Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) sugiere explorar iniciativas, a través del perfil de la migración venezolana, con la intención de garantizar los derechos humanos
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
La pandemia ha agravado sustancialmente las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Esta fue una de las conclusiones de un estudio del MPI (Migration Policy Institute), con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los hallazgos definieron un perfil regional de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que viajaron a través de 11 países de América Latina y el Caribe durante 2019.
En el documento explican que, desde mediados de marzo de 2020, con el surgimiento de la pandemia por la COVID-19, las tendencias migratorias y condiciones de las personas que han huido de Venezuela «han cambiado drásticamente». De hecho, las políticas han restringido oportunidades de trabajo, en especial en el ámbito informal.
Resaltan que apenas 2 % de la población refugiada y migrante ha regresado al país durante la contingencia sanitaria.
«El panorama actual en la región es desalentador para quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad», alertan los expertos.
Perfil de la migración venezolana
El estudio indica que son 5,2 millones las personas venezolanas que han huido del país debido a la emergencia humanitaria compleja en el país.
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile figuran como los países seleccionados por la población refugiada y migrante de Venezuela. También aparecen naciones como Brasil, Paraguay, Uruguay, Guyana y Trinidad y Tobago.
Otro de los hallazgos importantes del estudio da cuenta de la dificultad que tienen los venezolanos y venezolanas para llegar a los países de destino.
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«En Guyana, el 80 % de los encuestados expresó preocupación por la inseguridad alimentaria. Mientras que 91 % en Colombia señaló tener problemas financieros durante los viajes”, reza el informe.
Además, el estudio detalla que la duración media de los viajes de los encuestados a sus destinos es entre dos y siete meses para llegar a países en el sur del continente.
La mayoría de los encuestados reportaron el envío significativo de remesas a sus dependientes en Venezuela. “Se destacan países como Trinidad y Tobago, Ecuador y Argentina, donde tres cuartas partes de los encuestados, el 56 % y el 53 %, respectivamente, envió dinero a Venezuela», refiere el estudio.
Por otra parte, cerca de un tercio de los entrevistados en Colombia reportaron problemas con documentos de identidad. Esta misma problemática fue manifestada por el 24 % de las personas refugiadas y migrantes consultadas en la frontera y en los puntos de entrada en Perú.
En Colombia el 52 % declaró no tener ningún estatus migratorio específico y el otro 45 % dijo que entró a ese país con un permiso temporal.
Las voces oficiales
Antonio Vitorino, director de la OIM, manifestó que el estudio «es un buen ejemplo de cómo el conocimiento puede beneficiar la gobernanza de la migración en la región».
Agregó que la definición del perfil de las personas refugiadas y migrantes venezolanas ayuda a preservar y garantizar sus derechos en los países de acogida; asimismo, impulsa la integración y la exigencia de políticas públicas que los favorezcan, pero también a los países de la región.
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“Cualquier discusión sobre migrantes y refugiados venezolanos debe partir de la reflexión de que esta crisis migratoria pronto va a superar a la de Siria en cuando al número de personas desplazadas”, afirmó la directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), Betilde Muñoz-Pogossian.
El informe determinó que de los 5,2 millones de venezolanos y venezolanas que huyeron de su país debido a la emergencia humanitaria compleja, al menos 4,2 se movilizaron a países de América Latina y el Caribe.
Los expertos concluyeron que, ante este panorama, existe escasez de datos y, sobre todo, insuficiente intercambio de los disponibles.
«El perfil migratorio debe convertirse en una fortaleza para países receptores de las Américas que puedan diseñar políticas públicas para potenciar la integración de la población migrante», dijo Muñoz-Pogossian.
