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Ley migratoria de Colombia debe garantizar inclusión social, económica y cultural

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La Ley migratoria de Colombia fue objeto de debate entre especialistas del gobierno, el mundo académico y la sociedad civil. El representante del Acnur, Jozef Merkx, fue al fondo: la protección internacional debe ser efectiva

Reporte Especial Proiuris

Alicia Pepe

“El fenómeno migratorio y la política integral pública”. Así se tituló la audiencia pública virtual que reunió a especialistas del gobierno, el mundo académico y la sociedad civil para debatir sobre el proyecto de ley de política migratoria integral que se discute en el Congreso de Colombia

La senadora Emma Claudia Castellanos, organizadora del evento, se refirió al origen de la mayor crisis de movilidad humana que afecta a los países de América Latina: la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

“Frente a un vecino que tiene mal comportamiento, viola los DDHH, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y mayores, Colombia asumió el liderazgo de buen vecino al no cerrar los ojos, generando mecanismos de protección para estas personas obligadas a abandonar su país”, explicó la representante del Congreso.

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Jozef Merkx, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, reconoció los esfuerzos que ha hecho Colombia para integrar a personas refugiadas y migrantes venezolanas, así como a colombianos y colombianas que han retornado a su país.

Recalcó la importancia de aplicar un abordaje integral de la situación, dada la magnitud del flujo migratorio mixto. Propuso incluir en la ley migratoria de Colombia medidas específicas de regularización de la población refugiada y migrante, para garantizar su acceso a bienes y servicios y, en definitiva la Inclusión socioeconómica y cultural.

Además, Merkx instó a  “fortalecer la estructura de la gestión mixta, no solo en frontera, sino por ejemplo, en los roles y responsabilidades de las autoridades locales”.

Protección internacional

Para Merkx, la mayoría de las personas que llegan desde Venezuela tienen la apremiante necesidad de protección internacional.

“Este proyecto representa una oportunidad valiosa de aplicar principios generales de procedimientos expeditos de la condición de refugiado, apatridia, así como poner en práctica el principio de no devolución, eje fundamental de la protección”.

Desde el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, su directora María Lucía Torres, señaló que la nueva ley migratoria de Colombia debe aclarar temas de deportación y expulsión. Asimismo, garantizar la unidad familiar como derecho y valor supremo, incluso por encima de las políticas migratorias de los Estados.

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Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, se refirió al debido proceso y recomendó regular con claridad las facultades sancionatorias de las autoridades de migración en Colombia, “con el fin de evitar la discrecionalidad excesiva y la arbitrariedad”, acotó.

Razonó que en la ley migratoria de Colombia “se debe prohibir la privación de la libertad de personas migrantes sin procedimientos de verificación ni control migratorio ,ni cuando está en curso un proceso de expulsión o deportación”.

Sobre la situación del asilo, la experta considera que Colombia está en mora y debe implementar un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado ajustado a los estándares de protección más favorables.

“El proyecto de ley migratoria de Colombia es ‘escueto’ y solo reúne lo que ya trae el decreto 1067 del 2015 en materia de refugio, incluida la definición ampliada de Cartagena. Esto denota la falta de compromiso y la nula capacidad de respuesta frente a la necesidad de protección de migrantes”, criticó Moreno.

María Lucía Torres añadió que este marco legal debe tener  enfoque de género: “las mujeres migrantes viven una doble condición de vulnerabilidad que merecen atención”.

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La congresista Griselda Lobo coincidió con Torres, al considerar que la ley migratoria de Colombia debe incluir el enfoque diferencial hacia la mujer y la diversidad sexual; para procurar prevención y sanción de eventuales arbitrariedades por parte de funcionarios del Estado colombiano. Juan Carlos Viloria, coordinador general de Coalición por Venezuela, coincidió en la prioridad de ofrecer atención diferenciada a  las comunidades LGTBI e indígenas

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