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Familiares de Albán: “Toda la cadena de mando del Sebin debe pagar por el asesinato”

Concejal Albán

Los detalles de la muerte del concejal Albán referidos en el informe de la misión de la ONU servirán para impulsar la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Reporte Proiuris

Erick S. González Caldea

A casi dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, sus familiares agradecen a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que haya verificado que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son responsables del asesinato ocurrido el 8 de octubre 2018.

“El informe de la misión de la ONU ratifica lo que hemos pensado desde un principio: que fue un asesinato y no un suicidio, y que toda la cadena de mando del Sebin es responsable y debe pagar. Sí estamos avanzando en el camino a la justicia”, expresó Meudy Oslo, esposa de Fernando Albán, a través de una conferencia de prensa virtual.

En el informe de la misión de la ONU se señala que hay motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en la muerte de Albán, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.

“La Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, se lee en el informe.

Para los familiares del concejal esto representa un aliciente y usarán el informe para impulsar la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH).

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El abogado del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, consideró que el informe de la misión de la ONU no solo es relevante, sino también contundente.

“Considero que el informe es relevante y significativo en comparación a los anteriores. Este es un informe de determinación de hechos y, en ese sentido, tiene naturaleza probatoria. La misión busco documentos y hasta le dio oportunidad al régimen para que se defendiera”, señaló Aguilar.

 “Con este informe podemos insistir más en el caso. En el informe se precisaron las grabaciones en el piso 10 del Sebin, donde interrogaban a Fernando.  Tarek (William Saab, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente) dice que no hay imágenes en las cámaras, pero la misión aseguró existen mecanismos probatorios para mostrar lo que ocurrió”, ratificó.

Sin acceso al expediente

Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz, recordó que el caso del concejal Albán estaba plagado de irregularidades, debido a que no se llevaron a cabo las actividades básicas en la investigación por parte del Ministerio Público.

“Los familiares nunca recibieron copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente, a pesar de ser solicitada por la CIDH, poco después de la muerte del concejal”, señaló.

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Claudio Grossman, profesor de la Academy on Human Rights, señaló que la Fiscalía no tuvo disposición para comunicarse con los familiares Albán para hacer la autopsia independiente.

“Los familiares fueron perseguidos y hasta el abogado del concejal Fernando Albán tuvo que salir de su país; precisamente por insistir en la investigación en la muerte del concejal. Esta más que claro que existe una una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato y en la persecución que existe”, expresó Grossman.

El jurista sostuvo que la falta de acceso a las pruebas y expedientes por parte de la familia y abogados del concejal “hablan por sí solas”.

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