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Trata de mujeres migrantes podría incrementarse por la COVID-19

Trata de mujeres migrantes

La trata de mujeres migrantes y el tráfico ilícito personas son delitos con graves consecuencias para los derechos humanos en el contexto de la pandemia

Reporte Proiuris

Jackelin Díaz

Mujeres migrantes venezolanas, en particular quienes están en situación irregular y han perdido sus ingresos, integran una población especialmengte vulnerable a la explotación y la trata de personas durante la pandemia por la COVID-19.

Las migrantes venezolanas pueden enfrentar vulnerabilidades a estos crímenes debido a las circunstancias de su viaje, sus condiciones de vida y la falta de trabajo.

Las restricciones de movilidad destinadas a prevenir la propagación de la COVID-19 tienen impactos en la vida del migrante que se encuentra en situación irregular. A estas condiciones se le suma la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, lo que fomenta un escenario donde podrían ser abusados ​​y explotados sexualmente.

Como resultado de la pandemia, los venezolanos y venezolanas que huyen del país se encuentran en una situación de vulnerabilidad que puede exacerbarse aún más para las mujeres y niñas, niños y adolescentes. Esta fue la alerta que emitió la Plataforma de Coordinación de Respuestas para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

La organización expuso en un informe, a propósito del impacto de la COVID-19 en los migrantes venezolanos, que las medidas para reducir la propagación del virus han generado pérdidas de millones de empleos y la consecuente caída de los ingresos por trabajo de las personas. Esto ha convertido a los migrantes en un grupo de mayor vulnerabilidad a estos delitos por las condiciones de informalidad y precariedad.

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La trata de personas es un delito que consiste en captar y retener mediante la fuerza o la coerción, con el fin de explotarla sexual o laboralmente.

Si bien la forma más conocida es la explotación sexual, otras víctimas sufren condiciones de esclavitud en tareas domésticas, la agricultura o, incluso, son obligadas a practicar la mendicidad infantil.

Por ello, la agencia señaló que las restricciones a los viajes no detienen el movimiento de personas que huyen de conflictos y de la violación de derechos humanos. Por el contrario, las mujeres se ven obligadas a recurrir a una migración riesgosa. Esto también las conduce al cruce fronterizo informal por medio de ‘trochas’ creando oportunidades para la explotación y abuso sexual.

Abandono de recursos

La R4V enfatizó la posibilidad de que se desvíen recursos de las actividades de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes debido a las prioridades sanitarias que exige la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Estiman que la prestación de protección y asistencia a las víctimas, así como la investigación y la judicialización de los perpetradores pueden verse afectados por el cierre de instituciones públicas y organizaciones de apoyo. También se unen a la lista la situación de los empleados y empleadas que trabajan desde su casa y el cierre de las fronteras.

Advierten que las bandas de crimen organizado podrían aprovechar esta interrupción de las funciones y la capacidad del Estado, lo que aumentaría el riesgo de la trata de mujeres migrantes y el tráfico ilícito de mujeres, niños, niñas y adolescentes en la región.

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La organización aseveró que el aislamiento impuesto por la COVID-19 ha incrementado las probabilidades de reclutamiento en línea para trata con fines de explotación sexual. Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, en particular las involucradas en prostitución, se han vuelto aún más vulnerables a las formas exacerbadas de explotación sexual y trata de personas.

Aunque muchos clubes nocturnos y otros lugares están restringidos o cerrados, la demanda de prostitución no cesa. Las mujeres vulnerables son empujadas a la clandestinidad sin redes de apoyo ni acceso a protección y servicios, alertó la agencia.

Agregan que las trabajadoras domésticas, la mayoría de ellas trabajadoras del sector informal, pueden verse gravemente afectadas por la trata de mujeres migrantes. A menudo viven en las casas de sus empleadores y cuando pierden su trabajo también pierden su alojamiento. Esto las coloca en una situación de vulnerabilidad ante la explotación sexual.

La finalización del periodo escolar en Venezuela también puede aumentar los riesgos para las niñas y adolescentes de diferentes formas de explotación; entre ellas, la trata de mujeres migrantes.

En algunos casos, las mujeres migrantes aceptan ofertas de trabajo en condiciones de abuso sexual para hacer frente a la crisis y apoyar a la familia.

“Los tratantes pueden acercarse a las adolescentes que han perdido la oportunidad de recibir educación y ofrecerles falsas promesas para reclutarlas y que se conviertan en víctimas de la trata”, reza el informe.

Recomendaciones en contexto COVID-19

Las personas refugiadas y migrantes se enfrentan a una mayor estigmatización, discriminación, racismo y marginación por parte de las comunidades de acogida;, lo cual incluye percepciones asociadas al temor de que los migrantes propaguen el virus. Por ello, R4V realizó una serie de recomendaciones para los gobiernos de Latinoamérica que acogen a grandes masas de esta población.

La primera refiere al mandamiento de varias organizaciones mundiales a garantizar el acceso a pruebas para detectar la COVID-19. También destaca la atención sanitaria nacional a personas refugiadas y migrantes vulnerables, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria.

La siguiente consiste en dar prioridad al orden público en respuesta a COVID-19 y  asegurar que las operaciones contra la trata puedan continuar. Asimismo, que las fuerzas de seguridad en primera línea estén informadas y preparadas para identificar los mayores riesgos de la trata y la explotación personas.

También recomiendan permitir la concesión urgente de la condición de refugiado o las medidas de regularización. Además, subrayan la importancia de conceder el permiso de estancia temporal o permanente para reducir la vulnerabilidad, el riesgo de explotación y la exclusión social para garantizar el acceso a los servicios de salud y a la información, a los alimentos y a otras respuestas humanitarias para los más vulnerables en el contexto de la COVID-19.

La agencia recomendó inspeccionar las condiciones de trabajo en los sectores de alto riesgo de explotación laboral y de condiciones de trabajo inseguras.

El objetivo es velar que los trabajadores refugiados y migrantes reciban apoyo para acceder a la información y a las medidas preventivas de asistencia.

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