La UCAB determinó que quienes han pasado por los Puntos de Atención Integral (PASI) aseguran que en esos establecimientos dispuestos por las autoridades sanitarias para controlar la propagación de la COVID-19 escasea la atención médica y abunda la corrupción
Reporte Proiuris
Jackelín Díaz
“Un retorno desde Tunja hasta Falcón puede tomar hasta dos meses. Los casos documentados dan cuenta de mes y medio desde Tunja y aún no han salido del refugio de San Antonio; falta la cuarentena en cada una de sus ciudades de destino”.
Este es uno de los testimonios recabados en el informe «El espejismo del retorno», publicado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
En teoría, las personas que regresan a Venezuela en medio de la pandemia deben ingresar a un PASI (Puntos de Atención Social Integral) ubicado en las zonas fronterizas. En estos lugares las personas son sometidas a una prueba rápida para descartar la COVID-19.
Si la prueba es negativa, debe permanecer en ese PASI por 14 días, bajo vigilancia epidemiológica y aislamiento.
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Al décimo día se le debe hacer la prueba PCR que, de ser negativa, permite a la persona seguir hasta un segundo PASI. Allí permanece otros 14 días y, si la última prueba es negativa, se le permite ir a su residencia en Venezuela.
En la práctica, las personas pueden permanecer un mes o más en los PASI. Según el estudio de la UCAB, no cuentan con suficiente asistencia médica ni equipos de bioseguridad, la alimentación es deficiente y, para colmo, a las personas no se les suministra información sobre el proceso de confinamiento.
De acuerdo con venezolanos y venezolanas que han estado en estos albergues provisionales, tampoco se les permite exigir sus derechos. Afirman haber sido amenazados de reclusión en celdas.
Eventualmente reciben la visita de un médico que les entrega unas pastillas. No se les informa cuáles son los fármacos que les administran, pero algunos presumen que se trata de cloroquina.
Sin registros oficiales
El informe indica que no existe una base de datos electrónica de quienes están en los PASI. El registro de las personas que ingresan es llevado manualmente, por lo que no hay control.
Agregan que tampoco hay posibilidades de seguimiento de la condición de salud de una persona en el curso de su recorrido de un PASI a otro.
Los entrevistados informaron que a las personas cruzan hacia Venezuela se les hace la prueba rápida y son trasladadas al terminal de San Antonio del Táchira.
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Según determinó la UCAB, no existe un control adecuado de los tiempos de permanencia de las personas. El informe indica que personas que dieron negativo en dos y hasta tres pruebas rápidas, eran obligadas a permanecer en los PASI.
También se pudo conocer que no se cumplen los lapsos de la vigilancia epidemiológica en el traslado de un albergue a otro. Una persona que tiene tan solo 11 días en un albergue puede ser trasladada junto a otra que tiene 23 días de aislamiento.
La investigación también permitió determinar que los traslados a las regiones venezolanas se realizan en función de la disponibilidad de gasolina.
Agua y comida deficientes
Los testimonios recabados indican que algunos PASI son abastecidos de agua a través de camiones cisterna. Sin embargo, dudan de la calidad del agua, pues proviene de ríos y no hay garantías de saneamiento.
Venezolanos y venezolanas denuncian que solo reciben una comida diaria y que no es balanceada. Cuando reciben más de una comida al día, es escasa en nutrientes. Por ejemplo, mencionaron casos en los cuales les ofrecen una arepa, algunas veces sin relleno, tan to en el desayuno como en el almuerzo y en la cena
En San Antonio del Táchira se registró el caso de una escuela donde transportan los platos para comida junto con la basura.
Las malas condiciones de los alimentos han provocado problemas digestivos y hasta la muerte. Tal es el caso un niño que falleció durante su estadía en un centro de aislamiento en Barquisimeto, estado Lara.
El negocio de los milicianos
La mayoría de las personas que han retornado a Venezuela llegan a los PASI con muy pocos recursos económicos. Y aunque tuvieran dinero, no se les permite comprar alimentos fuera del establecimiento. También está prohibido que familiares o amigos les lleven comida.
Sin embargo, en algunos albergues en Apure, Bolívar y Táchira, resalta el informe, los milicianos se prestan para violar las reglas. Muchos de ellos cobran cantidades superiores al precio de los alimentos que les son encargados.
El CDH UCAB recibió información sobre la situación de una mujer que regresó de Brasil con su hija de 10 años de edad con Síndrome de Down y nada de dinero. Cuando se acababa la comida en el albergue en Santa Elena de Uairén donde fue recluida, otras personas que provenían de Brasil tenían que hacer colectas para comprarles algo de alimento a madre e hija.
Aun en estas circunstancias especiales, las personas a cargo del lugar y los milicianos no tomaron medidas para aliviar la situación de la mujer y su niña.
Régimen dictatorial
El CDH UCAB tuvo conocimiento de situaciones de violencia en algunos albergues, donde se han registrado riñas entre las personas que allí se encuentran, con saldo de heridos y al menos un fallecimiento. Estos incidentes se han producido con armas blancas, lo que abre interrogantes sobre el control de ingreso y tenencia de objetos peligrosos en los albergues por parte de los funcionarios a cargo de la seguridad.
Otro de los casos expuestos en el informe fue sobre un grupo de cuatro personas que se evadieron del albergue donde cumplían cuarentena. Funcionarios militares sometieron a los familiares de los fugados y los golpearon, para que informaran sobre el paradero de quienes habían escapado.
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Algunas personas que estuvieron recluidas en PASI no dudan en calificar el régimen disciplinario impuesto en los albergues como una “dictadura”.
“Por el estrés, yo estuve varios días con una contracción muscular. Me cansé de pedir un médico y nunca se presentó. Más bien, fue un fiscal militar y un juez y dijeron que estábamos en pandemia, que era igual a que si estuviéramos en guerra, así que teníamos deberes; que estábamos obligados a mantener el aislamiento en los cuartos, que teníamos el deber de respetar a los milicianos, y así una lista larguísima de deberes».
«Que lo que podíamos hacer era tomar sol. Sería por la ventana, porque si primero dijo que nos quedáramos en los cuartos… que levantáramos las palmas de las manos porque los rayos solares nos iban a dar las vitaminas que necesitábamos”, relató uno de los afectados.
Perspectiva de derechos humanos
El informe exhorta a tomar en cuenta que el señalamiento de “trochero” es discriminatorio y estimula el odio y el etiquetamiento de la población de migrantes y refugiados que retorna a Venezuela, en un contexto de restricciones por los pasos fronterizos regulares que podría durar varios meses.
Aunque no se puede calificar como xenofobia por no tratarse de un rechazo al extranjero, se trata al nacional como extraño. Con ello se le despoja de sus derechos, convirtiéndolo en blanco de odio y ataques en un contexto de nerviosismo, debido a un ambiente social hipersensible ante el riesgo de contagio de la COVID-19.
El texto finaliza indicando que es necesario incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia de los venezolanos y venezolanas.
