Las víctimas son castigadas por protestar contra las deplorables condiciones de los denominados PASI, los puestos establecidos en la frontera para albergar a los venezolanos que retornan de Colombia en medio de la pandemia
Reporte Especial Proiuris
“En ese cuartico, al lado del baño, los funcionarios castigaban a la gente. Allí metieron a unos muchachos. A todos les daban planazos y planazos por las nalgas. A uno le rompieron las costillas, a otro le dieron durísimo por la cabeza y a otro le moretearon la cara”.
La denuncia que un testigo de los hechos ocurridos el 8 de agosto de 2020, en un Puesto de Atención Social Integral (PASI) ubicado en las instalaciones deportivas de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), en la avenida 19 de abril de San Cristóbal, estado Táchira, envió a Proiuris está respaldada por varias imágenes de los tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicados como “castigo” a quienes protestan por las malas condiciones del lugar donde permanecen confinadas las personas que retornan de Colombia en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
“Todos fuimos testigos de las atrocidades que allí se cometen, incluso los muchachitos. La idea de ellos es que todos se enteren de las consecuencias que puede sufrir cualquiera que se atreva a protestar”, agregó otra persona que estuvo en ese mismo PASI, cuya identidad también se mantiene en reserva para evitar represalias en su contra.
Proiuris ha documentado la lógica militar impuesta en algunos de estos sitios de confinamiento. Por ejemplo, una persona que compartió su testimonio indicó: “Se han presentado casos que cuando llega la capitana y ve desorden o algún tipo de alboroto, ella dice que si los que están haciendo alboroto salen negativo, si ella quiere los coloca positivo; cosas así para amenazar a las personas”.
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A través del informe «El espejismo del retorno», publicado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, se constata que en los PASI falta atención médica y sobra corrupción.
Uno de los casos documentados por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB se refiere a un grupo de cuatro personas que se evadieron de un PASI. Funcionarios militares sometieron a los familiares de los fugados y los golpearon, para que informaran sobre el paradero de quienes habían escapado.
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En el caso de los PASI, donde albergan a venezolanos que retornan de Colombia, ubicados específicamente en San Cristóbal, las protestas tienen su origen en el hacinamiento, la insalubridad, la alimentación deficiente, la falta de atención médica, las demoras en la entrega de resultados de pruebas de despistaje de COVID-19 y malos tratos. Sin embargo, lo que más inquieta a las personas que son obligadas a permanecer en estos lugares es el “ruleteo” de un PASI a otro, sin explicaciones convincentes sobre los motivos de los traslados que se realizan intempestivamente y sin posibilidad de oponerse a ellos.
Es probable que los traslados impliquen la separación de los integrantes de una familia proveniente de Colombia, lo cual dificulta que se protejan mutuamente y lleguen a salvo a sus destinos en Venezuela.
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La instalación de celdas de castigo en los PASI y la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes sugiere que de la lógica militar se pasó a la lógica carcelaria, un nivel de degeneración mayor en estos establecimientos, que deberían brindar protección integral (como lo indica su nombre) a las personas que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia y, de ningún modo, daños a la integridad física y moral.
“Sí, como en las cárceles, a esa celda de castigo en el PASI de la UNES la llamaban Tigrillo”, indicó un testigo que, afortunadamente, ya no está allí.
