Colombia

Violencia contra las migrantes y refugiadas aumenta con la pandemia

Violencia contra las migrantes

La violencia contra las migrantes y refugiadas en el contexto de la contingencia sanitaria. O mejor dicho, las violencias, en plural, arrecian en Cúcuta, donde viven cientos de mujeres que huyeron del país

Reporte Prouiris

Alicia Pepe

Las diversas vulneraciones  de derechos que sufren las mujeres que huyen de Venezuela por la emergencia humanitaria compleja en el país adquieren otra dimensión por la contingencia creada por la COVID-19.

El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander publicó su segundo boletín informativo titulado “Afectaciones diferenciales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”.

En el documento se muestran los resultados de un estudio que involucró a 53 mujeres. Uno de los objetivos fue precisar la incidencia de  la pandemia en la violencia contra las migrantes y refugiadas venezolanas, específicamente las que están en Cúcuta.

Los principales hallazgos fueron expuestos en el conversatorio virtual «Mujeres migrantes en las regiones de la frontera colombo venezolana», organizado por la plataforma Estoy en la Frontera.

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Adriana Pérez Rodríguez, directora del Observatorio, precisó  que la mayoría de las venezolanas  migrantes y refugiadas se dedica al trabajo informal (70%). El resto se concentra en trabajos del hogar sin remuneración o están desempleadas. 

Las migrantes y refugiadas también indicaron que viven en las comunas 1, 8 y 9 de Cúcuta. “Este dato debe ponerse en relieve porque la comuna 1 es el centro de la ciudad, que no es un espacio habitacional, sino laboral y de comercio», subrayó la experta.

«La economía del sector la mueven los bares, billares y otros comercios, lo que indica que estas mujeres estarían en el ejercicio de la prostitución”, agregó.

En tanto, las comunas 8 y 9 presentan dificultades de orden público, como casos de homicidio, hurto y violencias sexuales.

Violencia económica y hacinamiento

11% de la violencia contra las migrantes y refugiadas que fueron encuestadas aseguraron sufrir de violencia económica. La pareja o sus familiares no les permiten trabajar, no tienen control de sus ingresos o se les retienen sus documentos como medida de presión. 

A través de entrevistas a lideresas sociales y miembros de asociaciones que trabajan con población migrante en el área metropolitana de Cúcuta abordaron otra problemática: el hacinamiento. 

“Las mujeres están viviendo en lugares reducidos. En estos asentamientos habitan 2 o más familias. Hablamos de más de 10 personas en una misma casa”, indica el boletín. 

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Pérez destacó que las mujeres no solo deben cuidar de su pareja e hijos: “Deben velar por el bienestar de todos, lo que implica una sobrecarga en el trabajo del cuidado”.

Esa labor de cuidadoras aumenta en el contexto de la pandemia. Se le suman responsables en materia de educación, alimentación y el entretenimiento del núcleo durante el confinamiento obligatorio.

Psicológica, física y sexual 

El estudio revela que 7% de las encuestadas son víctimas de violencia física y psicológica. Los principales agresores son parejas, ex parejas, familiares, fuerza pública y grupos armados al margen de la ley.

Otro hallazgo fue la sexualización de los cuerpos de las mujeres migrantes. Aunque no hay una cifra porcentual, se registraron relatos de mujeres que se dedican a la prostitución y de las que caen en redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Algunas son controladas por actores armados al margen de la ley, que mueven toda clase de economías ilegales, entre ellas la trata de personas y la explotación sexual de migrantes”, profundizó la experta.

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Algunas de las encuestadas que se dedican al ejercicio del trabajo sexual confirmaron que han sido atropelladas por agentes de la fuerza pública.

La Policía Nacional ejerce contra ellas diferentes formas de violencias: destrucción de sus documentos, detención irregular, acoso verbal y sexual, precisa el reporte.

Necesidades reproductivas insatisfechas

Adriana Pérez citó otros resultados sobre la violencia contra migrantes y refugiadas en materia de salud sexual reproductiva, entre ellos el elaborado por Profamilia.

Las principales carencias detectadas tienen que ver con: planificación sexual, prevención de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), servicios libres de aborto y educación. 

“Hemos encontrado que hay muchas migrantes menores de edad con varios embarazos. Hay sospechas de que sus parejas son hombres que le doblan la edad y que podrían violentarlas”, advirtió la experta.

En el caso del acceso a servicios de salud, 98% de las encuestadas aseguró que no están afiliadas al sistema de salud colombiano. Ello coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, por el riesgo de contagio de la COVID-19.

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