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Volver a migrar y superar la depresión, los desafíos de Dora

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Volver a migrar, esta vez a Europa, es el plan de Dora Escorihuela. Pero la pandemia se ha convertido en un obstáculo infranqueable. Es médica y tiene 34 años de edad. En Colombia no ha podido ejercer su profesión, a pesar de que se ofreció para combatir la COVID-19

Reporte Especial Proiuris

Alicia Pepe

Venezolanas migrantes golpeadas por la pandemia (y III)

El 23 de marzo de 2020, con la suspensión de vuelos internacionales para detener la propagación de la COVID-19, Dora Escorihuela, una médica venezolana de 34 años de edad, su esposo y su hija quedaron varados en Bogotá.

Tenía todo listo para viajar el 4 de abril desde Bogotá hacia Amsterdam, Holanda. Allá la esperaría su madre, para pasar unos días en la casa de unos amigos y luego partir los cuatro a España, país en el que esperaba obtener su nacionalidad española por vínculo materno. Pero la pandemia le impediría volver a migrar.

Luis, su esposo, había renunciado a su trabajo como asesor en un call center bilingüe y también habían adelantado los trámites para retirar a su hija de la escuela primaria. Pero con esta medida de prohibición que se extiende hasta el 31 de agosto, la familia comenzó a gastar los ahorros para establecerse en España.

“Nos estamos quedando sin ahorros y estamos sobreviviendo gracias a la ayuda que hemos recibido de familiares que están en el exterior. La señora del arriendo es muy comprensiva y nos ha permitido flexibilizar el pago del apartamento”, cuenta la joven, que llegó a Bogotá en enero del 2018.

El nuevo coronavirus le ha llegado muy de cerca. Su único tío materno, que residía en Valencia, Venezuela, murió por COVID-19: “Esto es muy fuerte, sobre todo para mi mamá. No pudo despedirse de mi tío Antonio”.

Ella desconoce cómo pudo infectarse. Pero está segura de que su tío no aparece en la lista de 45 personas que reportó el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

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Huyó de la inseguridad en Venezuela

Un secuestro express aceleró la decisión de huir de Venezuela. Dora y su familia fueron sometidos por siete hombres con armas largas, cuando se encontraban de paseo en la Ciénaga de Ocumare, en el estado Aragua.

 “Nos amarraron a todos y durante todo ese tiempo ‘mudaron’ la casa en la que estábamos. Se  llevaron celulares, efectivo, electrodomésticos, aires acondicionados, de todo”, recuerda. Dora sufre de estrés postraumático. Siente que también le ‘robaron’ la tranquilidad: “Hasta para abrir la puerta del edificio vivo en alerta”.

Otras dos circunstancias la expulsaron de su país: el desabastecimiento que ya empezaba a vaciar los anaqueles en Maracay y el compromiso de enseñarle a su única hija que el mundo era muy diferente a lo que ocurría en Venezuela

La profesional de la medicina hizo todo lo posible para planificar el viaje a Colombia. Sin embargo, su idea era volver a migrar, específicamente a España.

Ya en las navidades del 2017, la familia tenía todo listo para establecerse en Bogotá: ahorros, boletos de avión, título médico y demás soportes apostillados, así como los documentos escolares de su hija Victoria, de 11 años de edad. Todo estaba en regla.

La segunda semana de enero de 2018 llegaron a la capital colombiana. Con sus pasaportes sellados, esperarían la segunda etapa de expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP); un documento temporal de dos años con los que migrantes venezolanos pueden trabajar, estudiar y afiliarse al sistema de salud colombiano.

Pero, con decepción, cuenta por el hilo telefónico que la realidad es más ruda de lo que había investigado. La primera traba fue el alquiler. “Teníamos el dinero, pero nos pedían cédula de extranjería (a la que solo se accede luego de la aprobación de una visa), fiador y codeudor; además de carta de trabajo y soportes bancarios”.

