Los antecedentes penales de Carlos Alberto Rodríguez, de 36 años de edad, fueron usados para justificar su ejecución extrajudicial por parte de las FAES
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Carlos Alberto Rodríguez Arraiz, de 36 años de edad, habría sido ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especial (FAES) luego de ser detenido la mañana del 4 de agosto en la estación del Metro Pérez Bonalde.
Familiares de la víctima denunciaron que Rodríguez estuvo desaparecido desde el martes 4 hasta el miércoles 12 de agosto, cuando les informaron que el cuerpo estaba en la morgue de Bello Monte.
“Carlos salió en la mañana de la casa para comprar una sardinas en el mercado de Catia. Nunca regresó, pensamos que se había ido a otra parte, pero luego nos asustamos”, señaló María Isidora Arraiz, madre de la víctima.
Doce días de angustia
La mujer explicó que allegados a la familia le aseguraron que su hijo fue detenido por una comisión de las FAES por no tener tapabocas, de uso obligatorio para evitar contagios por COVID-19.
“Lo buscamos por todos lados, en hospitales y comisarías. Siempre me negaron dónde estaba mi hijo”, agregó la madre.
No fue hasta la noche del miércoles 12 de agosto cuando encontraron el cuerpo del hombre en la morgue de Bello Monte.
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En la medicatura forense le explicaron que el cadáver lo trajeron desde el hospital Miguel Pérez Carreño. Allí la comisión de las FAES dejó el cuerpo alegando que el hombre presuntamente se enfrentó contra las fuerzas públicas.
“A Carlos lo trajeron el fin de semana del hospital a la morgue, el 8 de agosto. Nunca nos informaron nada, si no es porque vamos a una comisaría de las FAES en Artigas, nunca nos enteramos”, sostuvo María Isidora.
Sus antecedentes lo sentenciaron
Aseguró que los funcionarios mataron a su hijo porque tenía antecedentes penales por un robo agravado cometido cuatro años antes.
“Él estuvo preso durante tres años en Puente Ayala, hasta el 20 de mayo de este año, cuando le dieron una boleta de excarcelación, firmada por la ministra Iris Varela”, sostuvo uno de sus familiares.
Relató que cuando fue la sede central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc) para colocar la denuncia, el funcionario que la atendió le explicó que la razón por la que su hijo fue ejecutado por sus antecedentes penales.
«Los mismos PTJ me dijeron ‘ese papel de libertad, es un pasaporte a la muerte'», agregó Arraiz.
Rodríguez era el quinto de nueve hermanos. Su caso coincide con uno de los 16 patrones identificados por la ONG Proiuris en la investigación Las FAES matan con patrocinio del Estado.
Los antecedentes penales de Carlos Alberto fueron usados para justificar su ejecución extrajudicial.
