El Arco Minero del Orinoco sigue causando estragos al ambiente y a pueblos y comunidades indígenas. El proyecto extractivista impulsado por Maduro es controlado por el crimen organizado
Reporte Prouiris
Jackelin Díaz
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puso la lupa sobre el Arco Minero del Orinoco.
Este 15 de julio, Bachelet denunció que el proyecto extractivista impulsado por Nicolás Maduro es un entramado de corrupción, atropellos a los pueblos y comunidades indígenas y daños ecológicos irreversibles.
En 2016, Maduro destinó 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar para la explotación a gran escala de minerales. Es una extensión territorial más grande que Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza.
Pero dicha acción ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazonía venezolana y la vida de las comunidades indígenas de la zona que deben sobrevivir bajo la corrupción y las amenazas del crimen organizado.
La oficina de La Alta Comisionada determinó patrones de explotación laboral, incluyendo trabajo infantil, por parte de grupos criminales que controlan las actividades mineras.
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Bachelet destacó los altos niveles de violaciones de derecho humanos en medio de la disputa de las minas por criminales organizados.
Los más directamente afectados son los integrantes de la etnia pemón. La Alta Comisionada subrayói la contaminación de su hábitat y los abusos sufridos por vivir en áreas adyacentes a donde se desarrollan las explotaciones ilegales.
“Las autoridades no han podido investigar en las violaciones de los DDHH y los delitos relacionados con la minería en el Arco Minero”, dijo Bachelet.
Contra los pueblos indígenas
Los testimonios recabados por la Acnudh indican que las comunidades indígenas se habían visto obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir. Anteriormente subsistían con una combinación de actividades de caza, agricultura, turismo, comercio de productos artesanales y minería artesanal tradicional.
La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural ha coartado su derecho a la autodeterminación. Los pueblos indígenas también han denunciado abusos contra los derechos humanos cometidos por bandas criminales.
El 6 de mayo de 2020, una banda criminal tendió una emboscada a un grupo de pobladores indígenas en la mina «La Puerta», menciónó la Alta Comisionada. Los atacantes asesinaron a un indígena Wayuu y secuestraron a un indígena Ye’kwana, que fue rescatado ulteriormente por las fuerzas militares.
Voceros de dichas comunidades informaron al Acnudh acerca del aumento de la violencia y los actos de intimidación desde 2018. La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados menoscaba la paz y la seguridad de la zona.
Desapariciones y asesinatos
Las bandas criminales y los elementos armados usan la violencia para ejercer control sobre las zonas mineras. Las personas entrevistadas por el Acnudh indicaron que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas y grupos son objeto de castigos corporales.
De hecho, el Acnudh documentó el caso de dos hombres adolescentes que fueron ejecutados tras ser acusados de ser agentes “infiltrados” de otro “sindicato”.
Otro minero de 27 años de edad fue asesinado por un miembro de un “sindicato” que le acusó de tener una aventura amorosa con su esposa. Y otro joven fue asesinado por robar 25 gramos de oro.
“Es frecuente que cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas”, se puede leer en el texto.
El Acnudh documentó cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Los familiares de estas personas dijeron que los habitantes de la zona tenían miedo de hablar sobre las desapariciones.
Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia.
Asimismo, notificaron que los habitantes que realizaban las denuncias correspondientes terminaban siendo de amenazados. En los casos más graves hubo desplazamiento forzado de los miembros de la familia o incluso, en algunos casos, al asesinato de un familiar.
Violencia contra las mujeres
Las mujeres se dedican a todo tipo de tareas relacionadas con la minería, incluso la extracción. Pero la Alta Comisionada advirtió un incremento de la explotación sexual y la trata en las zonas mineras desde 2016, incluso de niñas y adolecentes.
La prostitución, reza el informe presentado por Bachelet, se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas «currutelas».
Los campamentos mineros son construidos alrededor de los yacimientos con tablones de madera. Los que allí habitan deben pagar a los grupos criminales.
En las zonas mineras conviven niños y niñas a menudo no acompañados, lo cual los coloca en situación de vulnerabilidad ante diversas formas de explotación.
Contra el medio ambiente
La destrucción del medio ambiente impide que los indígenas desarrollan un uso sustentable de sus recursos. En las palabras de un líder indígena, las minas están «destruyendo la madre tierra sin piedad».
Los grupos afectados han denunciado la deforestación de sus territorios, y la contaminación de las aguas, lo cual afecta negativamente las dietas tradicionales de los pueblos originarios y su salud. Los pueblos Ye’kwana y Sanema estiman que dentro de cinco años el espacio fluvial estará contaminado.
Otra repercusión grave sobre el medio ambiente en el Arco Minero del Orinoco es la contaminación porel uso generalizado de mercurio.
No obstante su prohibición como método de obtención o tratamiento de minerales en el territorio nacional, el ACNUDH recibió información del uso extensivo del mercurio en la región para separar el oro de otros minerales, tarea de la que a menudo se ocupan las mujeres.
La contaminación por mercurio ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres que pasan gran parte de su tiempo en contacto directo con el agua, en particular mientras se ocupan de las tareas domésticas. Esto las expone a mayores riesgos para la salud, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas, por el riesgo de afecciones neurológicas.
Recomendaciones
El informe de Bachelet incluye 21 nuevas recomendaciones al Estado venezolano para detener las violaciones de los derechos humanos en el país y en el Arco Minero.
Conducir investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad, que lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas.
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas dentro del Arco Minero, y asegure la regularización de las actividades mineras en condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;
Asegure que los pueblos indígenas puedan disfrutar de su derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, y que puedan poseer, usar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante la demarcación de las tierras tradicionales.
Solicitudes
Garantizar que se establezca un sistema de recopilación sistemática de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer.
El inmediato cese de cualquier acto de intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas.
Proporcionar reparaciones a los pueblos indígenas afectados por las actividades mineras.
