Los seis centros clandestinos de detención de la Dgcim están en Caracas y fueron identificados a través de las entrevistas con víctimas, familiares y ex funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
La creación y uso de centros clandestinos de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es uno de los principales hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Los seis centros clandestinos de detención de la Dgcim ubicados por la misión de la ONU están en Caracas y fueron identificados a través de las entrevistas con víctimas, familiares y ex funcionarios de la Dgcim.
- Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso.
- Una casa en el área de Bello Monte de Caracas.
- Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas.
- Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército tienen su sede
- Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el Estado Miranda
- Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda
“La investigación de la Misión reveló que la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o no oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado. Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros non-oficiales de detención”, se lee en el informe.
Torturas en el «cuarto de los locos»
La misión de la ONU investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados; así como a civiles asociados.
Las torturas se aplicaron de forma generalizada y sistemática, contra los detenidos en las sedes oficiales como en los centros clandestinos de detención de la Dgcim.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, se lee en el informe.
El catálogo de torturas fue enumerado como sigue:
- Golpes fuertes con bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados.
- Esposas excesivamente apretadas que provocan cortes en las muñecas
- Asfixia con sustancias tóxicas y en agua
- Posiciones de estrés conocidas como “el pulpo” y “las crucifixiones”
- Condiciones de luz constante, aislamiento en cuartos oscuros durante días, prohibición del uso o el acceso a los baños, mantener el/la detenido/a con ojos vendados.
- Cortes y mutilaciones incluyendo en la parte inferior de los pies y las uñas
- Choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo (incluyendo los genitales)
- Privación de comida y agua, comer del suelo, alimentación forzada de heces
- Tortura psicológica, incluyendo amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares.
En el informe de la misión se hace una descripción detallada de los espacios de reclusión en la sede principal de la Dgcim, ubicada en la urbanización Boleíta, en el municipo Sucre del estado Miranda.
Se precisa que en los calabozos de Boleíta muy pocos detenidos tienen espacio para dormir; y aquellos que tienen, duermen en plataformas de cemento, con un colchón muy delgado. Además, los mantienen con vendas en los ojos y esposados.
“Las células de la DGCIM Boleíta están en el sótano, llamado Sótano 1, sin luz natural ni ventilación. Las celdas miden alrededor de 2,75 x 2 metros, a menudo con dos o tres ocupantes. Personas detenidas allá previamente dijeron a la Misión que la iluminación artificial estaba encendida las 24 horas del día, lo que afectaba la noción del tiempo. Las celdas no tenían baños y los detenidos tenían que hacer sus necesidades en bolsas”, se lee en el informe.
Hay una mención especial al llamado «cuarto de los locos», que era utilizado como celda de castigo: «El cuarto tenía paredes acolchadas y los detenidos dormían en el suelo. Al igual que en las celdas normales, no había acceso al baño, por lo que los detenidos tenían que utilizar
una bolsa de plástico que se cambiaba una vez a la semana. Guardias proporcionaban comidas una o dos veces al día, en pequeñas porciones, ‘suficientes para mantenerte vivo'».
En el informe de la misión de la ONU también se mencionan otras celdas de castigo identificadas como “El Ascensor” y “El Cuarto de Torturas con
Agua”, también conocido como “El Submarino”, donde se sumerge a los detenidos en tanques de agua. Sin embargo, los investigadores de la misión no obtuvieron más detalles sobre estos sitios.
Represión selectiva
Las actuaciones del Dgcim se concentraron en su mayoría contra militares contrarios a las políticas del gobierno de Nicolas Maduro. Muchas de las acusaciones son con bases en presuntas conspiraciones contra la cabeza del gobierno.
Las víctimas fueron señaladas de estar involucradas en supuestas operaciones para desestabilizar al país o intento de presuntos asesinatos.
“Desde 2017 se han producido una serie de detenciones de oficiales militares actuales y anteriores presuntamente implicados en intentos de golpe de Estado para derrocar al Gobierno del Presidente Maduro. A medida que aumentaron las presuntas conspiraciones, también aumentó el número de actos de operaciones de contrainteligencia en su contra”, se lee en el informe.
Las víctimas fueron detenidas sin ordenes judiciales expedidas por jueces competentes.
“La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual”.
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Al momento de arrestar a las víctimas, los funcionarios de la Dgcim usaron capuchas y mascarillas, además de uniforme oscuros con el fin de no ser identificados.
“Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos”, se lee en el informe.
Desapariciones forzadas
La desaparición forzada de las víctimas es habitual en todos los casos documentados por la misión de la ONU. A tales efectos también se habrían utilizado los centros clandestinos de detención.
La Misión observó una discrepancia entre fechas del último paradero conocido de las víctimas y la fecha oficial de la detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión. Sus familiares no fueron informados sobre el sitio de reclusión hasta horas o semanas después del arresto.
“La Misión tiene motivos fundados para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración durante el período que se examina. Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante períodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.
Violencia sexual y de género
Una actuación recurrente de los funcionarios de la Dgcim identificada por la misión de la ONU es la violencia sexual o basada en género, las cuales se habrían aplicado tanto en las sedes ociciales como en los centros clandestinos de detención.
“En tres de los casos investigados, la DGCIM perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos. La violencia sexual o de género puede equivaler a la tortura o a un trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias. Esto incluye la violación, las amenazas de violación a una persona o a sus familiares, la desnudez forzada”, se lee en el informe.
Incomunicación
Las visitas de familiares y abogados de los detenidos, así como los traslados a tribunales fueron administradas arbitrariamente por los funcionarios de la Dgcim.
La misión de la ONU estableció la entrega de alimentos, medicinas, agua potable y otros artículos de higiene básica suministrados por los familiares de los detenidos, dependían de la discreción de los funcionarios. Solo se permitía cada 15 o 20 días.
En el informe se indica que en algunas ocasiones funcionarios de la Dgcim rechazaban la entrega de suministros y, a veces, robaban los artículos.
“Con frecuencia, a las personas detenidas no se les permitía llamar a sus familiares, y las llamadas a veces se limitaban a dos minutos cada dos semanas. En el momento de redactar el presente informe, debido a la pandemia del Covid-19 las personas detenidas llevaban aproximadamente seis meses sin autorización a visitas de familiares o representantes legales», se lee en el informe.
Médicos forenses cómplices
La complicidad entre los agentes de la Dgcim y otros funcionarios públicos tiene una mención específica en el informe de la misión de la ONU.
Los análisis médico-legal realizados por médicos forenses del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) no mostraban la realidad de las heridas consecuencias de las torturas. También actuaron con negligencia al presentar sus informes forenses de las víctimas.
“En la mayoría de los casos investigados, las víctimas no fueron llevadas a un profesional médico antes de su comparecencia inicial ante el tribunal. En algunos casos, los profesionales médicos del SENAMEF evaluaron a los detenidos y certificaron que estaban en buenas condiciones físicas, a pesar de que los detenidos presentaban lesiones visibles”, se lee en el informe.
