Con las armas que el Estado les suministra para proteger a la ciudadanía, policías y militares venezolanos controlan negocios criminales, como la extorsión y el contrabando, según información recabada por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU
Reporte Proiuris
Edgar López
En otros informes sobre la brutalidad policial en Venezuela se había señalado que la política de mano dura que rige los planes gubernamentales de seguridad ciudadana tienen dos propósitos: 1) demostrar eficiencia en la lucha contra la delincuencia, a pesar de que ello implique combatir la violencia con más violencia fuera del marco del Estado de Derecho, y 2) imponer el terror en la ciudadanía como un mecanismo de control social y político.
Sin embargo, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 16 de septiembre de 2020 va más allá, pues se afirma que los policías y los militares se apoderaron de negocios criminales.
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“El análisis de los planes, las políticas y el discurso del Estado en materia de seguridad realizado por la Misión, revela una referencia constante a las amenazas de desestabilización del Gobierno y a las “amenazas al orden interno”, indica el informe.
A modo de ejemplo, se señala que en el Plan Zamora, implementado en abril de 2017 en el contexto de las protestas gubernamentales masivas, el crimen organizado y, en general, los delincuentes fueron incluidos en las listas de enemigos internos.
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La misión de la ONU cita estadísticas del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sobre muertes a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: 1.383 en 2014, 2.596 en 2015, 5.995 en 2016, 4.998 en 2017, 5.287 en 2018 y 1-569 hasta julio de 2019.
A partir de los datos oficiales, la misión de la ONU afirma: “…se han adoptado tácticas de seguridad cada vez más agresivas que han dado lugar a una serie de violaciones de los derechos humanos, en particular un elevado número de ejecuciones extrajudiciales”.
Efectismo
El primer motivo de la política de mano dura señalado por la misión de la ONU tiene que ver con un efecto de opinión pública: “Demostrar que el Gobierno responde al problema social de la inseguridad siendo duro con la delincuencia».
Funcionarios gubernamentales de alto nivel han publicitado las muertes ocurridas en las operaciones de seguridad, durante las conferencias de prensa, en los sitios web oficiales y/o en los medios de comunicación social, presentándolas como un indicador de los resultados de la operación. De hecho, hay un cierto nivel de apoyo público a un enfoque de seguridad severo, complementa el informe.
En el informe de la misión de la ONU se citan los resultados de un estudio realizado en 2020 por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Más de 30% de los entrevistados declararon que “están muy de acuerdo” (12,9%) o “están de acuerdo” (19,4%) en que el “Gobierno tiene derecho a matar a los delincuentes”.
Terror
Cuando el propio Estado fomenta el terror y los negocios criminales hay más razones para preocuparse.
La misión de la ONU expuso una segunda razón de la brutalidad policial en Venezuela: “Generar miedo y reforzar el poder con fines de control social para reducir la posibilidad de que se produzcan levantamientos políticos, especialmente en los barrios urbanos más pobres (zonas que antes eran bastiones del chavismo), donde el apoyo al Gobierno se ha erosionado a medida que se ha profundizado la crisis económica y han aumentado las protestas contra el Estado”.
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La misión de la ONU considera que los llamados “patriotas cooperantes”, que operan como informantes anónimos del gobierno y de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han contribuido al terror “al vigilar a nivel local, identificar y denunciar a los sospechosos a la policía”.
Se precisa que el Decreto Presidencial Nº 2323, dictado el 13 de mayo de 2016, le atribuyó a estos grupos funciones de vigilancia, “para que conjuntamente a las fuerzas armadas militares y policiales, trabajaran por ‘mantener el orden público y garantizar la seguridad y la soberanía del país’”.
Dinero
El aporte más novedoso de la misión de la ONU en materia de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado consiste en su incursión en negocios criminales hasta el extremo de llegar a controlar las economías y mercados delictivos.
“La Misión reunió información creíble acerca de la participación de la policía en diversas actividades ilícitas, entre ellas el control de la gasolina, el traslado y la venta de contrabando y las extorsiones (denominadas “vacunas”) a cambio de “seguridad y protección a los establecimientos comerciales”.
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“En los casos investigados por la Misión –prosigue el informe-, algunas de las personas que presenciaron los hechos han indicado que las propias operaciones policiales y militares contemplaban incentivos económicos por la comisión de violaciones, dado que los agentes de las fuerzas de seguridad solían llevarse dinero, alimentos y objetos de valor durante los allanamientos de los hogares de las personas que mataban o detenían. En el contexto de las operaciones militares y de policía, éstos incentivos se denominaban ‘botín de guerra’”.
