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Fiscalía 81° que actuó contra las FAES mantiene impunes otras 5 ejecuciones extrajudiciales

Proiuris ha documentado los asesinatos de Heber Giovanny Escobar Garnica, Alfonso José Pérez Colmenarez, Alci Enrique Vázquez, Marweens Jeancarlo García Barrios y Wilmer Agustin Quintero Cudris. Sus familiares no han recibido respuestas
Reporte Proiuris
Erick S. Gonzàlez Caldea

La Fiscalía 81° del Ministerio Publico que actuó con excepcional celeridad contra los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana presuntamente involucrados en el asesinato de un escolta de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, también tiene a su cargo otros cinco casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, todos los cuales permanecen impunes.

Los casos de Heber Giovanny Escobar Garnica, Alfonso José Pérez Colmenarez, Alci Enrique Vázquez, Marweens Jeancarlo Garcia Barrios y Wilmer Agustin Quintero Cudris han sido documentados por Proiuris. 

El  27 de septiembre de 2019, dos días después de ser detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Escobar Garnica, de 34 años de edad, fue asesinado por los militares, quienes aseguraron que la muerte correspondía a un suicidio, ocurrido en un módulo de la PNB en Petare. Los familiares no han recibido respuesta alguna sobre la marcha de las investigaciones.

El homicidio de Pérez Colmenarez, de  32 años de edad, también continua impune. El 4 de marzo de 2020 murió a manos de las FAES, en el barrio Guamacho, en Guarenas. Hasta la fecha, sus familiares desconocen el curso de la investigación que ha debido desarrollar la Fiscalía 81º del Ministerio Público.

La presunta ejecución extrajudicial de Vázquez, de 39 años de edad, también está en un limbo. Los funcionarios de las FAES que lo mataron el 27 de enero de 2020, en el barrio Nuevo Horizonte, en Catia, no han rendido cuentas.

Los deudos de García Barrios, de 26 años de edad, también están interesados en saber cuál es el estado de la investigación de la muerte del joven comerciante  a manos de las FAES,  el 24 de septiembre de 2019, en el barrio San Blas, en Petare.

Tampoco se conocen avances en la investigación fiscal de la muerte de Quintero Cudris, de 34 años de edad, asesinado por funcionarios de las FSAES el 25 de septiembre de 2019, en Antímano.

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Proiuris ha determinado que 85% de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas por el Ministerio Público y la impunidad fomenta el carácter sistemático que ha adquirido en Venezuela la comisión de este delito extremo.

En contraste, esa misma Fiscalía 81° del Ministerio Público, reforzada por la Fiscalía 49° con competencia nacional, demostró con el caso de la masacre de El Limón que sí es posible realizar una investigación efectiva de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, identificar a los responsables e imputarlos por el delito de homicidio, en vez de calificar los hechos como casos de resistencia a la autoridad.

El silencio que guarda el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ante las exigencias de los familiares de los fallecidos en actuaciones irregulares de los cuerpos de seguridad del Estado contraste con sus pronunciamientos públicos sobre el caso donde murió el escolta de la ministra Varela, Wilmer José Yánez Carvallo.

Funcionarios de las FAES mataron a Yánez Carvallo la madrugada del 11 de junio de 2020, en el barrio El Limón, ubicado en la carretera Caracas-La Guaira. En el mismo procedimiento del cuerpo élite de la PNB también mataron a Arquímedes Martínez Fuenmayor, Andri González Narváez, Roger Blanco Narváez y Pedro Salcedo Herrera.

A los funcionarios de las FAES  Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar les fueron imputados los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido del arma orgánica y simulación de hecho punible, según lo informó William Saab, la mañana de este lunes 15 de junio, a través de una rueda de prensa.

Presión política

La noticia de la masacre de El Limón se difundió rápidamente a través de las redes sociales, sobre todo porque una de las víctimas era escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Los familiares de Wilmer Yánez  denunciaron excesos en la actuación policial que coinciden con varios de los 16 patrones de una ejecución extrajudicial a manos de las FAES; sino también informaron que el hombre era uno de los escolta de la ministra.

En menos de 24 horas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, exigió una investigación formal. Nunca antes había procedido contra las FAES y, por el contrario, siempre respaldó sus actuaciones, a partir del reiterado, público e incondicional apoyo de Nicolás Maduro al más temible grupo de la PNB.

Por su parte, la ministra Varela agradeció esta inusual diligencia del Ministerio Público:  “En medio del dolor e indignación que sentimos por el vil asesinato de 5 personas entre ellas nuestro amigo, Wilmer Yánez reconocemos la labor oportuna del ministerio público canalizando la justicia necesaria para que la actuación aberrante de esos funcionarios no quede impune”.

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Los criminólogos Luis Godoy y Javier Gorriño coincidieron en señalar la presión política marcó la diferencia en el caso de la masacre de El Limón.

Gorriño comentó que la pronta investigación de los hechos supuestamente se debe a que existe un video en el cual se muestran a los funcionarios cometiendo los excesos que se les imputan. “Esto es el rumor que está corriendo. Sin embargo, también se puede deber a que una de las victimas implicadas era cercana a Iris Varela”, señaló.

Godoy agregó:  “Se puede presumir que si existe un aliciente, está ligado a que una de las victimas tenía una vinculación con un alto tesorero del gobierno; y por eso le mandaron a meter más lupas al caso”, enfatizó Godoy.

Ambos criminólogos también coincidieron en advertir que la práctica de experticias para imputar a los responsables de una ejecución extrajudicial lleva tiempo.

“No solo se realiza un ATD, siempre hay cientos en cola. Es difícil determinar un tiempo concreto para tener todas las experticias listas”, explicó Godoy.

Gorriño, por su parte, agregó: “Cada operativo tiene su acta policial, en la cual se identifican a los funcionarios actuantes, de la o las víctimas y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En este tipo de casos, los oficiales siempre colocaran que hubo un enfrentamiento, por lo que tuvieron que usar sus armas para la legítima defensa. En esa acta estarían los involucrados de la ejecución”, sostuvo Gorriño.

 

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