A propósito del informe de la Misión de la ONU, la experta Milagros Betancourt considera que la Corte Penal internacional debe cumplir una función preventiva e incorporar este documento para concluir el examen preliminar de las denuncias que ya habían sido formuladas contra Nicolás Maduro y avanzar a la fase judicial
Reporte Proiuris
Alejandro Romero
«La Corte Penal Internacional no está solo para castigar, sino también para prevenir crímenes de lesa humanidad». La afirmación corresponde a la experta en Derecho Internacional Público Milagros Betancourt, sobre las incidencias del informe de la misión de la ONU, publicado este 16 de septiembre y según el cual Nicolás Maduro y sus ministros ordenaron o contribuyeron con crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«(Prevenir) es una de sus funciones principales como organismo independiente. De retardar más el proceso, la Corte Penal Internacional no estaría cumpliendo con su función preventiva estipulada en el Estatuto de Roma. Dado el contexto y lo concreto del informe, están en obligación de tomar una decisión cuanto antes», explicó a Proiuris.
Betancourt explicó que corresponde a la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, evaluar la pertinencia de incorporar el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela al examen preliminar de las denuncias que han sido formulada contra Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores.
En febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició formalmente el examen preliminar de las violaciones de derechos humanos que se le atribuyen a Maduro y otros altos funcionarios gubernamentales de Venezuela.
Siete meses después, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá formalizaron una denuncia conjunta contra Maduro por detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Era la primera vez en 16 años de existencia de la Corte Penal Internacional, que entró en vigencia en 2002, que un Estado denunciaba a otro, lo cual constituye un indicio de la gravedad de los atropellos cometidos en Venezuela y la preocupación que ello ha generado en la comunidad internacional.
«Es decisión de la fiscal, quien tiene la obligación jurídico-profesional, así como moral, de examinar los hechos, revisarlos y asumir las decisiones que sean pertinentes para avanzar en relación a la etapa preliminar», dijo quien fuera representante de Venezuela en las negociaciones del Estatuto de Roma.
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Sin embargo, advirtió que este tipo de procesos suelen ser lentos: «De acuerdo con el Estatuto de Roma, la fiscal puede tomar el tiempo que sea necesario. Recordemos que antes del caso de Venezuela, la Corte ha procesado casos con retardos de años durante la etapa preliminar», considera Betancourt.
– ¿Qué otros insumos serían necesarios para la Corte Penal Internacional para avanzar en la conclusión del examen preliminar sobre Venezuela?
-Es demoledor y contundente lo que detalla el informe. Lamentablemente, queda bajo criterio de la Corte, que goza de completa independencia, si el informe es utilizado como un recurso o descartado. Todo depende de la fiscal.
– Hay una exhortación expresa en el informe para que la Corte Penal Internacional tome en cuenta las necesidades de justicia de las víctimas.
-La solicitud del informe es un llamado de atención. Sería un desatino en materia jurídica que la fiscal no incorpore las necesidades de las víctimas como un elemento para avanzar a la etapa judicial.
Debemos ser objetivos. La etapa de juicio está prelada por la decisión de la fiscal y su equipo. El informe determina que Maduro y sus ministros son responsables de crímenes de lesa humanidad. La competencia de la Corte es atender la exhortación que se le hizo y examinar con detenimiento a los presuntos responsables».
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Betancourt enfatizó que la Corte Penal Internacional determina la responsabilidad individual. «En este informe se dice que las violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas, organizadas y con conocimiento de altos funcionarios. La evidencia es notoria, por ende es correcto que la Corte, apegada al principio preventivo, tome las acciones», sostiene.
«Sería lamentable para los intereses de la justicia que la fiscal no atendiera la exhortación de la misión de la ONU . Aunque basándonos en los antecedentes, todo indica que el proceso va a tardar», concluye la abogada.
