La desaparición de migrantes en los pasos ilegales de la frontera de Táchira con Norte de Santander aumentó en el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19. Del 15 de marzo al 30 de junio registran 11 víctimas
Reporte Especial Proiuris
Anggy Polanco
Iván Enrique López Soto, de 41 años, regresaría a Venezuela desde Cúcuta. Su esposa, Rosamary Morales, tiene 43 días sin saber de su paradero. Él es una de las 11 personas reportadas como desaparecidas en la frontera entre Táchira y Norte de Santander, desde el 15 de marzo de 2020 al 30 de junio.
La desaparición de migrantes está asociada a la prohibición del tránsito fronterizo para evitar la propagación de la COVID-19 dejó como única opción el paso por las trochas, que habitualmente están plagadas de grupos criminales.
Los registros de los medios de comunicación regionales indican un aumento de 81,81 % en la desaparición de migrantes, en comparación con los tres meses anteriores a la fecha que los gobiernos de Colombia y Venezuela cerraron la frontera. Según los reportes periodísticos, cinco personas se mantienen desaparecidas, tres fueron localizadas por sus familiares y tres asesinadas.
El retorno truncado
Iván Enrique estuvo trabajando en Cúcuta durante 2 años y seis meses. Como la mayoría de los que huyen de Venezuela, fue a Colombia en busca de mejores oportunidades económicas, con el apoyo de familiares que residían en la capital del Norte de Santander. Allí laboraba como mecánico. Una vez al mes, su esposa y su hijo de 6 años lo visitaban.
Con la crisis ocasionada por la COVID-19, Iván Enrique le dijo a su esposa que quería regresar a Villa del Rosario, estado Zulia, desde donde había emigrado a Colombia. Él salió el 28 de mayo de Cúcuta y tomó la ruta de Puerto Santander que comunica con Boca de Grita, municipio García de Hevia, zona norte del estado Táchira. Planeo un recorrido más corto para reencontrarse con su familia.
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“Él decide venirse del todo porque ya no le resultaba; pagaba arriendo y era difícil. Él me llama y me dice: voy llegando al Puerto. Yo lo oriento y le digo que se quede en los albergues de confinamiento por 15 días. Porque, aunque no uno no quiera, tiene que hacerlo”, dice Rosmary.
A las 12:30 pm Iván Enrique habló por teléfono con su esposa por última vez. Él le dijo que iba a “resolver” por una trocha. Su última conexión al Whatsapp fue a la 2:00pm.
Angustiada, la mujer denunció la desaparición ante algunos medios de comunicación de Táchira. Hasta el presente solo ha recibido rumores. Algunos le dicen que su esposo fue asesinado, otros que está secuestrado.
Búsqueda infructuosa
Por su parte, las autoridades venezolanas le han dicho que tiene poner la denuncia en las sedes del Cicpc del estado Táchira o ante organismos colombianos. Sin embargo, el traslado de un lugar a otro es muy difícil por la radicalización de la cuarentena, sobre todo en la frontera con Colombia.
“Cómo me movilizo yo para allá. Estamos en medio de una pandemia y, además, no hay transporte. Protección Civil ha estado en contacto conmigo. Las autoridades dicen que no saben si él pasó para acá o quedó en Colombia”, señala Rosamary.
La esposa del desaparecido es médica. Pensó en tramitar un salvoconducto para viajar desde Villa del Rosario a San Cristóbal y formalizar la denuncia. Pero también le han dicho que si sale de Zulia no puede reingresar. Además, el riesgo de contraer COVID-19 y transmitírsela a su hijo la obliga a actuar con suma prudencia.
La esposa no tiene idea de lo que pudo haber pasado y ha establecido comunicación a través de grupos de Facebook en busca de Iván Enrique. Muchos le han respondido que tienen familiares en las mismas condiciones, lo cual la angustia más.
A través de terceros, ha preguntado por el desaparecido en los cuerpos de seguridad y en la morgue de Cúcuta. “No aparece en ninguna parte”, comenta. Sin embargo, mantiene las esperanzas de hallarlo sano y salvo.
Antes de la pandemia
Antes de la pandemia por la COVID-19, hubo registros de desaparición de migrantes en la frontera entre Táchira y Norte de Santander, pero mucho menos que durante la contingencia sanitaria.
Entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de marzo de 2020, los medios de comunicación regionales reportaron dos denuncias de desaparición de migrantes. Una de las personas reportadas fue hallada sin vida y otra se mantiene desaparecida.
Las autoridades no registran estos hechos como secuestros, porque los familiares no reportan llamadas extorsivas o las víctimas no poseían riquezas materiales que permita suponer que se trata de un plagio.
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El profesor e investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad de Los Andes, Francisco Sánchez, explica algunas de las 81 mil personas que han retornado a Venezuela según Migración Colombia, usan las trochas por las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Las trochas existen. Si los cuerpos de seguridad cierran unas, por otro lado se abren otras”, dice el experto para destacar que el riesgo de desaparición de migrantes está latente. Agrega que las personas que retornan a Venezuela pueden ser víctimas de los grupos criminales que controlan estos pasos ilegales.
En opinión del experto, el incremento de la desaparición de migrantes en la frontera obedece al cierre de los pasos formales, pero también a la lucha de la organizaciones al margen de la ley por el control de territorios y negocios.
El crimen organizado no para
El contrabando, el narcotráfico y la trata de personas son negocios que no paran; si acaso, mutan para mantenerse en medio de las circunstancias sobrevenidas como por ejemplo, la pandemia por la COVID-19, añade el investigador.
El defensor de los derechos humanos, Oswaldo Cáceres, activista de Fundaredes, coincide con Sánchez en que el incremento de la desaparición de migrantes en la franja limítrofe se debe a las limitaciones para el reingreso a los venezolanos a su país a través de los puentes legales.
Además, muchos venezolanos que retornan procuran evitar el confinamiento (al menos 15 días) en los Puntos de Atención Integral (Pasi) que ha dispuesto el gobierno venezolano, señala Cáceres. Quienes han sido recluidos en estos albergues reportan deficiencias en la alimentación, insalubridad y malos tratos por parte de funcionarios civiles y militares.
Cáceres da otra pista: los comerciantes venezolanos que se abastecen en Colombia también usan las trochas y son fichados por los grupos criminales, porque presumen que, además de mercancía, llevan grandes cantidades de dinero en efectivo.
