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CIDH insta a que se conceda el estatus de refugiados a los migrantes venezolanos

La organización internacional, en contexto de la pandemia de la COVID-19, exhortó a los Estados a tomar medidas efectivas de migración segura que garanticen la protección integral de los derechos de las personas refugiadas, como lo es, la población desplazada venezolana  

Reporte Proiuris

Jackelin Díaz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los Estados a reconocer el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos de acuerdo con la Declaración de Cartagena. Dicho documento establece que los que huyen de un país por violación sistemática de derechos humanos , como es el caso de Venezuela, deben ser reconocidos como refugiados y, en ese sentido, se les debe brindar protección internacional.

La organización internacional expresó mediante un comunicado, con motivo del Día Mundial de la Persona Refugiada, que los gobiernos deben fortalecer esfuerzos nacionales para hacer frente a los factores que propician el desplazamiento de venezolanos y venezolanas. Asimismo, instó a que tomen medidas de migración segura, abierta y regular para que estas personas que buscan un futuro prometedor no sean víctimas de actos de violencia, explotación ni discriminación de ningún tipo en el contexto de la pandemia de la COVID-19

“La CIDH exhorta a los Estados a evaluar constantemente en sus sistemas nacionales de asilo y fortalecimiento del refugio, como las posibilidades de aplicación de la definición ampliada establecida por la Declaración de Cartagena de 1984, para evaluar los nuevos riesgos y factores de desplazamiento”, reza el documento.

La Comisión también hizo un llamado a los Estados de promover el reconocimiento del estatuto de persona refugiada; y expandir canales regulares, seguros y accesibles de la migración venezolana para generar soluciones duraderas que constituyan la protección integral de los derechos de las personas refugiadas.

Resaltó que la protección coincide con el espíritu de declaraciones regionales en la materia y de sus propias recomendaciones y estándares jurídicos interamericanos, como lo recomendado en su Resolución 2/2018 sobre desplazamiento forzado en Venezuela.

En el marco Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados en América Latina, se aprobó en 1984 la llamada Declaración de Cartagena, las personas pueden verse forzadas a migrar no solo por persecuciones políticas, sino en general, cuando el Estado de su residencia colapsa en el medio de crisis económicas y sociales que colocan en riesgo la vida, seguridad y libertad.  

Lea también: ACNUR: Venezuela es el segundo país del mundo con más desplazados

Desde ese año la declaración amplió el concepto de refugiado a toda persona que es forzada a migrar: “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 

Es decir, la aplicación de la Declaración de Cartagena radica, precisamente, en la posibilidad de calificar a los migrantes venezolanos como refugiados debido a que la población no salió de su país de forma voluntaria, sino forzada por circunstancias que pusieron en riesgo su integridad.

El estatus de refugiado también se basa en las garantías de no devolución: los Estados no pueden deportar a quienes participan en las migraciones masivas desde Venezuela pues su vida o su integridad estarían en peligro. Pero, además, los países que los acogen deben garantizar su acceso a la educación, salud, y a soluciones duraderas que le permitan integrarse a una nueva sociedad.

Venezuela se ha convertido en el segundo país de la región con más desplazados y refugiados en el mundo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) aseguró que al menos 5,1 millones de venezolanos han cruzado la frontera para ir a Colombia, mientras otros se dirigen a Brasil, Chile, Ecuador o Perú, principales destinos para los connacionales. Por ello, la población desplazada venezolana que huye del país necesita protección internacional como refugiados, dado el deterioro de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en el país.

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