Una mujer venezolana de 30 años de edad afronta cinco fuentes de violencia asociadas a la incomprensión de la diversidad. Ni en Venezuela ni en Colombia ha logrado la atención diferenciada que necesita. Desde Cúcuta narra su historia a través de Proiuris
Reporte Especial Proiuris
Alicia Pepe
A la edad de 10 años Sasha (*) cuestionó su identidad. Biológicamente su sexo es masculino, pero ella no se sentía, pensaba ni se veía a sí misma como un niño. En una apuesta arriesgada para su temprana edad, comenzó a vestirse y a comportarse como una niña.
Ni su madre ni sus dos hermanos entendían su cambio. Tampoco la gente de su barrio en San Cristóbal. Sasha tuvo que caminar por un empedrado camino de prejuicios.
“Siempre me miraban raro, me llamaban marica, la gente no asimila que seamos diferentes y a uno le toca aguantarse”, cuenta sobre los episodios de discriminación que ha sufrido por ser una mujer transgénero.
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Ahora, con treinta años de edad, le ha tocado afrontar otras formas de violencia por ser diferente; tanto en Venezuela como en Colombia, a donde migró en busca de mejores condiciones de vida.
De Venezuela huyó por las dificultades para acceder a servicios de salud, la amenaza permanente de los grupos armados que imponen el terror en la frontera venezolana y de leyes e instituciones que no garantizan los derechos de las personas trans. En Colombia soporta el estigma de ser una de las miles de personas migrantes y refugiadas a las que se les niega protección internacional.
En procura de salud y seguridad
Sasha se vio obligada a huir a Cúcuta en noviembre de 2015 para salvar su vida, debido a que su condición médica, su seguridad física y alimentaria peligraban.
Un año atrás había sufrido una apoplejía que derivó en una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. La joven perdió movilidad y Colombia era la última alternativa para recibir terapia física; ya que en el Hospital de San Cristóbal no tenían ni los equipos ni los medicamentos para su tratamiento.
En Venezuela era estilista. “Trabajaba en un salón y un día estaba acalorada de tanto planchar cabellos y se me dio por irme a bañar sin reposar. Me dio una parálisis muy fuerte. Eso fue hace siete años y aún no camino muy bien, todavía es un poquito doloroso cuando tengo que caminar mucho. También me tiene ponchada (mal) la mano izquierda porque no la puedo mover y así no puedo volver a ser peluquera”.
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Otro motivo que la empujó hacia Cúcuta es su condición de paciente VIH positivo. Fue diagnosticada en el 2011 e inició su tratamiento con retrovirales; pero la crisis del sistema de salud venezolano mermó la disponibilidad de los medicamentos que le suministraba el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). El temor de un desenlace fatal, como el sufrido por muchas de sus amigas trans, carcomía a Sasha.
También la espantó de Venezuela el miedo a ser víctima del hampa. “Las bandas y los colectivos comenzaron a molestar, sobre todo a las personas que eran como yo. Ya no podía salir porque era muy peligroso, había amenazas. A esto súmele que no se conseguía mercado y el trabajo se complicó con mi problema de salud”.
Sin nada más que un morral, Sasha se arriesgó a cruzar por una de las 200 trochas que hay entre Táchira y Norte de Santander.
Una cédula que no cuadra con su identidad
Sasha recuerda su llegada a Cúcuta: “Me recibió una prima, que ya anteriormente me había ayudado a conseguir medicinas para mi parálisis. A una semana de haber llegado al Hospital de Cúcuta (Erazmo Meoz) me vio un neurólogo y recibí terapias físicas por varios meses”.
De forma paralela, en la Cruz Roja Colombiana, institución que brinda gratuitamente los medicamentos para controlar el VIH, la migrante retomó su tratamiento de antirretrovirales.
Sin embargo, la lucha de Sasha desde ese entonces hasta la actualidad ha sido otra: generar ingresos económicos para sobrevivir en Colombia, enfrentando la intolerancia y los prejuicios por su identidad de género.
La pérdida parcial de funcionalidad de su mano y pierna izquierda le imposibilita a Sasha acceder a un trabajo como estilista. Ni siquiera ejercer labores domésticas. “Busqué por todos lados, pero así como soy a nadie le funciono para trabajar”.
Sin pasaporte ni cédula venezolana, Sasha es una migrante “invisible” en Cúcuta. “Tengo un problema con mi cédula que nunca pude solucionar. Solo tengo una copia conmigo y nunca he podido tener papeles legales aquí”, dice por el hilo telefónico.
En el Informe “Paralelo sobre la situación de migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTI en Colombia”, de la Corporación Red Somos, se visibiliza el triple estigma que viven las personas migrantes y refugiadas venezolanas de la comunidad que viven con VIH.
Además de afrontar dificultades vinculadas con su situación migratoria, “también aumenta la vulnerabilidad frente a la precariedad laboral, al acceso al sistema de salud, la imposibilidad de regularizarse, el acceso limitado o negación de derechos en razón de su condición, su nacionalidad y el estigma y la discriminación por vivir con VIH”, se indica en el informe.
El documento también advierte: “Estos inmigrantes han tenido que llegar a la habitabilidad de calle y/o particularmente hombres gays, mujeres lesbianas y trans para sobrevivir al trabajo sexual ejerciéndolo con mayores riesgos y donde la protección estatal es mínima o no existe porque las prácticas institucionales muchas veces van asociadas a que son personas con menos derechos”.
