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Emergencia humanitaria compleja en Venezuela se agudizó en 2019 / Informe

Emergencia humanitaria en Venezuela

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela y los conflictos políticos fueron los focos del informe «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe DDHH 2019», elaborado por el gobierno de Juan Guaidó

Reporte Proiuris

Erick S. González Caldea

2019 se caracterizó por la agudización de la emergencia humanitaria compleja y los conflictos políticos en menoscabo de la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, presentó este 20 de julio el documento “Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019”, el cual detalla las violaciones de los derechos humanos durante 2019.

“Este es el primer informe desde la Presidencia que recaba y detalla las violaciones de los derechos humanos. ‘Entre la oscuridad y la esperanza’ refleja las violaciones más aberrantes ocurridas en 2019”, señaló Prado.

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El informe está dividido en cuatro capítulos: derechos políticos y civiles, derechos económicos sociales, culturales y ambientales, el sistema de protección internacional y las recomendaciones y conclusiones hechas por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

“Esto no es más que una síntesis de todo lo ocurrido en 2019, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo tome como suministro oficial del Gobierno Encargado de Venezuela, y que las situaciones a las que las víctimas han sido sometidas no queden impunes”, sostuvo Prado.

Ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Presidencial mostró su preocupación en torno al aumento de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el país.

“Según los datos ofrecidos por la ONG Provea, con relación a las actuaciones de las FAES, la Comisión señala que, entre enero y mayo de 2019, 1.560 personas fueron asesinadas, bajo el calificativo de “resistencia a la autoridad”, sostuvo Gabriel Ortiz, miembro de la Comisión Presidencial.

Señaló que los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos en el país durante el gobierno de Nicolás Maduro superan con creces los realizados por otras dictaduras latinoamericanas.

“53 % de los casos registrados se atribuyen a las FAES. Además, en el país existen más de 1.800 colectivos armados. Todo esto nos dice que estos grupos actúan como comandos de exterminio. Esto hizo que la cantidad de ejecuciones aumentara y destacara respecto a ejecuciones hechas por otras dictaduras en Latinoamérica”, alertó.

Sistema de protección internacional

En la primera parte del informe se expusieron las acciones tomadas desde el sistema universal y el sistema interamericano para visibilizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y brindar protección a las víctimas.

En 2019, la Comisión Interamericana de .Derechos Humanos (CIDH) dictó 22 medidas cautelares a víctimas de violaciones de los derechos humanos.

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“No solo dio las 22 medidas cautelares, también amplió otras que se dieron en años anteriores. Recordemos que en informe anual presentado por la CIDH, Venezuela apareció en el capítulo 4, reservado solo a los Estados con mayores violaciones de los derechos en su país, como es el caso de Cuba y Nicaragua”, destacó Ortiz durante la presentación.

Señaló que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias en 2019 a favor de las víctimas en Venezuela, una de las cuales se refiere a ejecuciones extarjudiciales impunes: el caso de la Familia Barrios vs Venezuela.

Servicios públicos

En el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela, indica el informe se agudizó el deterioro de los servicios públicos.

“Al menos 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad. En cuanto a la electricidad, 48 % de los consultados manifestó haber permanecido al menos tres días sin energía eléctrica; 33 % informó que pasa cuatro días sin el servicio y otro 4 % respondió que pasa más de 7 días sin electricidad”, dijo Carolina Ruiz, miembro de la comisión presidencial.

Añadió que la falta de agua tiene un impacto negativo en lasalud de la población venezolana. También destacó las consecuencias de los pocos mantenimientos que se hacen en los sistemas de distribución.

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Agregó que debido a los apagones ocurridos entre marzo y mayo de 2019, 70 % de las familias venezolanas tuvieron que cambiar la rutina y modalidad de almacenamiento de alimentos.

“Actualmente la canasta alimentaria, para una familia de tres miembros, ronda en los 600 dólares americanos versus a los 15 dólares de sueldo mínimo que perciben las familias”, señaló.

Situación de los privados de libertad

149 privados de libertad fallecieron en centros de detención preventiva (CDP) de 15 estados durante 2019. La Comisión Presidencial destacó que el hacinamiento penitenciario ascendió a 500 %, debido al encarcelamiento de personas en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.

“Para el régimen no existe diferenciación entre detenidos, procesados y penados”, puntualizó Ortiz.

Niños, Niñas y adolescentes

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela también aumentó la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes durante 2019. Por la migración forzada de menores de edad muchos terminan en situación de calle.

Así se explica en el documento que sostiene que 250.000 niños, niñas y adolescentes migraron forzadamente sin acompañantes en 2019. “Esto aumenta su situación de vulnerabilidad en los países receptores. Muchos terminan en situación de calle”, sostuvo Ruiz.

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La Comisión recalcó las violaciones relacionas con la explotación laboral, sexual y la violencia que sufren los niños, niñas, adolescentes y mujeres que trabajan en las minas del Arco Minero del Orinoco.

En el informe también se detalló que 265 niños, niñas y adolescentes fallecieron a manos de funcionarios policiales en ejecuciones extrajudiciales.

La mortalidad infantil en 2019 se agudizó también. La tasa de mortalidad infantil, según el informe, fue de 30 niños y niñas menores de 5 años de edad fallecidos por cada 1000.

“La mortalidad infantil quedó al nivel del año 1990”, agregó Ruiz.

Detenciones arbitrarias

Durante 2019, en el país se efectuaron 2.219 detenciones arbitrarias, la mayoría ocurridas en enero. De acuerdo con el informe, “están relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión».

«La mayoría de las víctimas fueron trabajadores públicos y de la prensa, tanto nacionales como extranjeros. También quedaron expulsados del país tras su liberación”, se lee en el informe.

La Comisión Presidencial detalló que en 2019, 18 diputados denunciaron hostigamiento y persecución por parte de grupos irregulares y órganos del Estado. 33 parlamentarios permanecen en el exilio; cuatro están refugiados en embajadas; cinco en la clandestinidad y a otros 14 los despojaron de sus pasaportes.

Las recomendaciones

Humberto Prado cerró la presentación del informe con una serie de recomendaciones para mitigar la violación de los derechos humanos en el país.

Consideró que “todas las instituciones legítimas deben cooperar para respetar y garantizar los derechos humanos. Las recomendaciones de la Asamblea Nacional, la CIDH y la Corte IDH deben ser cumplidos”.

Exigió que todas las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas y los culpables llevados ante la justicia.

“Los actos de la persecución contra la prensa y defensores de derechos humanos deben cesar, el ingreso de ayuda humanitaria tiene que ser permitido”, sostuvo.

Finalmente, pidió se promuevan programas de atención a víctimas y a migrantes y refugiados, así como garantizar el derecho a los servicios básicos.

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