Las personas que padecen enfermedades crónicas no pueden esperar que amaine la pandemia y reabran la frontera para obtener las medicinas y medicamentos que no les brinda el Estado venezolano. Además de las restricciones al libre tránsito, empeoradas por la escasez de gasolina, deben lidiar con el riesgo de contraer el nuevo coronavirus
Reporte Especial Proiuris
Anggy Polanco
Mima Castillo hace “trampas mentales” para sobrellevar la angustia cada vez que tiene que traer medicamentos de Colombia para su tratamiento oncológico. Al elevado costo de los fármacos se suman las dificultades para cruzar la frontera en medio de la pandemia por la COVID-19 y, por si fuera poco, la escasez de gasolina y el déficit de transporte público que hacen más calamitoso el traslado de la encomienda hasta Caracas. Son 852,9 kilómetros de vicisitudes.
Si no se preserva la cadena de frío, las medicinas se dañan, se pierde todo el esfuerzo y la vida de esta periodista de 30 años de edad corre peligro.
“A mí me genera una angustia enorme, porque mi vida depende de que estos medicamentos lleguen bien para que puedan actuar en mi cuerpo y poder sanar. En esto, siempre le dicen a uno que tiene que estar tranquilo, que debe evitar el estrés… Pero a veces es difícil, porque hay muchas condiciones adversas”, relata Mima.
En 2019, Mima sintió la inflamación de ganglios en la región submaxilar izquierda. Al someterse a una biopsia se detectó un cáncer de piel maligno que causó metástasis en los ganglios y en una parte del hígado.
Vivía en Ecuador, pero en ese país los costos del tratamiento que requiere son muy elevados. Por ello regresó a Venezuela. Vía Gofundme, con el apoyo de cientos de amigos, logró recaudar dinero para cubrir las primeras dos fases. Sin embargo, en Venezuela no se consigue la inmunoterapia que le fue prescrita y por ello tiene que comprarla en Colombia.
“Tener cáncer en Venezuela es complicado. Y se suma este contexto de pandemia. Uno tiene miedo de salir, de contagiarse de COVID-19 en cualquier lugar, sobre todo los que padecemos enfermedades crónicas somos más vulnerables a las epidemias y a cualquier tipo de infección”, comenta.
La Organización de Comunidad de Naciones Defensores de Derechos Humanos ayudó a gestionar los permisos necesarios para que la persona enviada por Mima pudiera ir y venir entre San Antonio y Cúcuta por el Puente Internacional Simón Bolívar. Pero la odisea se repite cada dos meses y el tratamiento podría extenderse a un año.
La referida ONG ha gestionado el paso de entre 100 y 150 personas con cáncer, insuficiencia renal, VIH, hipertensión, diabetes, afecciones psiquiátricas, así como embarazada. Es un canal humanitario que ha costado mucho mantener abierto por las medidas de prevención de la COVID-19 establecidas tanto en Venezuela como en Colombia, refirió José Jaimes, líder de este voluntariado.
Un ir y venir que agota
En enero de 2015, Lorena Girón comenzó a sentir un ahogo y los pies se le hincharon. Con la ayuda de su madre fue a una clínica de San Antonio del Táchira. Era la última de la cola para la consulta. Cuando la médica revisó sus exámenes ordenó su inmediata hospitalización y el inicio de un tratamiento de diálisis.
Los riñones de Lorena habían dejado de funcionar. Para ese entonces tenía 35 años de edad y de enfermedades crónicas solo conocía la hipertensión porque la padecía, pero la controlaba con Losartán. Sin embargo, la insuficiencia renal le cambiaría la vida.
Sus primeras sesiones de diálisis fueron en centros de salud privados de San Cristóbal. Después de año y medio, prosiguió el tratamiento en Cúcuta, pues allá recibe el tratamiento gratuitamente, lo cual incluye las exámenes que periódicamente le deben realizar. En el Hospital Erasmo Meoz se dializa desde hace tres años y medio. En ese lapso ha visto como el paso hacia Colombia se dificulta cada vez más. Cuando han errado la frontera se ha visto forzada a cruzar por trochas.
