La migración venezolana debe integrar la oferta institucional de las alcaldías de Colombia para facilitar su adaptación, sostiene María Clara Robayo
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz Landazábal
“Los gobiernos locales de Colombia deben comprender que la migración venezolana es proceso a largo plazo. Se necesitan políticas públicas para una inclusión sea social, política y productiva».
Así lo señaló la investigadora María Clara Robayo al referirse a la migración de ida y vuelta entre Venezuela y Colombia. Robayo fue una de las ponentes del Seminario Internacional «Claves para informar en tiempos de pandemia, miedo y alarma social«.
Puntualizó que algunas administraciones locales han tenido una secretaría que se encarga de coordinar las acciones de atención a la migración venezolana.
«Ahora recomendamos que todo el aparato institucional los atienda desde cada uno de los sectores, pues este es un fenómeno que requiere enfoques diferenciales», argumentó.
Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia, enfatizó que el tema migratorio debe ser parte de los planes de desarrollo de los gobiernos locales colombianos.
De esta forma, a falta de una ley migratoria integral, dice la especialista, se puede atender a la población venezolana con proyectos concretos que eviten el resentimiento social en las comunidades locales.
“Los costos de no integración de la población migrante venezolana en términos políticos, sociales y económicos serían muy grandes. Esto se puede cubrir mediante una ley», sostiene.
Añadió que se pueden generar consensos para lograr un compromiso social donde se pueda construir una mejor sociedad que integre a los migrantes.
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La oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) calcula que 17 % de la población venezolana ha huido del régimen de Nicolás Maduro.
La crisis de refugiados de Venezuela es la segunda más grande del mundo, después de Siria, y la primera en América Latina. Para 2021 la cifra de venezolanos en el exterior pueda ascender a siete millones.
Ante esta situación, la investigadora prevé que al menos 80 % de los migrantes volverán a Colombia después de que se estabilice la pandemia por la COVID-19. Esto produciría una nueva ola de migración, advierte.
No hay ley de migración
Recalcó que el gobierno de Colombia, al no tener una ley de migración, ha dejado a los venezolanos sean irregulares en situación de vulnerabilidad. Ni siquiera hay un registro único para precisar la situación migratoria irregular.
«Muchos de estos migrantes que no cuentan con documentos. En ciudades como Cúcuta, Barranquilla o Medellín cambian de domicilio cada 15 días. Su inestabilidad económica aumentó con la pandemia”, afirmó Robayo.
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La investigadora hizo referencia a la importancia de una validación jurídica, política, económica y social de la migración venezolana para generar soluciones duraderas que permitan a los venezolanos integrarse a la sociedad colombiana.
Agregó que los gobiernos deben garantizar una efectiva protección internacional. Recordó que los venezolanos huyen de violación sistemática de derechos humanos en su país.
Robayo respaldó las iniciativas de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) para fomentar una migración asistida que sea productiva.
“No hay soluciones a corto plazo. Las políticas hay que pensarlas de manera integral y con una mirada de derechos humanos. La migración asistida requiere apoyo de los Estados y de los organismos internacionales. La migración es productiva cuando los migrantes se convierten en ciudadanos que contribuyen con el desarrollo del país receptor”, concluyó.
