Esperar por un asilo en Colombia lo ponía en peligro de muerte. Huyó de Venezuela a finales del 2018 con la esperanza de encontrar la atención oncológica que necesita. Este tachirense de 48 años de edad tuvo que renunciar al trámite para obtener el reconocimiento de refugiado. Prioritariamente necesita y merece derecho a la salud y a la vida
Reporte Especial Proiuris
Alicia Pepe
Empujado por el cáncer y el progresivo deterioro de la calidad de vida en Venezuela, Jesús (*) huyó a Cúcuta a finales de 2018. La prioridad era regularizar su condición migratoria para acceder al sistema de salud pública colombiano.
Por la falta de un pasaporte, no tenía opciones de acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento temporal creado por Migración Colombia para las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Tampoco lograría obtener una visa de residente (conocida como Visa tipo R) a pesar de que su hija menor goza de la nacionalidad colombiana.
En busca de información sobre cómo solicitar asilo en Colombia, Jesús visitó un Punto de Atención y Orientación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Allí le explicaron en qué consistía este procedimiento y cuáles son los derechos de los solicitantes de asilo: en primer lugar no ser devuelto al país de origen y, lo que requería este tachirense de 48 años de edad, afiliarse al sistema de salud público colombiano.
En la explicación de motivos ante la Cancillería de Colombia, Jesús hizo hincapié en el peligro que implicaba volver a Venezuela, ya que con un colapsado sistema de salud y sin medios económicos para costear su tratamiento oncológico corría peligro de muerte.
La inseguridad y el terror impuesto por colectivos armados oficialistas también aparecieron en su exposición de motivos. Antes de huir de Venezuela, Jesús había sido víctima de extorsiones y robos a mano armada en su negocio de autopartes, en San Cristóbal.
La historia de Jesús en los últimos años se resumió en una disyuntiva: esperar por un asilo en Colombia o luchar contra el cáncer en Venezuela.
La afiliación al Sisbén
Una semana después de formalizar la petición en Cancillería, Jesús retiró su salvoconducto con vigencia de 90 días en una oficina de Migración Colombia.
Con fatiga y dolor de huesos, se dirigió a una oficina del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), una entidad del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, destinada a atender las necesidades de personas en situación de pobreza.
A Jesús se le vino el mundo encima cuando la funcionaria que lo atendió le explicó que el procedimiento para acceder a una EPS (Entidad Prestadora de Salud) subsidiada podría demorar semanas, porque primero debía el Sisben calificaba para recibir protección del Estado colombiano.
A él le ocurrió lo mismo que a otros miles de migrantes venezolanos que están en la misma situación de esperar un asilo en Colombia: creer que el Sisbén es el organismo que brinda directamente servicios de salud e ignorar que realmente como un filtro para poder acceder a servicios públicos subsidiados.
Lea también: Ley migratoria de Colombia debe garantizar inclusión social, económica y cultural
Ese día Jesús lloró por el dolor físico y por la angustia de no saber cuándo podría continuar con su tratamiento médico en Cúcuta. Por fortuna, con el apoyo de unos amigos y de su ex esposa (radicada ya en Colombia), compró los medicamentos en la Liga Contra el Cáncer de Cúcuta para su nuevo ciclo de quimios.
Pese a la restricción de no poder regresar a Venezuela por esperar un asilo en Colombia, Jesús se devolvió a San Cristóbal para someterse al tratamiento y recuperarse.
En febrero de 2019, Jesús regresó a esperar por un asilo en Colombia, ya que desde el Sisbén le habían notificado que un encuestador lo visitaría pronto.
Luego de una revisión de las condiciones en las que vivía en Colombia, el funcionario del Sisbén se marchó con el cuestionario lleno de respuestas. Sin saber qué puntaje había sacado en la encuesta, le tocó seguir esperando. Mientras tanto, renovó su salvoconducto por otros 90 días.
En marzo Jesús sufrió una recaída que lo obligó a ingresar a la urgencia del hospital Erasmo Meoz. Sin una ruta de atención institucional para personas refugiadas y con enfermedades crónicas no transmisibles como cardiopatías, cáncer, diabetes, entre otras, Jesús solo recibió atención inicial por urgencias para controlar su falla respiratoria y fue dado de alta el mismo día.
La inscripción en una EPS
En abril, el solicitante de asilo verificó lo resultados de la encuesta realizada por el Sisbén. Su puntaje fue menor a 54, lo que significaba que podía acceder al régimen subsidiado de salud.
