En el más reciente informe de Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió garantizar la investigación sistemática, rápida, eficaz y exhaustiva, con independencia, imparcialidad y transparencia, de todas las muertes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
La población venezolana padece de graves violaciones a sus derechos económicos, sociales y políticos, debido a persecución del gobierno; además de los bajos salarios y altos precios de los alimentos.
Así lo denunció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, en Ginebra, la mañana de este jueves 2 de julio.
La Alta Comisionada denunció que hay restricciones al espacio cívico y democrático, incluso bajo el «estado de alarma» decretado en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
“En este contexto de alta tensión política, el ACNUDH sigue preocupado por los procesos penales contra ciudadanos que protestan por falta de acceso a servicios públicos, parlamentarios, líderes de la oposición, periodistas, profesionales de la salud y dirigentes sindicales ”, explicó Bachelet.
Destacó que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela es exacerbada debido al incremento de las “sanciones sectoriales” y por la pandemia de la COVID-19.
1. Juventud en riesgo
La Alta Comisionada Bachelet mostró su preocupación ante el aumento de las tasa de presuntas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes venezolanos en el país.
“El ACNUDH documentó 38 casos de hombres jóvenes, presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020”, explicó Bachelet.
Bachelet añadió que las víctimas eran hombres jóvenes, menores de 30 años, de familias de bajos ingresos en barrios caracterizados por altas tasas de delincuencia.
Lo expuesto en el informe de Bachelet coincide con el registro de la ONG Proiuris, que identificó 16 patrones de ejecuciones extrajudiciales empleados por las FAES en sus operativos.
En el informe de Bachelet, actualizado este 2 de julio, se denuncian 1.324 muertes violentas a manos de funcionarios de seguridad. Entre ellas, destacan nueve mujeres que fallecieron en operativos policiales.
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La oficina de la Alta Comisionada enfatizó que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes; mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes.
Agregó que la Guardia Nacional Bolivariana habría sido responsable de 136 muertes y la policías del estado Zulia de 124 muertes, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.
2. Detenciones a periodistas
Continúan los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos, sobre todo, en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Así lo explicó la Alta Comisionada durante la presentación de su informe
Enfatizó que las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela. Además, se registraron detenciones arbitrarias por la expresión de opiniones.
“También documentó violaciones al debido proceso para personas acusadas de delitos de traición, la rebelión, la incitación pública, la conspiración, el intento de asesinato, el terrorismo y la financiación de actividades terroristas”, se lee en el informe.
Bachelet se refirió a de los periodistas Mimi Arriaga, Marco Antoima y Darvinson Rojas, imputados por delitos establecidos en la Ley contra el Odio.
3. Ataques al parlamento
La Alta Comisionada también denunció los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política.
La Alta Comisionada se refirió a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombraron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. “Estas disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, dijo.
4. Cooperación del gobierno
A juicio de Bachelet el trabajo de la oficina del Acnud en Venezuela se ha facilitado desde el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre de 2019.
Precisó que su oficina realizó visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a 11 centros penitenciarios.
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Se refirió a una “disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”, complementa el informe de Bachelet.
Por otro lado, en una rueda de prensa, el Comisionado para los Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Prado, denunció que la oficina de Acnudh no tiene acceso a los centros de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
5. Recomendaciones
El informe de Bachelet incluye 16 nuevas recomendaciones al Estado venezolano para detener las violaciones de los derechos humanos en el paós. Además, reiteró que siguen vigentes las últimas recomendaciones hechas en sus informes previos.
Recomendaciones generales
Se pidió al Estado garantizar que las medidas excepcionales correspondientes al «estado de alarma» por la COVID-19 sean estrictamente necesarias y proporcionadas. Además de limitadas en el tiempo y sujetas a supervisión y revisión independientes.
Solicitó al Estado que colabora con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos; entre ellos, el sistema de procedimientos especiales, mediante la recepción periódica de visitas oficiales de los titulares de mandato.
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Pidió que se facilite el establecimiento de una oficina del Acnudh en el país como medio eficaz para ayudar al Estado.
Sugirió se publique el presupuesto anual de la Nación y los informes de gastos, garantizar el acceso a los datos clave; esto con el fin de evaluar la realización de los derechos. También recomendó restablecer la función supervisora de la Asamblea Nacional en la utilización de fondos públicos.
Recomendaciones judiciales y políticas
Insistió en que el Estado debe abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación. Por el contrario, el Estado debe adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos.
Se recomendó respetar, proteger y hacer plenamente efectivos los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica. También deben garantizarse los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos.
Recomendó revisar las políticas de seguridad para aplicar las normas y criterios internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos. A esos efectos, instó a reestablecer el carácter civil de las fuerzas de policía. En este mismo orden de ideas, restringir las funciones de las «fuerzas especiales» y reforzar los mecanismos de supervisión interna y externa.
Exigió garantizar la investigación sistemática, rápida, eficaz y exhaustiva, con independencia, imparcialidad y transparencia, de todas las muertes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados. Además, velar por la debida independencia de todos los órganos de investigación.
Los llamados de atención incluyen las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia. Bachelet pidió garantizar que toda persona sometida a detención preventiva sea recluida en centros oficiales de detención preventiva sujetos a supervisión judicial, y trasladar a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros oficiales de detención;
Sobre los privados de libertad
Se pidió garantizar el derecho a los alimentos, el agua y el saneamiento, la salud, la seguridad y la dignidad de todas las personas privadas de libertad. Además, atender las necesidades específicas de cada sexo.
Solicitó abordar las causas subyacentes al hacinamiento y el retraso indebido de los procedimientos judiciales mediante una reforma integral de la administración de justicia.
Reiteró que el Estado debe emprender iniciativas específicas en el contexto de la pandemia de COVID-19 para garantizar el derecho a la salud y la seguridad de las personas detenidas. Estas están establecidas en la concesión de medidas alternativas a la A/HRC/44/2017.
Contra la tortura
El Acnudh solicitó la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, en particular mediante la aplicación de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Recomendó velar por la investigación y sanción a los responsables de los casos de tortura y malos tratos. Además, fortalecer la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura con base a normas internacionales en materia de derechos humanos.
Ayuda humanitaria y refugiados
Solicitó garantizar una respuesta a gran escala a la emeregencia humanitaria compleja en Venezuela, que sea liderada por las Naciones Unidas. Ello implica un mayor acceso de los agentes humanitarios. Del mismo modo, solicitó facilitar el acceso del Programa Mundial de Alimentos y regularizar la presencia en el país de las organizaciones no gubernamentales internacionales.
Enfatizó que el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el regreso seguro, digno y voluntario, y la reintegración sostenible de los repatriados venezolanos. De igual forma, debe velar por su acceso a la atención sanitaria y la protección social, defenderlos de la discriminación y la estigmatización.
