La misión de la ONU recabó información sobre las instrucciones que supervisores de las FAES dan a los funcionarios que finalmente están involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Algunos refirieron que les requerían una cuota de asesinatos por jornada
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Ex funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana informaron a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que sus superiores les exigían una cuota de asesinatos por jornada. El cumplimiento de la orden de matar se premia y el incumplimiento se castiga, se explica en el informe de la misión de la ONU.
“Dos ex oficiales de la FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a ‘matar inocentes’”, se lee en el informe divulgado el 16 de septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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«Ex oficiales de la FAES revelaron a la Misión que los directores regionales de la FAES pedían estadísticas de muertos y detenidos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Un oficial de la FAES indicó que, al personal de la FAES se le dieron instrucciones como ‘hoy quiero un muerto […] cada brigada tiene que tener un muerto”, indica el documento.
La misión explicó que el incumplimiento de las cuotas de asesinatos de presuntos delincuentes, acarreaba sanciones a los funcionarios. De modo que el cumplimiento de las metas impuestas por los superiores implicaba matar personas a como diera lugar.
Por otro lado, cumplir con las políticas de eliminación de presuntos delincuentes es premiado con reconocimientos y ascensos. Y, además, se les garantizaba la protección ante cualquier procedimiento penal en su contra; es decir, parte del premio era garantía de impunidad.
«Las investigaciones de La Misión revelaron un entendimiento común dentro de estas fuerzas respecto a la ‘eliminación’ de individuos durante las operaciones, independientemente de si el uso de la fuerza era necesario y proporcionado», abunda el informe.
«Algunos funcionarios de la FAES decían que creían que su misión era eliminar a las personas que son escoria de la sociedad, para realizar una “limpieza social”. Hay información de que la policía mataría sólo porque la persona no le caía bien»
FAES y Cicpc: los mismos patrones
En materia de ejecuciones extrajudiciales, la misión de la ONU documentó 18 casos que involucran a las FAES y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que son los dos cuerpos de seguridad del Estado venezolano a los que se atribuye la mayor cantidad de ejecuciones extrajudicialesos de seguridad, cuyos resultados eran ejecuciones extrajudiciales, y determinó una serie de patrones en sus acciones.
La misión de la ONU precisó seis patrones que son denominadores comunes de las actuaciones de las FAES y el Cicpc:
- Alterar la escena del crimen y/o destruir la información forense.
- Simular un tiroteo.
- Simular que la víctima escapaba.
- Disparar con la mano de la víctima para dejarle rastros de pólvora que luego serían detectados en los exámenes forenses.
- Plantar armas, a menudo un arma de calibre .38.
- Trasladar a las víctimas a los hospitales, incluso si la persona está muerta y en algunos casos retrasar el traslado de la víctima al hospital.
El código 80
80 es el código para matar utilizado por los funcionarios de las FAES y del Cicpc. Pronunciar ese número a través de las comunicaciones radiales de ambos cuerpos policiales equivale a una sentencia de muerte, pues se asumía como una instrucción precisa para «eliminar” al presunto delincuente.
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“También se utilizaron las radios para realizar verificaciones de antecedentes, tras lo cual el jefe de la operación, en comunicación directa con su superior, solicitó y recibió ‘luz verde para matar’. Esta instrucción se transmitía en código: ‘ochenta’; salir y encontrar a alguien a quien matar se denomina ‘salir a ochentera”, se lee en el informe.
A través de las entrevistas con exfuncionarios de las FAES y el Cicpc, la misión determinó que las órdenes de los superiores eran claras: si la persona era buscada por asesinato había “luz verde para eliminarlo”.
Triangulo vital
El disparo en las zonas vitales del cuerpo, específicamente en el tórax, es un modus operandi recurrente en los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES y al Cicpc.
La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax con uno o dos disparos. Estos disparos en las zonas vitales del cuerpo causan una muerte casi instantánea.
“Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado por la Misión dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos como ‘cuadrar a la gente’. Este entrevistado dijo que hay un ‘triángulo’ desde el pecho de la víctima hacia arriba ‘donde se permite disparar a la gente’. Esto parece indicar una falta de intención de emplear una fuerza menos letal para contener o detener al presunto delincuente”, se lee en el informe.