“Llegue a pasar varias veces por la trocha. Pasar por la trocha es feo, complicado. Eso a mí me da miedo, pero ¿qué mas? nos tocó”, lamenta Lorena. Ella aspira a que la contingencia por el nuevo coronavirus termine pronto para avanzar en el proceso de trasplante de riñón, el cual quedó en suspenso. Además de muchos análisis, debe registrarse en una lista y esperar un donante compatible.
Mientras llega ese órgano para el restablecimiento de su salud, esta mujer afronta las carencias de servicios públicos esenciales, como energía eléctrica y agua potable que determina la vida en las poblaciones fronterizas venezolanas.
“Estamos siempre en zozobra. El calor hace que se le suba a uno la tensión. Es muy complicado porque aquí no hay medicina y uno tiene que ir para Colombia. De este lado no hay nada de ayuda y del lado colombiano sí. Gracias a Dios, a mí me dan las medicinas y la diálisis, que es costosa”, narra Lorena.
Va Cúcuta tres veces por semana. En cada sesión de diálisis debe permanecer cuatro horas conectada a una máquina sin poder comer. Regresa cansada y con hambre a su casa en San Antonio. A veces llega de noche…
Desde enero hasta abril de 2020 en el Hospital Erasmo Meoz hubo 40% de inasistencia de personas migrantes venezolanas que allí reciben asistencia médica, según datos aportados por el centro hospitalario. En enero se atendieron a 3.044 personas señalados y en abril solo 1.620, sin incluir la atención de partos.
“Si en Venezuela no estuviera la situación como está, que no hay medicina, que no hay nada, no tendría necesidad de ir a Colombia, pero me toca”, dice Lorena.
El paso hacia Colombia es más difícil y en algunos pasos imposible para otras personas con insuficiencia renal que viven más alejadas de la frontera. Muchas no han logrado los salvoconductos que les permitirían superar las restricciones de tránsito de vehículos y personas, aplicadas durante la pandemia
El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, calcula que 60 % de la migración pendular va a Colombia a buscar medicinas y tratamientos médicos que no hay en Venezuela.
El cáncer volvió
“Me diagnosticaron cáncer hace un año. Por una hemorragia que tenía, decidí practicarme una histerectomía. Me dijeron que me sacaron el tumor pero quedó una pequeña parte como del tamaño de mi uña. Después de la operación empeoré. Duré 12 días sin orinar. Me puse amarilla. Me hicieron ocho diálisis, me puse amarilla”.
Paula Nieto ofrece su testimonio a Proiuris en medio de un local en San Cristóbal donde vende algunos electrodomésticos de su casa para reunir dinero y costear sus próximos tratamientos médicos.
“El año pasado, tras la cuarta diálisis, seguía sin orinar y al quinto día los médicos temían que se contaminara”. Después de seis sesiones de quimioterapia, Paula está recuperando su cabello. Los insumos para dos de las sesiones se los suministró el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero las otras las tuvo que comprar en Cúcuta. Cada kit le costó 750.000 pesos. Era costoso pero yo no podía esperar”, razona la mujer de 57 años de edad.
Hace cinco meses, cuando creía que ya estaba totalmente recuperada, tuvo recidiva. Ahora requiere radioterapia y tendría que trasladarse a San Juan de Los Morros, porque el equipo de radioterapia del Hospital Central de San Cristóbal está dañado: “Yo no estoy capacitada para viajar hasta allá. No tengo familia allá. Además, tengo una hija especial de 35 años, que no la puedo dejar con nadie”.
