Un sistema de justicia independiente en Venezuela. Tal fue la exigencia formulada este 15 de julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de verificar la injerencia indebida del gobierno de Maduro
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
La independencia del sistema de justicia se ve considerablemente socavada debido a la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, así como la interferencia política del gobierno de Nicolás Maduro.
Así lo denunció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la presentación de su informe sobre la situación de la independencia del sistema de justicia venezolano, ante el Consejo de los Derechos Humanos, este 15 de julio.
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“Esta situación impide que el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos”, explicó lBachelet.
En su informe, la oficina de la Alta Comisionada identificó factores importantes sobre falta de independencia de los sistemas de justicia en el país.
1. Jueces a dedo
La Acnudh consideró que la inseguridad en la titularidad de los jueces, aunado a la inexistencia de un proceso transparente para su designación, es el elemento más pernicioso que impide la independencia del sistema de justicia.
“En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto en que se establecía la “emergencia judicial” y constituyó una comisión dotada de la facultad para destituir a jueces de su cargo sin seguir un debido proceso, por motivos como la corrupción o los retrasos judiciales”, se lee en el informe.
La Acnudh enfatizó que Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aún se basa en ese decreto para destituir. “Desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares”, explicó
2. Presión política
La Acnudh enfatizó que la presión política que se ejerce sobre los jueces y juezas agrava la falta de independencia del sistema de justicia venezolano.
“Todo ello merma la capacidad del Poder Judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos”, señaló la Acnudh.
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La Alta Comisionada recordó que el principio de independencia del sistema judicial está garantizado en la Constitución de Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana.
“Allí disponen las normas para la selección de los jueces, los procedimientos disciplinarios y los motivos que pueden generar su destitución”, sostuvo.
3. Magistrados exprés
A pocos días de entregar la Asamblea Nacional a la mayoría opositora, en 2015 designaron 13 magistrados nuevos para el TSJ. Esto generó un conflicto institucional en el país.
“La composición actual del TSJ fue consolidada en diciembre de 2015 con el nombramiento de 13 jueces por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante. No obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición”, afirmó.
Para la Acnudh el proceso de nombramiento no respetó los plazos establecidos en la ley ni se dio respuesta a las impugnaciones formuladas.
4. Órdenes del gobierno
En los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias. Así lo expuso la Alta Comisionada en su informe sobre el sistema independiente de justicia.
Señaló que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores. “ Sobre todo en el ámbito del Derecho Penal”, sostuvo.
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Destacó el caso de la la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue procesada tras dictar una sentencia que daba cumplimiento a una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
“La jueza fue encarcelada y posteriormente puesta en libertad en 2011 con medidas cautelares. Su caso tuvo un efecto amedrentador, pues impidió a los jueces actuar de forma independiente por temor a ser objeto de un procesamiento penal”, explicó la Alta Comisionada.
5. Corrupción
Según la información recibida por la Alta Comisionada, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares mensuales. “Este salario incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia”, agregó.
6. Justicia militar
La Alta Comisionada manifestó preocupación por el continuado uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles.
“En la jurisdicción penal militar venezolana, los jueces, fiscales y abogados son considerados militares en servicio activo, por lo que están sometidos a la disciplina militar y al principio de obediencia jerárquica”, se lee en el informe.
7. Recomendaciones
La Alta Comisionada dio una serie de recomendaciones al Estado Venezolano para que exista un sistema de justicia independiente en el país.
Solicitó emprender reformas del Poder Judicial anunciadas por el Gobierno en enero de 2020, con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia.
Pidió establecer un mecanismo independiente, imparcial y transparente para aumentar el número de jueces y fiscales titulares por medio de un proceso público transparente.
Requirió que se publique el mandato de los tribunales con competencia en delitos relacionados con el terrorismo.
Instó al Estado a poner fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y a asegurar que la jurisdicción de estos se limite a los delitos militares cometidos por miembros activos de las Fuerzas Armadas.
