La organización no gubernamental Women’s Link solicitó medidas de protección para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres venezolanas refugiadas y migrantes en Colombia
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
Eva* es una adolescente venezolana de 14 años de edad que llegó a Colombia embarazada. Fue víctima de violación y decidió que así no quería ser madre.
Se enteró que en Colombia el aborto es legal cuando el embarazo es el resultado de una violación y solicitó la interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta.
Sin embargo, en el hospital le exigieron una denuncia y, como no la tenía, le negaron el procedimiento. Eva no tenía la denuncia porque en Colombia la Fiscalía no recibe denuncias de violencia sexual de hechos ocurridos en Venezuela.
En medio del proceso estuvo presionada por parte del personal médico del hospital y de su madre para que no abortara. Ante la negativa del centro de salud, la adolescente decidió continuar con su embarazo.
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Los dolores de parto comenzaron justo un día en que el puente Internacional Simón Bolívar fue cerrado. Por eso terminaron realizándole una cesárea, sin anestesia ni medicinas, en un pueblo en la frontera. La bebé nació muerta.
Esta es uno de los casos de mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia documentados por Women’s Link, en los que se ha vulnerado el derecho a la salud y, particularmente, a la salud sexual y reproductiva.
Solicitud de medidas urgentes
En este sentido, Women’s Link solicitó medidas urgentes para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia, específicamente en el Norte de Santander, en medio de la pandemia.
De acuerdo con la organización, en el departamento son constantes las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, salud maternoinfantil, e interrupción voluntaria del embarazo; además, denunció que el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual no se está aplicando.
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En el contexto de las disposiciones por la cuarentena ante la COVID-19, estas barreras han empeorado. Considerando la gravedad de la situación, la ONG solicitó unas medidas cautelares e interpuso una acción popular para proteger la vida y la salud de las mujeres.
«En el departamento -Norte de Santander- hay falta de controles prenatales y atención post parto, «en especial para mujeres migrantes venezolanas», denuncia la ONG
Destaca que, según un informe de Profamilia, «en 2018, 8.209 mujeres gestantes venezolanas requirieron acceso a controles prenatales y atención especializada en el parto; sin embargo, 6.304 no recibieron ningún control prenatal».
Migrar y parir
Women’s Link también documentó el caso de una venezolana embarazada en situación migratoria irregular, que solicitó atención para el parto en un hospital público de Cúcuta.
La mujer fue atendida, pero cuando le dieron de alta tenía un peso muy bajo que indicaba desnutrición (pesaba solo 35 kilos). A pesar de que se sentía muy débil en el hospital decidieron dejarla ir y unos días después falleció.
La ONG también asegura que durante la cuarentena «muchas mujeres han sido violadas simultáneamente por diferentes hombres, en “manada”.
«Son secuestradas por días. Son violadas, humilladas y sometidas a prácticas atroces como empalamientos», denuncia WL.
Agregan que las mujeres llegan a los hospitales pidiendo ayuda con desgarros, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Protección más allá de la pandemia
La organización solicitó medidas para cumplir con lo que ha dicho el Ministerio de Salud de Colombia sobre la atención prioritaria que se debe ofrecer a mujeres y niñas durante la pandemia.
También pidió se garanticen los traslados que las mujeres y niñas requieran para acceder a los servicios de salud que ellas necesiten. Esto debido a que muchas viven en zonas alejadas de los pocos centros asistenciales que tiene la región.
Por último, pidieron que se asignen los recursos necesarios (financieros, técnicos y humanos) para prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en cualquier edad gestacional.
«Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres venezolanas víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, puedan acceder a las medidas que les permitan recomponer sus vidas”, afirmó Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.
*Eva es un nombre ficticio para preservar la integridad física y psicológica de una de las protagonistas de esta historia.
