El fiscal general Tarek William Saab calificó el homicidio del periodista comunitario de Guacamaya TV como una ejecución extrajudicia y afirmó que los funcionarios incurren en acciones que configuran patrones sistemáticos
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
“Quisieron encubrir la ejecución extrajudicial de dos inocentes como si fuese un enfrentamiento armado”. Así lo denunció el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en una rueda de prensa la mañana de este 25 de agosto, sobre el asesinato de dos trabajadores de la prensa del medio Guacamaya TV a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Andrés Eloy Nieves Zacarías, de 33 años de edad, y Víctor Manuel Torres, 29 años, habrían sido ejecutados el viernes 21 de agosto en Cabimas, estado Zulia, dentro de la vivienda de Torres.
La vivienda funcionaba como sede del medio comunitario Guacamaya TV, donde funcionarios de las FAES irrumpieron violentamente.
Los señalamientos del fiscal general en el caso del periodista Nieves y del trabajador de la prensa Torres se aplicaron seis de los 16 patrones identificados por la ONG Proiuris en su investigación las FAES Matan con Patrocinio del Estado.
Los patrones aplicados en este caso son: disparo en zona vital, irrupción violenta de vivienda, negación efectiva de socorro, robo, presunto enfrentamiento y hombre jóvenes en la mira.
En esta oportunidad, el fiscal general admitió que la actuación excesiva de las FAES que concluyen en ejecuciones extrajudiciales corresponden a una conducta repetida y no a casos aislados. Con todas sus letras, la máxima autoridad del Ministerio Público calificó los hechos como una ejecución extrajudicial.
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“No contentos con esto, los funcionarios regresaron al sitio del suceso y robaron los equipos de la televisora comunitaria, así como otros bienes. En ruedas de prensas anteriores hemos condenado este tipo de acciones. Estos delincuentes, no conformes con asesinar a las víctimas, roban sus pertenencias”, destacó Saab.
El fiscal general detalló cómo fallecieron las víctimas sobre la base de las autopsias realizadas en la morgue de Cabimas.
“De las experticias realizadas y con protocolos de necropsia se determinó que los hoy occisos se encontraban en un estado inferior a su tirador, de rodillas o sentados, con lo que se ratifica la hipótesis de ajusticiamiento”, detalló.
Imputación y privación de libertad
Los fiscales 45° con competencia en derechos fundamentales, Yortman Enrique Villasmil , y 15° con competencia en delitos comunes del estado Zulia, Jaison Gregorio Moronta , tfueron designados para la investigación de los hechos.
En menos de 24 horas, realizaron las investigaciones preliminares que determinaron que los oficiales de las FAES José Contreras y Néstor Olano, serían los presuntos autores materiales de la ejecución de Nieves y Torres.
Al término de la audiencia de presentación de Contreras y Olano decretaron su detención judicial preventiva. Les imputaron los delitos de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio.
Además, dictaron ordenes de aprensión contra oficial jefe José Salas, el Oficial agregado Andrés Díaz. También a los oficiales José Moreno y José Contreras, por la participación en la muerte de Nieves y Torres,
Responsabilidad en el encubrimiento
Según la información policial, los funcionarios de las FAES aseguraron que hubo un enfrentamiento contra delincuentes de una banda delictiva que operaba en Cabimas, los cuales fueron “neutralizados” por la fuerza publica.
“Los sujetos quedaron identificados como alias «El Zulianito» y Andrés Nieves Zacarías. Ambos pertenecían al Grupo Estructurado de Delincuencia Orgaizada (Gedo) que azota a la población, no solo de Cabimas, sino de los otros seis municipios de la Costa Oriental del Lago (COL), con extorsiones, robos y amenazas de muerte”, se lee en el respectivo parte policial.
El 23 de agosto el fiscal general se refirió a la «presunta» ejecución extrajudicial de los trabajadores de la prensa, a través de su cuenta en Twitter.
Para William Saab, la versión ofrecida por las FAES no es congruente con las pesquisas. Mencionó las experticias practicadas a las armas que usaron los funcionarios, trazas telefónicas y aperturas de celdas del sitio del suceso, así como copia del libro novedades del cuerpo policial.
“También se llevó a cabo la identificación plena de los funcionarios actuantes y la obtención de copias de la asignación de armas”, sostuvo.
Agregó que estos elementos de convicción permitieron desvirtuar la versión ofrecida por las FAES y a presumir que hubo un encubrimiento de los hechos.
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El fiscal general detalló que se solicitaron órdenes de aprehensión contra Freddy Rafael Deroy Ramírez, Supervisor Jefe y Deivid Miguel Guerrero Moreno, Comisionado Agregado de las FAES Zulia.
Ambos funcionarios están detenidos desde la tarde de este 25 de agosto. Les imputaran presunta comisión del delito de homicidio calificado con alevosía y por asociación.
“Estos funcionarios, en su condición de jefe de grupo el primero y director comisionado el segundo, avalaron las actuaciones delictivas de los autores materiales de los hechos, elaborando y suscribiendo actas viciadas de nulidad por carecer de veracidad, simulando la comisión de un enfrentamiento policial para dar muerte a las víctimas”, explicó Saab.
Esta sería la primera vez que dos funcionarios de mayor rango son señalados por el fiscal general en declaraciones públicas. Sobre todo, en cuanto a la responsabilidad que tuvieran ambos funcionarios en el encubrimiento de la ejecución extrajudicial de los trabajadores de la prensa.
“Para nosotros son infiltrados, para nosotros no tienen ninguna vocación policial», señaló Saab
«Delincuentes uniformados»
“El Ministerio Público está decidido a acabar con los delincuentes uniformados; con ellos hemos llevado una guerra sin cuartel. Es un arduo trabajo que no podemos dejar”. Así lo prometió el fiscal general.
Sin embargo, 87% de los casos de ejecución extrajudicial permanecen impunes. Tal es el caso de Yeranin Alberto Escalante Castillo, de 20 años de edad, presuntamente ejecutado por funcionarios de las FAES el 12 de abril.
A cuatro meses de los hechos, los familiares del joven denunciaron ante Proiuris que la Fiscalía no ha avanzado en la determinación de responsabilidades .
“Cuando llegue a la oficina de la fiscal 126 de derechos fundamentales en el Ministerio Público, me dijeron que el caso no estaba asignado a ninguna oficina. Cómo es posible, han pasado cuatro meses”, señaló el deudo quien prefiere no publicar su nombre.
