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Maduro no cumplió recomendaciones de Bachelet (Claves)

Maduro no cumplió con recomendaciones

El gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con las recomendaciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. En cinco claves Proiuris resume la contumacia del oficialismo en materia de derechos humanos

Reporte Proiuris

Erick S. González Caldea

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) aun cometen ejecuciones extrajudiciales. Todavía hay personas detenidas por razones políticas. En general, han aumentado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

A un año de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicara su primer informe sobre la situación del país y formulara recomendaciones, no existen cambios palpables en el país.

Para el comisionado para los Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Prado, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene intenciones de cumplir con las recomendaciones del Bachelet.

“El régimen no cumplió las recomendaciones de la Alta Comisionada, toda vez que continúa incentivando a las fuerzas de seguridad y a los colectivos a ejecutar actos de persecución, represión y estigmatización por motivos políticos”, enfatizó Prado, durante una rueda de prensa la mañana del 6 de julio.

Bachelet aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro coopera con la oficina de la Alta Comisionada, dando acceso a centros de reclusión y hospitales.

Sin embargo, aún no se le permite a los funcionarios de su oficina visitar las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ni de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Humberto Prado lo enfatizó: “…a la oficina (de Bachelet)  no le dan acceso a las sedes del Sebin y del Dgcim”.

Solo una de las 23 recomendaciones dadas por la Alta Comisionada Bachelet en su informe de 2019 es acatada por Maduro. Esta se refiere a la instalación de una oficina de la Acnudh en Venezuela, aunque con limitado acceso.

1. Las FAES aupadas por Maduro

Una de las recomendaciones más específicas de Bachelet fue la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Pero las FAES siguen actuando y con el apoyo expreso, público y reiterado de Nicolás Maduro. “¡Qué vivan las FAES!”, fue el grito de apoyo de Maduro al cuerpo policial señalado como autor de la mitad de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Ese grito representa absoluta impunidad para las víctimas de la brutalidad policial.

Al cuerpo élite de la PNB se le atribuye el mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Maduro no cumplió con recomendaciones.

Proiuris determinó que, entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, las FAES serían responsables de 246 muertes en operativos policiales.

La respuesta de Bachelet ante el incumplimiento de esta recomendación fue tibia, a pesar de ratificar su descontento ante el aumento de las ejecuciones extrajudiciales.

La Alta Comisionada detalló que su grupo de trabajo documentó 1.324 muertes a manos de policías y militares entre 2.019 y junio de 2020. Proiuris, a través de un monitoreo de prensa, identificó 1.020 ejecuciones extrajudicales en solo seis meses.

2. Ejecuciones extrajudiciales impunes

En el caso de llamada masacre de El Limón, hubo una actuación insuaul del Ministerio Público. Probablemente porque un escolta de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela fue uno de los cinco asesinados.

En menos de cuatro días, la Fiscalía 81 con competencia en derechos fundamentales imputó a los funcionarios de las FAES que habrían cometido la ejecución extrajudicial. Tal celeridad contrasta con la impunidad en que en ese mismo despacho fiscal se encuentran cinco casos directamente documentados por Proiuris.

En 2019, Proiuris determinó que 85% de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas por el Ministerio Público y la impunidad fomenta el carácter sistemático que adquiere la comisión de este delito extremo.

La impunidad en los casos de ejecuciones no solo es un reflejo de que Maduro no cumplió con recomendaciones; también evidencia los vicios en el sistema de justicia.

3. Maduro tiene presos políticos

“Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad”. Esta fue la recomendación hecha el 5 de julio de 2019 por Bachelet. Aún así, los presos políticos siguen presos.

El Comisionado Humberto Prado destacó que el gobierno no hizo caso ante las advertencias del Grupo de Trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias.

“El Grupo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias se ha pronunciado en torno a varios casos, como el de Juan Requesens y Gilber Caro, pero el régimen ha hecho caso omiso de esas peticiones”, explicó

Requesens cumplirá 3 años detenido el próximo 4 de agosto de 2020. A la fecha hay 420 presos políticos, de los cuales 294 son civiles y 126 militares, según cifras de Foro Penal.

4. Continua la persecución

“Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”. Esta es otra de las recomendaciones de Bachelet que ha desatendido el gobierno.

Desde que comenzó la cuarentena por el COVID-19, 14 periodistas, defensores y ciudadanos fueron detenidos por fuerzas de seguridad y sujetos a procesos penales, según Espacio Público.

No solo los desprestigian , también los acusan de delitos establecidos en la Ley Orgánica Contra el Odio y por una Convivencia Pacificas, con penas de hasta 20 años de cárcel.

La persecución contra aquellos que informa en el país también fue otras de las recomendaciones que el gobierno de Maduro no cumplió. El cierre de medios y la encarcelación de periodistas aumentó durante la cuarentena, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

5. Torturas en el país

En el país torturan a los presos políticos.  Es un hecho que la misma oficina de la Acnudh verificó en su último informe sobre la situación en Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro no solo incumplió con la recomendación, también evita el tema.

La investigaciones de la muertes del concejal Fernando Albán, presuntamente asesinado por funcionarios del Sebin el 8 de octubre de 2018; y del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, cuyas heridas evidenciaba torturas a manos de funcionarios de la Dgcim, no han sido debidamente investigadas.

La oficia de la Alta Comisionada Bachelet advirtió en su último informe que existen muchas posibilidades de que dentro de la Dgcim se cometan torturas y malos tratos durante los días que las personas detenidas permanecen desaparecidas.

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