Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos, destacó que al reciente informe presentado por la Alta Comisionada le faltó contundencia
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
El último informe de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desnudó las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro; aunque hubo exigencias que no se hicieron.
Así opina el comisionado presidencial para derechos humanos designado por el presidente interino Juan Guaidó, Humberto Prado, quien afirmó que el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado por Bachelet «se quedó corto».
“¿Que el informe se quedó corto? Sí, pero quiero recordar que no es lo mismo un informe de una ONG a uno de un organismo internacional de derechos humanos. Es positivo que los representantes de la ONU estén aquí, y debemos decidir si cuidamos eso o lo despreciamos”, enfatizó Prado.
No obstante, destacó la importancia de que la Acnudh tuviese acceso a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como a sus familiares.
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“Ellos tuvieron acceso a víctimas y sus familiares y eso es importante. Denotaron patrones en torturas, desapariciones forzadas, cómo opera el pranato en el Arco Minero”, expresó.
Prado también mencionó las recomendaciones de la Alta Comisionada este 15 de julio de 2020. Entre ellas está reforzar la Misión de Determinación de los Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Además, sugeriremos se extienda el mandato del grupo que tiene previsto presentar un informe final en septiembre de este año ante el Consejo”, señaló.
Humberto Prado destacó la falta de interés político por parte del Estado para atender las recomendaciones de Bachelet.
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“Esa actitud que rechazamos, de sabotear todo lo que no les gusta, dejó claro que el régimen no tiene la voluntad de cumplir las recomendaciones de los informes y deja en evidencia la constante violación de los derechos humanos en el país”, expresó el comisionado.
Gabriel Ortiz, miembro del equipo de Prado, resaltó que en el informe de Bachelet se reflejan 127 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que obedecen a mandatos políticos del Poder Ejecutivo.
También se refirió a la violación de la inmunidad parlamentaria a 29 diputados de la Asamblea Nacional.
Asimismo, saludó las observaciones que hizo Bachelet en el informe. “Hubo reconocimiento de Bachelet que desde 2002 no hay concursos para ingresar como jueces al sistema judicial y que solo 25 % de los jueces son titulares y la mayoría provisorios”, sostuvo.
Arco Minero del Orinoco
Prado y su equipo objetaron que en el informe de Bachelet no se le exigiera al gobierno de Maduro el cese de la explotación minera ilegal en el Arco Minero del Orinoco.
Prado sostuvo que la Alta Comisionada solo pidió que se regule el trabajo de quienes laboran en las minas para evitar explotación. Considera que esto no resuelve a fondo el problema.
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Recordó que las violaciones de derechos humanos que allí se cometen afectan a habitantes de los estados Amazonas y Delta Amacuro, así como del estado Bolívar.
Sin embargo, reconoció que por primera vez la Alta Comisionada denunció el ecocidio en el Arco Minero. “Pero se le debe exigir al régimen de facto que cese la explotación en esa área. Está clara la actuación de las FANB, la explotación laboral, infantil y sexual, las exposiciones a riesgos de salud por contaminación de aguas, la violencia y los asesinatos como los de la masacre de Ikabarú”, denunció.