El segundo desafío fue el acceso al sistema bancario colombiano. El PEP, por sí solo, no obliga a las entidades a abrir cuentas bancarias. Aunque existe un instructivo de la Superintendencia Bancaria que establece la validez del permiso para trámites financiero, cada organismo es autónomo de flexibilizar los términos de apertura.

Luego de 2 años y 6 meses en la capital colombiana, Dora no pudo obtener una cuenta bancaria. Tampoco a una tarjeta de crédito. Para ella es “totalmente frustrante”.

La medicina también en pausa

Una de las mayores frustraciones de Dora es no poder ejercer su profesión en Colombia. Lo más cercano a la medicina ha sido su trabajo como cuidadora de una adulta mayor con Alzheimer y como voluntaria en varias organizaciones como Manitas Amarillas, Bogotá te Ayuda y Aires de Esperanza.

“Muchos conocidos me han dicho que brinde consultas por debajo de cuerda; de manera particular. Pero, además de ilegal, me parece antiético. No voy a manchar mi título por la urgencia de ejercer en Colombia”, se planta con voz firme.  

En Bogotá, la migrante venezolana también trabajó en una panadería y tiene una línea de accesorios de mujer llamada La Tiendita de Dorilú. El trabajo precario es una razón adicional para volver a migrar.

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La convalidación de un título universitario en Colombia es sumamente engorrosa. El Ministerio de Educación exige requisitos que incluyen hasta los contenidos programáticos de cada materia que cursó: Dora considera que eso es prácticamente imposible.

En el contexto de la pandemia, Gonzalo Oliveros, presidente de Asovenezuela, ha instado a las autoridades colombianas a permitir a los médicos extranjeros ejercer la profesión en Colombia, tal como lo ha hecho España. Al menos para sumarse al combate de la COVID-19.

“El acceso de médicos venezolanos al sistema de salud colombiano permitiría resolver la escasez de personal en algunos sectores”, dice Oliveros

Felipe Muñoz, Gerente de Fronteras de la Presidencia de Colombia, también se ha referido a esta situación: “Hay que avanzar en el proceso de convalidación de los títulos. Con la Embajada de Venezuela y el gremio de universidades de Venezuela estamos buscando un mecanismo que pueda reemplazar la apostilla, que es la gran traba”.

Cuando comenzó la emergencia sanitaria por la COVID-19, Dora formalizó los trámites para ponerse a la orden. Pero no ha recibido respuesta. “Es bien doloroso el desaprovechamiento del recurso humano de la migración”, opina.

La depresión que acompaña el viaje

Dora sufre de depresión. Para ella no es un tema tabú y sabe que miles de migrantes venezolanos la sufren en silencio o, en el peor de los casos, sin saber que están enfermos.

Toma antidepresivos de muy baja dosis para mantener la calma. También se ejercita, ora, medita y lee sobre la enfermedad.

“La mayoría de las personas que me ven, piensa que soy una persona feliz y positiva. Sin duda lo soy. Pero he aprendido que una prueba que me ayuda a no recaer y controlar lo que siento es servir a los demás, siempre desde la empatía y la sensibilidad”, cuenta la joven decidida a volver a migrar.

La patología de Dora es mucho más común de lo que se imagina. De acuerdo con el estudio  de la organización Profamilia, titulado Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia, Bogotá fue la ciudad que registró el mayor número de personas migrantes y refugiadas venezolanas atendidas por depresión: 128 durante el año 2018, y 325 en el año 2019. 

Profamilia destaca que se debe brindar especial asistencia de salud mental a los migrantes venezolanos, particularmente en la contingencia por la COVID-19. «El tipo de apoyo ofrecido debe abarcar los primeros auxilios psicológicos, la gestión del estrés, y la ayuda a los afectados para enseñarles métodos de afrontamiento positivos y posibilidades de apoyo social, de forma virtual y remota en momentos de aislamiento preventivo y distanciamiento social», se señala en el estudio.

El gobierno colombiano tiene varias rutas de atención psicológicas en Bogotá, habilitadas durante el confinamiento, como la línea 192, la línea 01 8000 112 439 (Activa tu mente, transforma tu vida) y también el sitio web www.way.com.co. Todas son gratuitas.

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