castigo por haber migrado. No descarta que los PASI se hayan convertido en un negocio para personas vinculadas al oficialismo que monopolizaban el suministro de alimentos.

La experiencia marcó a Vanessa y lo que más teme es que también haya afectado a sus dos pequeñas hijas.

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