La OEA hizo público un informe con propuestas para lograr la inclusión de personas migrantes que huyen de Venezuela y que están en situación de mayor vulnerabilidad por la pandemia
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados están en la obligación de garantizar la protección de las personas migrantes y refugiadas venezolanas.
Un informe, realizado por la Coalición por Venezuela y apoyado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), expuso la realidad que afecta la seguridad y la integridad de los que huyen de Venezuela por la emergencia humanitaria compleja en el país
Con la propagación del COVID-19, las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas venezolanas se han agudizado gravemente.
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Resulta imprescindible brindar atención a la situación de aquellos que se encuentren retenidos en los países de la región debido a la falta de regularización de su situación migratoria.
En tal sentido, el documento plantea 9 propuestas y recomendaciones en las áreas que requieren mayor atención. Esto con la intención de promover políticas de integración y protección dirigidas a mejorar la situación en las que se encuentran las personas migrantes y refugiadas venezolanas en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Garantizar la salud
Millones de personas migrantes y refugiadas no tienen un estatus migratorio regular y son excluidas de la atención en centros de salud.
Además, las condiciones en la que se encuentran amenazan el efectivo ejercicio de todos sus derechos, principalmente el acceso a los servicios públicos.
La OEA plantea agilizar los procesos de regularización y conceder el estatus de refugiado de acuerdo con la Declaración de
Cartagena.
Asimismo, insta a los Estados a crear espacios de salud en lugares de mayor concentración de población migrante y permitir su
acceso a atención médica.
Los países de acogida también deben desarrollar estrategias de salud pública y prevención de la COVID-19 en los lugares de mayor población de personas migrantes y refugiadas venezolanas.
Promover la educación
El documento indicó que una de las medidas es realizar un registro de las personas migrantes y refugiadas en edad escolar que se encuentran fuera del sistema educativo a través de estrategias de inclusión y formación.
También recomiendan fomentar los mecanismos de cooperación para la homologación de títulos universitarios de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, con especial atención a los profesionales de la salud.
El informe también señala la importancia de implementar programas de becas que permitan la inclusión de jóvenes y adultos migrantes y refugiados a la educación superior.
Atender la seguridad alimentaria
Destacaron que hay niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas que no cuentan con alimento ni con acceso a medios de vida que les permitan subsistir.
Adicionalmente, las personas migrantes y refugiadas venezolanos reportan haber sido excluidos de las políticas de asistencia que los Estados han implementado para atender la crisis en el marco de la COVID-19.
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La OEA sugirió que se debe garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados sean incluidos en los Programas de Alimentación Escolar de los países receptores.
Asimismo, el documento también resaltó que se debe promover campañas institucionales a favor de la inclusión de las personas migrantes y refugiadas en programas sociales de los Estados.
Abrigo en vez de situación de calle
El incremento de desalojos a personas migrantes y refugiadas en el contexto de la COVID-19, debido a la falta de posibilidades de pago de los arrendamientos, acentúa la necesidad de promover medidas que impidan los desahucios y flexibilicen las condiciones de alquiler de viviendas.
Resaltan la necesidad de promover acuerdos y diseñar garantías para las personas dueñas de pensiones y arrendadores a través del diálogo, así como prohibir desahucios de familias, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazada durante la pandemia.
Finalmente, la OEA resaltó que los países de acogida deben desarrollar programas y campañas contra la estigmatización de la población migrante y refugiada en situación migratoria irregular.
Para velar por el derecho a la vivienda, la OEA recomendó crear un fondo económico para la protección de dicha población, especialmente de las familias más vulnerables.
«Se debe mantener canales de comunicación que permitan a la población migrante acceso a la información sobre los derechos y procedimientos a seguir en caso de desalojos», reza el informe.
Garantizar, promover y atender son las tres palabras que más destacan en este informe de la OEA. Dichos lineamientos surgen como una respuesta integral para atender y promover los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en el contexto de la COVID-19.
El documento fue realizado en base a trece reuniones sostenidas entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela.
Estas reuniones fueron conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a venezolanos en 23 países de la región.
