La misión de la ONU considera que el gobernante, los ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como los directores de los cuerpos de seguridad del Estado deben responder penalmente por las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas sistemáticamente en Venezuela
Reporte Prouris
La ONU considera que Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz «ordenaron o contribuyeron» a la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas», se indica en el informe presentado este 16 de septiembre de 2020, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 45° Período de Sesiones.
El documento precisa: «Los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones deben ser debidamente investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad
penal individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias legislaciones, o internacional».
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Y acotó: “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”
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¿De dónde surge este informe?
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se creó hace casi un año, el 27 de septiembre de 2019, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014. El objetivo de esta misión es «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”
¿Cuáles fueron los hechos determinados?
Asesinatos arbitrarios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales,
torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes -incluyendo violencia sexual y de género-, desapariciones forzadas (a menudo de corta duración) y detenciones arbitrarias.
¿Por qué son crímenes de lesa humanidad?
Porque son crímenes cometidos de manera sistemática y generalizada contra una población civil. La misión de la ONU «identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad».
¿Quiénes son las víctimas?
La Misión considera que en Venezuela se aplica una represión selectiva: «Las principales personas contra quiénes se dirigieron las violaciones eran a menudo críticos del gobierno con un alto perfil público o personas que lograron prominencia o eran percibidas como una amenaza debido a sus acciones. Entre ellas se encuentran principalmente activistas sociales y dirigentes políticos liderando las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de conspiración golpista o de otro tipo».
«Las agencias de inteligencia también reprimieron a otros perfiles que se consideraba que desafiaban las narrativas oficiales, incluyendo a algunos funcionarios/as públicos, jueces/juezas, fiscales, abogados/as, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y blogueros y usuarios de redes sociales», se agrega en el documento.
¿Quiénes son los presuntos responsables?
En primer lugar se señala a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «Los servicios de inteligencia del Estado han desempeñado un papel integral en los patrones de las violaciones cometidas. Las agencias de inteligencia identificaron los blancos de la represión, realizaron arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a las personas detenidas».
«La Misión investigó 33 casos (en los que las víctimas eran 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró motivos razonables para creer que el Sebin arrestó, detuvo y/o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos», se precisa.
Y en cuanto a la Dgcim, se señala: «La Misión investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares actuales y ex militares y a civiles asociados a ellos».
En materia de ejecuciones extrajudiciales, se señalan como principales responsables a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
«Entre 2014 y 2018, el Cicpc fue la fuerza de seguridad más implicada en los casos (45,4%). Posteriormente, en 2019, el PNB/FAES fue identificado como responsable en la mayoría de los casos (64,5% de los casos)», se indica en el documento.
¿Por qué se señala individualmente a Maduro y a sus ministros?
Porque Maduro, los ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y los directivos de los cuerpos de seguridad del Estado que han ocupado esos cargos desde 2014 hasta el presente tenían y tienen el poder de supervisión de los funcionarios que ejecutaron cada uno de estos crímenes y no lo ejercieron para evitarlos, como tampoco han hecho lo que les corresponde para investigarlos, juzgarlos y sancionarlos.
¿Cómo se hizo el informe?
Se realizaron entrevistas a víctimas, familiares, abogados/as y testigos con conocimiento directo de los incidentes; a ex funcionarios/as del gobierno, la policía, los servicios de inteligencia, militares y otras personas con conocimiento directo de casos o instituciones específicas; a miembros actuales y anteriores del Poder Judicial; y a miembros de las fuerzas de seguridad en servicio activo.
También se recabó información digital certificada (vídeos, imágenes satelitales, fotografías y/o contenido en redes sociales); así como declaraciones públicas de representantes del Gobierno.
Los autores del informe dejaron constancia de que las autoridades del gobierno de Maduro no atendieron las solicitudes de información y colaboración para cumplir con el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Cuántos hechos se examinaron?
La Misión investigó 223 casos individuales , de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos detallados en el informe completo. Además, la Misión examinó otras 2.891 violaciones de los derechos humanos reportadas en las cuatro áreas de su mandato para corroborar patrones.
¿Qué efectos tiene el informe?
«Las violaciones de los derechos humanos y los delitos investigados por la Misión y descritos en el presente informe dan lugar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad penal individual, ya sea en virtud del derecho penal nacional o internacional, o de ambos».
«Corresponde a las autoridades penales competentes investigar los hechos y las conductas documentadas en el informe y establecer la responsabilidad penal», abunda el documento.
El informe de la misión de la ONU puede apuntalar el examen preliminar que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno. Con los insumos aportados por la misión de la ONU el caso podría avanzar a una etapa de juicio propiamente dicho.
En forma expresa, la Msión recomienda que «la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta las necesidades de las víctimas de que se haga justicia oportunamente».
¿En que se diferencia este informe de los presentados por Bachelet?
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecen responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos. En cambio, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la Repíublica Bolivariana de Venezuela aporta elementos de convicción sobre la responsabilidad penal individual de cada uno de los partícipes de estos crímenes.