Sin embargo, estaba a punto de librar otra larga batalla institucional: inscribirse en una EPS para darle continuidad a su tratamiento médico en contra de la leucemia. Esperar por un asilo en Colombia seguía atentando contra su salud y su vida.
Los amplios lapsos de espera para la aprobación de una consulta en Medicina General volvían a poner en jaque la salud de Jesús, quien requería urgentemente un nuevo ciclo de quimioterapias y tratamiento nutricional para recuperar el peso y las energías perdidas.
El día tan esperado por Jesús llegó en mayo del 2019, cuando le confirmaron su primera cita en Medicina General. Alistó todos los exámenes y constancias recibidos por los médicos en Venezuela. No obstante, para su desgracia, el médico tratante le informó que en Colombia no se le podía dar continuidad al tratamiento iniciado en Venezuela, sin antes hacer un nuevo diagnóstico.
Esto implicada nuevas pruebas, análisis y visitas a Medicina General antes de aprobar la remisión a un oncólogo. Un retroceso que Jesús no podía permitirse. La necesidad de someterse a otro ciclo de quimioterapias obligó nuevamente a Jesús a regresar temporalmente a Venezuela y violar la restricción impuesta a los solicitantes de asilo de no retornar al país de origen. Y es que no podía esperar un asilo en Colombia.
Lea también: Proceso de Quito gestiona ayuda para la migración venezolana en el contexto COVID-19
Esta vez, gracias a “potazos” hechos por sus amigos y una campaña en la plataforma GoFundme, Jesús pudo adquirir los medicamentos y los recursos para repetir el ciclo en San Cristóbal. En junio de 2019, volvió a Colombia por tercera vez, para renovar por otros 90 días su solicitud de asilo.
Para realizarse los exámenes médicos de alta complejidad que requería debía esperar hasta agosto, al igual que la cita con un oncólogo. La esperanza de que su enfermedad fuera tratada en Colombia se esfumaba con el pasar de los días.
Agotado y sin recursos económicos para permanecer en Cúcuta, desistió del proceso de reconocimiento de la condición de refugiado. Urgido por la necesidad de superar el cáncer, retornó a Venezuela. Como Jesús, 17.000 personas venezolanas esperan que el Estado colombiano les conceda asilo formalmente.
La interminable espera
Colombia es el mayor receptor de personas venezolanas, la mayoría de las cuales huyó de la emergencia humanitaria compleja en el país. Sin embargo, los registros oficiales de la Cancillería colombiana indican que apenas se han concedido 140 asilos.
Acnur ha determinado que la mayoría de las personas venezolanas que han huido de su país se encuentran “necesitadas de protección internacional bajo el criterio establecido en la Declaración de Cartagena, sobre la base de las amenazas a su vida, seguridad y libertad”.
Lublanc Prieto, abogada binacional y representante de la organización Fundacolven, añade que los venezolanos en Colombia deben ser reconocidos como refugiados “porque vienen de un país donde se les ha violado sistemáticamente sus derechos humanos”.
Acerca del salvoconducto, detalló las restricciones que presenta este documento: “Con este documento el solicitante no posee un número de identificación válido en Colombia, por lo que no puede realizar trámites legales y administrativos. Tampoco puede registrar a sus hijos nacidos en Colombia. Además, la respuesta del reconocimiento es muy lenta, de 1 a 2 años”.
Reformar el sistema para que esperar por un asilo en Colombia no implique la vulneración de otros derechos de los solicitantes y sea cónsono con el flujo migratorio procedente de Venezuela es el gran reto planteado, a propósito de del debate sobre la Ley de Política Migratoria Integral, cuyo proyecto permanece en el congreso colombiano.
El acceso a una visa
Otro aspecto que marcó la espera por un asilo en Colombia e imposibilitó que Jesús pudiera regularizar su estatus de manera rápida fue el complicado acceso a una Visa R (de Residente), un documento con el cual los padres extranjeros de hijos colombianos pueden residenciarse de manera formal en el país.
Lo costoso del procedimiento y la amplia discrecionalidad que aplica la Cancillería colombiana para su aprobación, impide obtener el documento a las personas venezolanas que necesitan protección internacional.
Sin un pasaporte y mucho menos dos millones de pesos para su tramitación, Jesús tampoco pudo optar por este recurso para establecerse en Colombia y ganarle la batalla al cáncer. Hoy su lucha por vivir continúa en Venezuela.
*Jesús es un nombre ficticio para resguardar la seguridad del protagonista de esta historia