A las 3:00 a, del 25 de mayo de 2020 y en compañía de su esposo, se fue a la frontera con el propósito de comenzar su radioterapia en Cúcuta. Madrugó junto a su esposo a las 3:00am. En San Antonio explicó que no tenía salvoconducto. En el Puente Internacional Simón Bolívar, Paula se sintió abrumada por la gran cantidad de venezolanos que estaban retronando al país, a pesar de su imperiosa necesidad. Por el temor a contraer COVID-19 decidieron postergar el viaje a Cúcuta y la sesión de radioterapia
“Cuando me atienen en la clínica oncológica tengo que pedirles una constancia de que estuve allí para enseñarlo a las autoridades venezolanas. Si no hubiese sido por el coronavirus yo ya llevaría varias sesiones de radioterapias”, dice.
Rafael Marcano, representante de Médicos Unidos Venezuela en Táchira, aclara que no hay registros oficiales disponibles del número de personas con enfermedades crónicas que cruzan la frontera recibir sus tratamientos en Cúcuta. Asegura que desde hace siete años la mayoría de los tachirenses no tiene acceso a tratamiento de radioterapia y que se perdió la opción de obtenerlo en Barquisimeto, porque allá también se dañaron los equipos.
Antes policía, ahora voluntario
La Fundación Hoasis, con sede en Cúcuta, brindaba asistencia a 45 venezolanos que viven con VIH. En una casa hogar atendían a mujeres con sus hijos y en otra a personas más afectadas por el virus.
Antes del cierre de frontera por la pandemia de la COVID-19, los migrantes acudían a las consultas, se quedaban de dos a tres días en esas casas para hacerse exámenes de laboratorio, recibían sus medicamentos y continuaban su rumbo hacia otras ciudades de Colombia o hacia otros países de América del Sur, explica Ricardo Villamizar, vocero de la fundación. Ahora solo atienden a 17 personas.
Uno de los casos más dolorosos que refiere Villamizar es de un hombre que cruzó por una trocha: “Viene en fase SIDA y está hospitalizado en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Está muy mal porque no ha tomado medicamentos”.
A Pedro José González, de 35 años de edad le diagnosticaron VIH hace 16 años. Era policía en Venezuela y profesor de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad. Permaneció año y medio si tomar antirretrovirales porque en Venezuela no había. Renunció a su empleo como docente y migró a Colombia. En Cúcuta durmió debajo de un puente y recogió latas para vender a las recicladoras. Así reunió el dinero para viajar a Bogotá. En la capital colombiana comenzó a vender caramelos en la calle.
“Por casualidad voy al terminal y veo que están dando ayudas a los venezolanos. La Organización Mundial para las Migraciones estaba dando pasajes a los venezolanos y los mandaban para Cúcuta o Rumichaca. Yo le dije a la OIM que me quería venir a Cúcuta, que estaba descompensado porque ya tenía dos años sin tomar el tratamiento. En Cúcuta me refugiaron en la Cruz Roja de La Parada, pero solo dejaban quedarse dos días”, cuenta Pedro.
Cuando pudo conectarse a Internet, Pedro escribió en el buscador: “personas con VIH Cúcuta”. Y encontró una fundación llamada Censurados. Le ofrecieron una ayuda que nunca llegó. El hombre volvió a buscar en la red y esta vez encontró a la Fundación Hoasis.
Recuerda que era Día de Hallowen. Llegó al centro de Cúcuta y allí lo esperaba el director de la organización. De inmediato le proporcionaron albergue: “A los 15 días me metí al programa de AHF, una organización internacional que ayuda a todos los venezolanos con este virus. Les dan los medicamentos, les hacen exámenes gratis y les dan mercado. Allí me comenzaron a dar tratamiento”, explicó.
Desde hace dos años, este ex policía y ex docente venezolano presta servicios como voluntario de la Fundación Hoasis. Por la pandemia de la COVID-19 perdió el empleo que tenía, pero su salud está estable. Dice que nunca regresaría a Venezuela, porque en su país no está garantizado el tratamiento para las personas que viven con VIH y correría peligro de muerte.
