Más de 90 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Proiuris, realizaron un llamado para que la salud materna, sexual y reproductiva sea garantizada durante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
La pandemia de la COVID-19 ha agudizado las necesidades que ya existían en Venezuela en materia de salud materna, sexual y reproductiva.
Las dificultades de las venezolanas para el acceso a la salud materna, higiene menstrual y la demanda de anticoncepción constituyen violaciones a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres.
La fallas en Venezuela comienzan con la imposibilidad del uso de productos de higiene y salud motivado a la escasez de los mismos. La crisis de los servicios públicos ha afectado a las mujeres venezolanas, aún más con la pandemia de la COVID-19.
Un comunicado publicado este jueves 20 de junio y suscrito por más de 90 organizacions no gubernamentales describe las carencias de los derechos de las mujeres venezolanas.
En cuanto a lass mujeres embarazadas que se enfrentan a emergencias obstétricas, se señala que, en el contexto de la pandemia, no tienen garantizada atención médica debido al colapso del sector hospitalario.
También se denuncian fallas en la atención durante y después del parto y se destaca que la dotación de anticoncepción debe ser prioritaria en la contingencia generada por la pandemia.
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“El Secretario General de la ONU denunció la desviación de recursos esenciales de la provisión de servicios de salud sexual en la pandemia. Pudiera resultar en mortalidad y morbilidad maternas exacerbadas, tasas elevadas de embarazos entre adolescentes, y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH, entre otros”, indica el documento.
El comunicado también expresa preocupación por reportes que señalan casos de mujeres embarazadas bajo sospecha de la COVID-19 a quienes se les ha negado atención oportuna.
Destacan que algunas mujeres han sido sometidas a situaciones irregulares que comprometen su salud y sus vidas, entre ellas la suspensión de servicios de atención pre y post-natal .
Resaltaron que centros de atención materna en el país no disponen de equipos de bioseguridad ni pruebas para descartar la COVID-19.
En el caso de la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, los planes de atención están amenazados durante la pandemia. En ese centro de salud materno-infantil no se aplican los protocolos de bioseguridad requeridos .
Resaltan que la pandemia no debe poner en suspenso las obligaciones del Estado venezolano, sobre todo en materia de garantías de derechos de salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres. “Por el contrario, la desatención a estos derechos, puede llevar a las mujeres a enfrentar situaciones específicas de riesgo”, agregan.
Feminización de la pobreza
La posibilidad de acceso a la higiene y a métodos de anticoncepción mínimos constituye un derecho humano y la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos es imprescindible para el desarrollo de una vida sexual plena, libre y sin riesgos de salud.
Un estudio de la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa (Avesa) reveló las deficiencias de accesibilidad a la higiene sexual en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
En el sector Fila de Mariches, en el estado Miranda, nueve de cada 10 mujeres son calificadas de «pobres menstruales». Cinco de 10 mujeres notificaron que no puede comprar productos de absorción del flujo menstrual.
Siete de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes no disponen de agua en sus hogares, por lo cual deben proveerse mediante camiones cisternas e, incluso, pozos de aguas profundas construidos artesanalmente.
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Tampoco es regular las visitas periódicas al ginecólogo. Ocho de cada 10 mujeres, niñas y adolescente no puede acceder a tratamientos médicos ginecológicos especializados, de acuerdo a este estudio. Esto quiere decir que 87,7% de las mujeres, niñas y adolescentes no puede costear la asistencia a servicios de salud.
En cuanto a la anticoncepción y planificación familiar, la investigación de Avesa reveló seis de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes requieren métodos anticoceptivos.
Asimismo, de 10 mujeres embarazadas en la comunidad, cinco de ellas tienen edad entre 9 y 18 años. Dicha cifra equivale a un 50% de embarazo adolescente.
“El nivel medio de acceso a métodos anticonceptivos observado (54,7%) se encuentra a casi 30 puntos por debajo de la proporción de mujeres en edad reproductiva que tienen necesidades de planificación familiar satisfecha con métodos modernos en las Américas (82,8%) y más de 20 puntos por debajo del promedio global (76,8%), siguiendo los datos del Informe Estadístico de la Organización Mundial de la Salud (2020)”, informa Avesa.
Las organizaciones no gubernamentales que subscriben el comunicado, exigen al Estado venezolano permitir que una respuesta humanitaria en el país que incluya el acceso a estos servicios esenciales para la vida, salud y derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