Ni en Venezuela ni en Colombia Sasha ha podido optar por una intervención hormonal ni quirúrgica, para adecuar su apariencia física y biológica a su identidad de género: “Yo sí quisiera hacerme el cambio completo, pero la verdad en Venezuela no tenía los recursos y ahora en esta situación mucho menos”.
El trabajo sexual como opción de supervivencia
En el caso de Sasha, la prostitución ha sido su única salida. Con otras decenas de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas, ejerce el sexo por supervivencia en el parque Mercedes Ábrego, en el centro de Cúcuta. Ella es la única mujer transgénero del grupo.
A ella “le permiten” estar allí por su discapacidad motora. “Las mujeres no dicen nada, entienden mi situación; pero no falta la que llega a agredirme y reclamarme que no quieren homosexuales en el parque. La policía se la pasa corriéndome y toca estar muy pendiente y esconderme cuando vienen a montarnos en los camiones”, lamenta.
Cuenta que ha recibido golpes e insultos de clientes, de hombres en la calle y de funcionarios policiales. “A veces respondo de mala gana o los dejo hablando solos. Lo que importa es que me siento bien con lo que soy; pero no le niego que a veces me pregunto por qué la gente no puede pensar diferente y aceptarnos”.
Katherine Crespo, vocera de las mujeres del parque, habla de estas fronteras invisibles que las propias trabajadoras han construido para protegerse y confirma que Sasha es la única trans trabajadora sexual en el Mercedes Ábrego. “A ella la acogen las muchachas por su discapacidad y le permiten rebuscarse aquí también. Las demás trans deben hacerlo dos cuadras abajo”.
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La ruda vida de Sasha es una confirmación de los resultados de una investigación que hizo en el 2016 la ONG Parces: 60% de los hombres y mujeres dedicados al trabajo sexual han sido maltratados físicamente por un cliente y un 62% ha sido atacado físicamente o sufrido detenciones arbitrarias por la policía en Colombia.
La falta de regulación también impone barreras de acceso a la seguridad social. Las personas LGBTI que ejercen el trabajo sexual no gozan de afiliación al sistema de salud, ni pensión, ni póliza por invalidez, lo cual las expone a un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Lo que vive a diario Sasha y muchas otras migrantes y refugiadas dista de la sentencia T-629 de 2010, a través de la cual el Estado colombiano admite el trabajo sexual en Colombia y la necesidad de ofrecer garantías de protección de los derechos de las personas que lo ejercen.
Si ya la situación de Sasha era compleja, el decreto de aislamiento preventivo por la COVID-19, empeoró la posibilidad de subsistir. Ella ha tenido que recurrir a la solidaridad de sus compañeras, quienes le brindan el almuerzo o “me dan para los pasajes”.
Antes de la pandemia, ganaba unos 30 mil pesos; con los que pagaba arriendo y comida. “Ahora voy todos los días al parque a ver qué consigo para comer. A veces las muchachas me dan algo, me invitan a almorzar. A veces soy yo la que las invito. Hay días que toca pasar en blanco porque no se consigue nada ni para ellas ni para mí”.
Daniela Meneses, directora de Asotransnor Cúcuta, una organización de base comunitaria para población trans en Norte de Santander, cuenta que hasta el momento no tienen un registro de migrantes trans en la región, pero durante la emergencia sanitaria han gestionado algunas ayudas alimentarias para algunas que están en condición migratoria regular.
También están adelantando un proceso de investigación sobre la violencia de la fuerza pública a la población trans colombiana y migrante que se dedica al trabajo sexual prostitución.
Todas las violencias
En el 2018, la OMS le cambió el estatus a la transexualidad: ya no sería considerada una enfermedad mental, sino una “incongruencia de género”. El enfoque clínico no es coherente con la perspectiva de derechos humanos, pues, por lo general, es patologizante y pone el énfasis en la supuesta enfermedad en vez de ponderlo en la dignidad humana.
Más útil es la categoría “estereotipos de género”, pues permite visibilizar la discriminación y la violencia que entraña la intolerancia de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe presentado en el 2018, señala que la violencia por orientación sexual o identidad de género constituye una forma de violencia de género al estar “impulsada por el deseo de castigar a las personas cuyo aspecto o comportamiento parece desafiar los estereotipos de género”.
Las consecuencias de todas estas formas de violencia tienen su expresión extrema en los crímenes de odio: entre 2013 y 2017, 160 personas trans han sido asesinadas en Colombia.
Sasha tiene una cicatriz en su rodilla luego que unos hombres del barrio donde vive la empujaron hacia una trilla. “Eso me lo busco porque la gente no me acepta. La gente no es tolerante, pero yo soy fuerte y ya todo eso me resbala”, expresa con una suerte de coraza que con los años ha construído.
Cada día representa una nueva batalla de subsistencia para Sasha, quien tampoco cuenta con una red de apoyo familiar en Cúcuta. La Cruz Roja Colombiana todavía le facilita los medicamentos, así como los preservativos que la protejan de otras enfermedades de transmisión sexual.
Sasha no piensa en su futuro a largo plazo; ni siquiera se imagina qué pasará en los próximos meses. Comer, pagar el arriendo y protegerse de los ataques verbales y físicos de la gente siguen siendo sus prioridades más urgentes.
(*) Sasha es un nombre ficticio para proteger la integridad de la protagonista de esta historia.