Con o sin antecedentes penales
“Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar ‘resultados’ en la lucha contra la delincuencia”, se lee en el informe.
Sin embargo, no es un requisito imprescindible que la persona tenga antecedentes penales para que los funcionarios de las FAES y el Cicpc la ejecutaran. Los agentes de ambos organismos, a su entera discreción, deciden si las matan o no, se explica en el documento.
Las razias son selectivas. No solo buscan a personas con antecedentes penales, sino también aquellos que viven en zonas pobres del país, con el fin de suprimir intentos de levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La misión determinó que la política de mano dura contra la delincuencia, pareciera corresponder a situaciones que generan miedo con el fin de reforzar el poder del control social.
Entrenamiento deficiente
La misión de la ONU destacó que la capacitación de los oficiales de la seguridad, tanto de las FAES como el Cicpc, es deficiente. En lugar de garantizar el respeto a la vida de todas las personas, se alentó a los funcionarios a “matar a los delincuentes sin compasión”.
“La Misión no ha podido encontrar ninguna información de órdenes específicas destinadas a prevenir este tipo de delito, representar o criticar la conducta delictiva. Por el contrario, poco después de haber sido instado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a disolver las FAES, el presidente anunció en un acto público lo siguiente: ‘Todo el apoyo a las FAES en su labor diaria de brindar seguridad al pueblo de Venezuela, ¡viva las FAES!”, se recuerda en el informe.
Impunidad generalizada
La impunidad en los casos relacionados a las actuaciones policiales que concluyen en presuntas ejecuciones extrajudiciales es un patrón común identificado por los miembros de la misión de la ONU.
“En casi todos los casos investigados, los familiares de las víctimas dijeron a la Misión que los procesos no se habían llevado a cabo o no existían avances significativos a pesar del tiempo transcurrido”, se lee en el informe.
A través de entrevistas con ex fiscales y funcionarios policiales, la Misión determinó patrones de represión contra las personas que denunciaban los actos, así como las personas que investigaban los hechos.
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“Un ex fiscal dijo a la Misión que cuando las FAES empezaron a operar en el estado en que residía comenzaron los asesinatos. El fiscal encontró pruebas suficientes para iniciar una investigación contra ciertos funcionarios de la FAES por ejecuciones extrajudiciales. Cuando el fiscal se negó a aceptar la solicitud del superior de detener la investigación, los oficiales de la FAES vinieron y registraron la casa del fiscal sin una orden”, se lee en el informe.
Los agentes de las FAES le habrían indicado al ex fiscal que: “usted es el que no nos deja hacer nuestro trabajo, no seguimos sus instrucciones, sólo seguimos las instrucciones del presidente […] déjenos hacer nuestro trabajo, vinimos a limpiar esta ciudad”.
Sobre la base de los tesimonios ofrecidos por familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la misión también denunció amedrentamientos.
“En varios casos, los familiares de las víctimas denunciaron haber sido amenazados y perseguidos por denunciar y dar seguimiento al caso. Algunos lograron obtener medidas de protección. Sin embargo, en algunos casos, estaban protegidos por la misma fuerza policial que habían denunciado. Un entrevistado ha indicado que las FAES operan en el entendido de que son intocables”, señaló.
Cadena de mando
La misión de la ONU considera que las ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES y el Cicpc corresponden a una política de Estado sistemática y generalizada. Privan órdenes superiores, enfatizó la misión de la ONU en su informe, por lo cual está comprometida la cadena de mando.
Según la misión de la ONU, los directores de las FAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como Nicolás Maduro, están al tanto de las ejecuciones extrajudiciales .
“La Misión ha recibido información de que, si bien los niveles superiores de la cadena de mando sólo ven las estadísticas de las muertes que se han producido y la cantidad de drogas incautadas, están ‘al tanto de lo que está pasando’. Un ex oficial de la FAES con conocimiento directo dijo a la Misión que los informes llegan al director de la FAES y éste se reúne con el ministro del Interior. Según esta fuente, ambas personas saben lo que sucede, aunque no conocen los detalles de cada ejecución extrajudicial”, se lee en el informe.
